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A partir del cambio en las condiciones de emisión de deuda de los países en los 80, cuando éstas empezaron a estar nominadas en bonos o títulos públicos que podían cambiar de manos por transacciones en el mercado, el fenómeno de la judicialización de los reclamos contra los países deudores comenzó a multiplicarse. La recopilación de información que hizo la secretaría de Finanzas da cuenta de esa secuencia:

- Tomando el proceso de reestructuraciones de deudas soberanas a partir de 1978, se observa que en los primeros cinco años (hasta 1982) hubo 15 refinanciaciones y ninguna demanda judicial sobre ellas.

- De 1983 a 1993 inclusive (once años), se plantearon 79 reestructuraciones de deuda, recibiendo 8 de ellas demandas judiciales de parte de fondos buitre: una de cada diez.

- Entre 1994 y 2002 inclusive (nueve años), se realizaron 40 refinanciaciones de deudas nacionales, con demandas en tribunales contra 12 de ellas: tres de cada diez.

- En el último período abarcado por el seguimiento, entre 2003 y 2009 (siete años), se registraron quince reestructuraciones de deuda, de las cuales nada menos que 9 fueron blanco de ataques judiciales por parte de los fondos buitre: es decir, seis de cada diez. La “interpretación especial de la cláusula pari passu” ha sido, en esta última etapa, el argumento más reiterado por parte de los demandantes.