En su afán por ponerle freno a la suba de alquileres, el Gobierno hizo circular la versión de que dará intervención a la AFIP en el control de los contratos para evitar que se sigan incluyendo cláusulas indexatorias, las cuales están prohibidas por la ley de Emergencia Económica. Sin embargo, el organismo no tiene facultades para resolver la legalidad de una cláusula de alquiler o incidir en la negociación sobre los precios. Expertos consultados por Página/12 aseguraron que sólo puede determinar si el bien en alquiler está declarado, si el propietario paga los impuestos y si emitió factura al momento de sellar la operación con el inquilino. El anuncio busca generar presión sobre el mercado sin llegar al extremo de congelar los precios.

En la actualidad, el Poder Judicial es la única instancia con facultades para dictaminar sobre la ilegalidad de las cláusulas de revisión de precios que suelen incluirse en los contratos. Los alquileres son regulados por la Ley 23.091 de Locaciones Urbanas de 1984, pero esa norma no tiene una autoridad de aplicación específica y el marco regulatorio es muy exiguo. Ni siquiera puede intervenir la Subsecretaría de Defensa de la Competencia, porque la locación de inmuebles no está alcanzada por la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, ya que el contrato se considera producto de un acuerdo entre particulares.

Por lo tanto, los expertos consultados consideran que si el Gobierno quiere frenar la indexación debería denunciar todos los contratos ante la Justicia, lo que resulta difícil de imaginar, o sancionar alguna norma que designe una autoridad para ocuparse del tema. En este último caso la acción del Estado tampoco promete ser sencilla, porque estaría interviniendo en un acuerdo entre privados, sin que haya, a simple vista, un interés público en juego.

Desde Economía sostienen que también se impulsará una campaña de difusión de los derechos de los inquilinos para que aquellos que tengan contratos vigentes obliguen a la contraparte a rever los puntos que se encuentren fuera de la ley. Sin embargo, los representantes de los locatarios suelen sostener que la concientización no es el problema. Los inquilinos saben cuando no se respetan sus derechos, pero se ven forzados a aceptar la indexación porque si no el propietario se niega a alquilar. Tampoco la denuncian luego porque temen que, si lo hacen, cuando venza el contrato es muy probable que no les renueven.

En este contexto, la intervención de la AFIP servirá para presionar a los propietarios e impulsarlos a disminuir sus expectativas de renta, aunque la consecuencia no deseada podría ser una retracción de la demanda, ya que aquellos que presenten algún tipo de irregularidad fiscal podrían no ofrecer sus unidades en el mercado, agudizando el problema.