El proyecto de reforma al impuesto a los Bienes Personales que el Ejecutivo envió al Congreso el martes pasado apunta a terminar con el absurdo de que ese tributo grave a personas de clase media baja, y también propicia una mayor carga sobre los contribuyentes más adinerados. Pero esas correcciones no modifican el hecho de que el conocido como impuesto a la riqueza, que en teoría es el más progresivo del sistema, represente una ínfima y decreciente porción de la recaudación total, que este año será de apenas el 1,5 por ciento. Entre las razones de ese ridículo resultado sobresalen las exenciones legalmente dispuestas, las subvaluaciones fiscales de inmuebles, las maniobras elusorias y la evasión lisa y llana. La combinación de estos factores hace que, por ejemplo, sólo 23.000 personas declaran poseer bienes por más de un millón de pesos.

La tardía iniciativa del Gobierno eleva de 102.300 a 300.000 pesos el piso a partir del cual se pagará el impuesto, lo que liberaría del pago a unos 300.000 contribuyentes que declaran poseer bienes valuados dentro de esa franja, y que por cierto no pueden ser considerados ni remotamente ricos. El motivo del absurdo es que el mínimo no imponible se mantuvo prácticamente sin actualizar desde que el entonces ministro Domingo Cavallo creó el impuesto en 1992.

A su vez, el proyecto de ley establece una escala de alícuotas más amplia y progresiva que la vigente; la nueva escala propuesta parte del 0,5 por ciento para la categoría de hasta 750.000 pesos de patrimonio gravado, y sube hasta llegar a 1,25 por ciento aplicable a los que poseen más de cinco millones.

Los funcionarios estiman que la reforma tendrá consecuencias neutras sobre la recaudación, ya que la mayor carga sobre los ricos compensará lo que dejarán de pagar las 300.000 personas que quedarán liberadas. Eso significa que el rendimiento del impuesto continuará siendo minúsculo. En los primeros nueve meses del año Bienes Personales recaudó 2063 millones de pesos, lo que equivale a apenas el 1,3 por ciento del total de ingresos tributarios. Para peor, esa exigua proporción muestra una tendencia declinante: en 2005 el impuesto aportaba el 1,5 por ciento del total y el año pasado el 1,4 por ciento.

El impuesto recauda poco porque son pocos los que pagan. A comienzos de los ’90 el entonces secretario de Ingresos Públicos, el ya fallecido Carlos Tacchi, afirmaba que no menos de un millón de personas deberían pagar el impuesto a la riqueza. Pero de acuerdo a los últimos datos desagregados de la AFIP correspondientes al ejercicio 2005, nada más que 436.000 personas presentaron declaración jurada, de los cuales alrededor de 300.000 pagaron por poseer bienes por hasta 300.000 pesos.

Es decir que hay menos de 150.000 personas que reconocen ante la AFIP bienes por más de 100.000 dólares. De los cuales nada más que 23.000 declaran patrimonio gravable por más de un millón de pesos, menos de 8000 dicen ser dueños de activos por más de dos millones, y sólo 1980 confiesan activos por más de cinco millones (ver cuadro 1).

Una de las causas de que sean tan pocos los que pagan es la subvaluación fiscal de los inmuebles y la subvaluación de las escrituras. La ley establece que debe tomarse el mayor entre el valor fiscal y el precio de compra de la vivienda, que en la mayoría de los casos es una opción entre dos cifras subvaluadas.

Si a eso se agrega el extendido recurso de colocar las propiedades a nombre de empresas, y la actitud directamente evasora, se comprende que en las declaraciones juradas figuren sólo 546.000 inmuebles situados en el país y menos de 10.000 barcos (ver cuadro 2).

Otra clara muestra del comportamiento evasor es que se declaran nada más que 4000 inmuebles situados en el exterior, un número insignificante si se tiene en cuenta la realidad de Punta del Este, para empezar. En igual sentido, menos de 10.000 personas reconocen ser titulares de depósitos en el exterior, siendo que se estima que hay no menos de 100.000 millones de dólares fugados.

Otra causa de los muy magros resultados del impuesto a la riqueza es que la legislación vigente exceptúa del gravamen a los títulos públicos y a los depósitos a plazo fijo y en caja de ahorro. Para justificar la excepción se argumenta la conveniencia de alentar el ahorro y preservar la confianza en el sistema bancario, que es la misma excusa que se esgrime para defender la desgravación de la renta financiera en Ganancias.

Dada la muy alta evasión, no cabe duda de que una cuota de responsabilidad del pobre resultado del impuesto es de la AFIP. Y en vista de la tardanza y las limitaciones de la reforma propuesta, se desprende que para el Gobierno no es prioritario enriquecerlo.

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Bienes declarados

Bienes declarados situados en el país

Bienes declarados situados en el exterior

Fuente: AFIP anuario 2006

Declaraciones de bienes

Declaraciones por tramo de bienes sujetos a impuesto

Fuente: AFIP anuario 2006