Después de una entrevista de más de una hora con el presidente Néstor Kirchner, Gerardo Pascual y Gonzalo Díaz Ferrán, principales accionistas de Aerolíneas Argentinas, prometieron incorporar nuevos aviones a la raleada flota y hacer otras inversiones en el área turística. Pero ni el encuentro ni este anuncio significan un avance real sobre dos cuestiones clave, que sólo serían resueltas después que Deloitte termine la auditoría sobre los números de la privatizada: cómo aumentará el Estado su participación accionaria y si es posible aprobar los balances, hasta ahora sistemáticamente impugnados por los abogados oficiales en la Justicia.

Ambos puntos están incluidos en un acuerdo político suscripto el 21 de junio en España, el cual da marco para acercar posiciones pero que, en rigor, no es de cumplimiento forzoso para ninguna de las partes. En ese texto se manifiesta la intención de aumentar la participación estatal del actual 1,34 por ciento hasta un eventual 20, aunque sin especificar cómo se haría esa integración. O, en otros términos, cómo el Estado podría recuperar parte de su tenencia, que fue licuada a través de cuestionadas capitalizaciones hechas por los socios privados.

Ahí un punto neurálgico que fundó las objeciones del Gobierno a los balances de Aerolíneas a partir del 2002, es decir, desde que la estatal SEPI se la transfirió al privado grupo Air Comet-Marsans, junto a cientos de millones de dólares para que salde el pasivo concursal. Con el dinero del Estado español, los nuevos socios de Aerolíneas Argentinas subrogaron créditos que, al quedar a su nombre, transformaron luego en aportes irrevocables de capital. Ese que hoy aspiran a traducir en acciones, con venta en la Bolsa. Sin desembolsar un dólar, podrían alzarse con decenas de millones.

La críptica maniobra objetada en los tribunales por abogados de Planificación incluyó otros puntos urticantes, como una presunta discriminación a favor de algunos acreedores del concurso de Aerolíneas. Amro Bank, el Citi, el Bilbao Vizcaya, Indra, tres empresas subsidiarias de Repsol YPF y la propia SEPI cobraron el 100 por ciento del capital que se les adeudaba, cuando en la convocatoria la Justicia homologó una quita del 60 por ciento.

Según las expectativas del ministro Julio De Vido, todas estas cuestiones podrían quedar subsanadas si Aerolíneas hiciera un importante aporte de recursos frescos. Pero, por ahora, el único posible es un dinero adicional que podría llegar desde la SEPI para cubrir pasivos contingentes, que se habrían originado durante la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Pascual y Díaz Ferrán tomaron el comando de la compañía después que, semanas atrás, se apartara del cargo a Antonio Mata, su presidente desde octubre del 2001 y, de algún modo, principal imputado de los cuestionados procedimientos contables, que también se investiga en España. Sus socios en el grupo Air Comet-Marsans y actuales conductores, ayer anunciaron en la reunión con Kirchner la incorporación este año de seis MD83 para la flota de cabotaje y un número no precisado de Air Bus 300 para los vuelos internacionales, algo que recién se podría concretar a partir del 2008. Un paliativo al problema generado por un parate que afecta a casi la mitad de los aviones.

Ricardo Jaime fue otro de los anfitriones de los españoles junto a De Vido y Kirchner y, al término de la reunión, aclaró que “no estamos en la búsqueda de más acciones, sino que la empresa sea la más exitosa y pueda cumplir con la demanda”. Quizás en alusión al recorte de frecuencias que la empresa practicó a varios destinos turísticos y que hoy promete recuperar, sólo si se promulga un decreto con subas tarifarias y subsidios para los destinos no rentables.

Pero antes de que el Estado pueda tener aquella injerencia debería resolverse cómo aumenta formalmente su participación. Las alternativas planteadas son de lo más variadas. Las ideas en danza van desde anular aquellos aumentos de capital de los privados a la condonación de deudas que la compañía tiene con el fisco y/o a favor de Aeropuertos Argentina 2000, consorcio con el que el Estado se está asociando.

En cualquier caso, es preciso determinar cuál es el valor de la compañía que, oficiosamente, Price Waterhouse habría estimado en 400 millones de pesos. El número definitivo, así como el real estado patrimonial de la empresa surgiría de la auditoría encomendada a Deloitte. Después, se avanzaría en otras cuestiones, como la de formalizar la integración estatal o aprobar el deficitario balance 2005 y, por ende, los anteriores, lo que supondría dar marcha atrás con las impugnaciones judiciales.

Se trata de una misión legal y políticamente muy complicada, si se consideran los contundentes argumentos esgrimidos por los abogados del Estado en las presentaciones que hicieron ante la Justicia, acusando a los accionistas privados de malversar los fondos del Estado español.