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La cantidad de votos con los que se convalida la prórroga de impuestos es un dato político con nítidas consecuencias técnicas y económicas. Desde una perspectiva legalista, no existe una cantidad mínima de sufragios necesaria para extender la vigencia de tributos claves como Ganancias, o a las Transferencias Financieras, entre otras. Pero si ésta no se consigue con una mayoría calificada, debería cambiar el prorrateo de la recaudación, a menos que el Senado decidiera un improbable cambio a la Ley de Coparticipación Federal.
Según aquella norma todos los impuestos son coparticipables y su producido debe repartirse según aquella norma: un 52 por ciento para la Nación y un 48 para las provincias. Después, en el reparto secundario, se asigna a cada una en base a un porcentaje distinto según cada estado. Modificar estas alícuotas ha sido hasta ahora una tarea poco menos que imposible, por la descarnada puja que desata entre los representantes del interior, todos dispuestos a conseguir una ración mayor para su terruño.
Pero la realidad es que los impuestos coparticipables más codiciados no se reparten en base a aquella pauta. Valga como ejemplo lo que ocurre con Ganancias, cuya recaudación sufre varios desprendimientos antes de partirse entre la administración central y las federales. Así, el 10 por ciento nutre el sistema previsional, el 14 por ciento alimenta el Fondo del Conurbano Bonaerense, el 1 va a los controvertidos Aportes del Tesoro Nacional y un 4 va como adicional a las provincias para beneficiarlas en función del índice de necesidades básicas insatisfechas.
Si la prórroga finalmente es avalada con una simple mayoría, este reparto especial podría ponerse en cuestión, dejando resquicio legal para que tanto las provincias como aquellas dependencias que aspiran a morder de ese tributo hicieran algún planteo. Siempre desde una óptica estricta, a la que adhirieron ayer varios oficialistas, para darle un destino específico y diferente a un tributo es necesario una mayoría especial, que en la cámara joven equivale a 129 sufragios.
Algo similar a lo que ocurriría con el Impuesto a las Transferencias Fianancieras, conocido como “al cheque”. Las administraciones del interior ya vienen demandando una ración mayor a la que les toca con el prorrateo actual, que deja algo más del 70 por ciento en la caja central. Bastante más de lo que correspondería si se aplicara la ley de Coparticipación. El diputado radical Roberto Iglesias ayer hizo saber de este cuestionamiento poco antes de la sesión, cuando imputó a la Nación llevarse “más del 80 por ciento del impuesto al cheque”.
También desde la oposición, incluyendo en este segmento al duhaldismo, se exigió a la Nación abrir el debate sobre el mínimo no imponible de Ganancias para la cuarta categoría y para Bienes Personales, dos impuestos imprescindibles para hacer sustentable el Presupuesto. Ni el oficialista más acérrimo puede contrastar el argumento de que el piso de 1853 pesos mensuales para un trabajador soltero y 2235 para uno casado con dos hijos son bases salariales muy bajas para tributar. Del mismo modo que es casi una ironía ser sujeto del denominado impuesto a la riqueza un contribuyente con pertenencias que sólo superen los 102.300 mil pesos.
En el afán de conseguir aquella mayoría calificada, los diputados oficialistas hicieron un guiño para abrir la discusión sobre el piso de Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, tal como lo reconoció el kirchnerista titular de la bancada Agustín Rossi.