La Cámara de Diputados aprobaría el próximo miércoles una ley para crear un marco regulatorio para las empresas de medicina prepaga. El oficialismo en el Congreso no descarta que el Senado complete el trámite antes de fin de año. Tal como anticipó Página/12, la iniciativa cobró impulso a partir de la pelea entre el Gobierno y las compañías del sector por su pretensión de aumentar las tarifas hasta un 23 por ciento.

Uno de los artículos más relevantes de la ley contempla la constitución de una comisión de control permanente, que autorizará o rechazará subas en las cuotas y dispondrá que frente a la quiebra de una empresa, sus afiliados deberán ser redistribuidos entre las demás del sistema. También se prohíben ajustes de tarifas a los afiliados que cumplen 65 años si tienen diez de antigüedad en la empresa.

El proyecto obtuvo dictamen de la Comisión de Salud el último miércoles y ocurrirá lo propio con la de Legislación General el próximo martes. El bloque oficialista intentará que un día más tarde se vote en el recinto. La propuesta, de Patricia Vaca Narvaja, coincide con otros proyectos de la oposición, como el del arista Eduardo Macalusse.

El Estado carece actualmente de elementos tan básicos como un registro obligatorio de prepagas, adonde figure desde el nombre de la empresa hasta quiénes son sus accionistas y cuál es su solvencia patrimonial. Tampoco existen condiciones para la prestación del servicio, salvo que deben cumplir con el Plan Médico Obligatorio (PMO). Pero ninguna regulación les impide dejar sin cobertura a una persona que cumple 65 años o aumentar las tarifas sin previa autorización o rechazar clientes por arrastrar alguna enfermedad. La ley en estudio termina con esas situaciones.

Los diputados, además, exigen que las empresas integren una garantía equivalente al 50 por ciento del promedio de su facturación en un año para asegurar la continuidad de la cobertura frente a situaciones imprevistas. Otro punto importante es que las prepagas son consideradas integrantes de un sistema de salud y eso las obliga a hacerse responsables de los afiliados de una empresa que quiebre.