Regular la actividad de las prepagas es el primer intento para corregir una situación singular por la que un servicio social básico está en manos de empresas privadas, sólo atenidas a su natural afán de lucro. El universo de beneficiarios que se intenta amparar es lo suficientemente nutrido como para justificar el esfuerzo legislativo. En virtud de los acuerdos con las obras sociales, las empresas de medicina lograron capturar más de un tercio del total de aportes a la seguridad social que hacen los trabajadores dependientes, amén de las contribuciones que reciben de los asociados libres.

En su origen, las prepagas surgieron como aseguradoras orientadas a capturar a clientes de buen poder adquisitivo, dispuestos a admitir una cuota mayor cuanto mejor era la contraprestación a recibir. Una concepción opuesta a la solidaridad implícita en el sistema de obras sociales, donde cada trabajador aporta en relación con el sueldo que cobra. Pero la frontera entre un régimen y el otro se fue desdibujando, gracias a la desregulación del sistema que habilitó los traspasos de una obra social a otra y a los convenios que éstas realizaron con aquellas prestadoras privadas.

Como consecuencia de ese ensamble, hoy el 30 por ciento de los aportes al sistema de salud solidario está derivado a las arcas de las prepagas, que paulatinamente se fueron quedando con la crema del negocio pero sin asumir todas las obligaciones de aquél, entre ellas, la de no aplicar períodos de carencias en esos traspasos. De a poco, capturaron a los principales contribuyentes, al tiempo que consiguieron el apoyo del Fondo de Redistribución Solidario, que “completa” los bajos aportes.

Aquella migración también fue propiciada por la propia decadencia de muchas obras sociales, cuyos ingresos derraparon a medida que creció la desocupación y se degradaron los salarios. Así fue cambiando la fisonomía de los afiliados a las prepagas, en cuyo padrón hoy también hay mucha clase media pauperizada y no sólo selectos consumidores ABC1.

Es difícil que el mercado por sí mismo ponga un coto a esta situación de debilidad relativa de los asociados frente a empresas fuertes. Este es un segmento altamente concentrado, donde la libre competencia en sentido estricto es dudosa. Según datos de la Superintendencia, sólo seis instituciones capturan casi el 70 por ciento de los beneficiarios y las cuatro principales succionan casi el 80 por ciento de los recursos de este subsistema. Amén de que varias prepagas gozan de las ventajas de un negocio integrado, como propietarias de los sanatorios prestadores.

En un contexto de precios libres, y sin marco regulatorio específico, no es raro que el Gobierno tenga dificultades para contener las tarifas de estos servicios que, efectivamente, tienen costos crecientes por los salarios e insumos dolarizados.

Lo paradójico es que la suba de precios podría volverse en contra de las propias empresas que las apliquen, ahuyentando a los aportantes con menor capacidad económica.

Según destaca un estudio con la firma de Rubén Torres, el anterior superintendente de Servicios de Salud, por cada punto de aumento en las cuotas, se produce una pérdida del padrón que oscila entre 0,5 y 1,5 por ciento de los asociados, según las circunstancias. Riesgo que las empresas estarían dispuestas a correr, a juzgar por las cartas que ya enviaron a sus socios anunciando ajustes desde enero.