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Con la idea de llevar a la práctica “una política migratoria de integración”, el Gobierno anunció el lanzamiento del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria que apunta a regularizar la situación de “entre 700 mil y un millón de personas indocumentadas que viven en la Argentina y que provienen de los países del Mercosur”, dijo a Página/12 el director nacional de Migraciones, Ricardo Rodríguez. El funcionario aclaró que se trata de personas que viven en el país “desde un período que oscila entre los tres y los ocho años” y que por lo general “siempre han querido regularizar su situación, pero no pudieron hacerlo porque la llamada ley Videla sobre migraciones (sancionada por la dictadura militar y derogada en diciembre de 2003), cerraba toda posibilidad de radicación y convirtió al país en una fábrica de inmigrantes irregulares”. La presentación del programa fue hecha por el presidente Néstor Kirchner en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.
“Apostamos, en el marco del Mercosur, a que todo ciudadano empiece a sentir a cada nación como su propio país”, dijo Kirchner en su discurso. En otra parte del mensaje, el Presidente se dirigió a los inmigrantes: “No deben tener miedo de tomar contacto con instituciones oficiales” para terminar “con los procedimientos de coimas para obtener los papeles con rapidez”. El mandatario consideró que es “uno de los temas más graves” entre los países que buscan su integración, porque las migraciones, en las últimas décadas, “se fueron convirtiendo en mercancía barata” y los inmigrantes “fueron utilizados por empresarios sin ningún escrúpulo para obtener beneficios rentables, violando los derechos humanos”.
El programa, que comenzará a aplicarse en marzo próximo, consta de dos etapas: una de inscripción y otra de radicación. Una de las primeras tareas fue la firma del convenio por parte de los gobernadores y del vicejefe del Gobierno porteño en ejercicio de la jefatura, Jorge Telerman. Para poder inscribirse, los beneficiarios deberán presentar pasaporte, cédula de identidad o certificado legalizado de nacionalidad expedido por la autoridad consular del país peticionante. También deberán presentar un certificado que acredite que no tienen antecedentes penales en el país y una declaración jurada de carencia de antecedentes internacionales.
“Toda esta gente indocumentada no está como ilegal sino en situación irregular. No son personas que violaron la ley adrede, sino que fueron empujadas a violar la ley, porque la norma dictada por la dictadura (en el año 1981) les impedía regularizar su situación. Los regímenes autoritarios siempre atacan la identidad y esto es una muestra de esa política”, explicó a este diario el director de Migraciones, Ricardo Rodríguez. “Desde una mirada que tiene en cuenta los derechos humanos, se podría decir que la situación planteada los llevaba a la marginalidad, al trabajo en negro, los ponía al borde del delito”, sostuvo el funcionario.
“Pero el problema también debe abordarse desde el punto de vista de la economía: un contribuyente monotributista aporta al Estado, como mínimo por año, la suma de mil pesos. Un indocumentado, cero peso. Si el inmigrante está sindicalizado, tiene obra social. Si trabaja como autónomo, tiene medicina privada. Si es indocumentado, su única posibilidad es ser asistido por el sistema público de salud, recargando el costo del mismo. Un indocumentado no puede ser sujeto de crédito y tiene que caer en la economía informal”, resaltó Rodríguez.
En la aplicación práctica del programa participarán organismos no gubernamentales, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y también instituciones como la Iglesia. Este fin de año, como ya ocurrió a fines de 2004, los indocumentados que vivan en la Argentina “podrán salir del país para visitar a sus familiares en sus lugares de origen, como ocurre siempre para las Fiestas”, informó Rodríguez. “Y lo que es más importante, tampoco van a tener inconvenientes a la hora de retornar al país, aunque no tengan el DNI ni la radicación. Podrán salir sin pagar unpeso y no perderán ninguno de sus derechos. Es el primer paso hacia el logro de un objetivo que contribuye a la integración del Mercosur.”