Miles de obras de arte de un valor incalculable fueron confiscadas a sus propietarios por los nazis y acabaron, tras su caída, dispersas por el mundo. Gran parte no ha sido devuelta y sigue colgada en las paredes de museos o colecciones privadas. Tras la pista de esas obras trabajan decenas de cazadores profesionales que han logrado importantes restituciones, pese a la escasa colaboración de muchos países y casas de subastas. Su trabajo pone el acento en un interrogante: ¿hasta dónde llega el derecho de los expoliados y dónde empieza el de quienes adquirieron de buena fe? Las legislaciones ofrecen soluciones distintas. De ello, también, depende el destino de un Pissarro perteneciente a la Fundación Thyssen y reclamado por una familia judía.

La caza empieza a veces con una foto. Una instantánea de la casa de los abuelos, en blanco y negro, años veinte o treinta. Puede que en la imagen figure el abuelo también. Puede que no. Da igual. Lo que importa aparece detrás, en una pared: el cuadro. Uno de los miles y miles confiscados por los nazis a sus legítimos propietarios judíos. Incautados, y nunca devueltos.

Seis décadas después de la caída del régimen nazi, la cantidad y el valor del material robado y no restituido sigue siendo incalculable. Para hacerse una idea de las dimensiones del problema, Holanda tramita actualmente la restitución de un lote de 4217 obras custodiadas por instituciones públicas. Eso, sólo en Holanda, y en centros públicos. Difícil imaginar cuántos quedan en el resto del mundo, incluyendo las colecciones privadas. La cifra es el resultado de una expoliación masiva, sistemática, que formaba parte de la estrategia de aniquilación total de la comunidad judía y que habría alimentado de paso el sueño de Hitler de erigir el museo más deslumbrante del mundo en Linz, Austria. Los fragmentos de ese sueño perverso y roto están todavía hoy dispersos en medio mundo.

El valor de las obras en cuestión es igual de impresionante que su cantidad. Dentro del lote holandés, por ejemplo, figuran unas 200 obras de la colección de Jacques Goudstikker, el comerciante de arte más importante del país, antes de la invasión nazi, según muchos expertos. Goudstikker huyó de Holanda el 14 de mayo de 1940, dejando un tesoro que fue incautado, en parte, por el propio Hermann Göring, jerarca del régimen nazi.

Entre las obras incautadas por los nazis y restituidas se encuentra el cuadro más caro de la historia, el Retrato de Adele Bloch Bauer I de Gustav Klimt. La obra formaba parte de un lote de cuadros restituidos por el Estado austriaco a Maria Altmann, la sobrina de Adele Bloch, quien lo vendió en junio de 2006 en una subasta por 106 millones de euros.

Sin embargo, si la expoliación fue sistemática, las restituciones son escasas. Lograrlas es muy difícil. Incluso sólo identificar la obra puede serlo. “A menudo las familias no tienen siquiera una foto del objeto. Huyeron como pudieron o fueron deportadas. Hay que trabajar sobre un recuerdo, una vaga descripción del cuadro, a lo mejor el nombre del autor”, dice Sophie Lillie, una historiadora del arte nacida en Viena hace 36 años. Y una vez identificada la obra, hay que encontrarla. Saber en qué colección privada ha acabado 60 años después...

Personas como Lillie se ocupan de averiguarlo. La austríaca es una cazadora profesional desde 1995. Su tarea es trazar la ruta desde la foto (o el recuerdo) hasta la actual ubicación de la obra. Y luego, gestionar la restitución, en una carrera plagada de obstáculos. Anne Webber es la codirectora de la Comisión Europea para la restitución del arte robado, un ente sin ánimo de lucro con sede en Londres que ayuda a las familias en sus búsquedas y trabaja con las instituciones para estimular el proceso de devolución. “El problema es que el proceso sólo puede funcionar si las instituciones públicas son transparentes. En 1998, 44 países se comprometieron a publicar una lista con las obras de instituciones públicas adquiridas desde 1933 y sospechosas de haber sido confiscadas por los nazis. Pero muchos no lo han hecho. España, Francia e Italia entre ellos”, dice.

La ausencia de controles rigurosos en las casas de subastas sobre la procedencia de las obras tampoco ayuda. Por eso también, pese a los esfuerzos, las restituciones no dejan de ser gotas en un océano.

Y eso que los esfuerzos son notables. Además de bucear a fondo en los archivos nazis, los cazadores viajan a un ritmo de vértigo. En dos semanas, Webber viajó por trabajo a cuatro países.

–Tiene usted una agenda de estrella del rock.

–Bueno, sí (ríe)... pero las citas no tienen tanto glamour y las acogidas no son siempre tan calientes como las de las estrellas del rock.

Es que el nombre de gente como Webber suena a esperanza para muchas familias, pero a problema para museos y galerías.

Más allá de la actitud de centros públicos y privados, otro gran obstáculo para los cazadores son las legislaciones: “Pese a que el problema del saqueo de bienes culturales por parte de los nazis es notorio, a menudo los reclamantes encuentran notables dificultades para recuperar su propiedad. Una razón es que muchos países europeos han decidido ignorar al derecho internacional respecto del status de este tipo de propiedad, y han permitido a los ladrones (o a aquellos que recibieron la propiedad del ladrón) transmitir un título válido a los compradores según el derecho nacional”. Quien lo dice no es una asociación de víctimas del Holocausto, sino un informe aprobado por el Parlamento Europeo en diciembre de 2003 con 487 votos a favor y 10 en contra.

Muchos son los países en los que el título inválidamente transmitido se valida con el tiempo, si no hay reclamos. “Es así prácticamente en todos los países de la Europa continental”, observa Evelien Campfens, secretaria de la Comisión de Restitución holandesa y abogada. En Estados Unidos, en cambio, el título no se subsana nunca. “Las diferencias de legislación y de actitud hacen que, dependiendo de donde haya ido a caer un cuadro, puedas recuperarlo o no”, señala Webber.

El diferente tratamiento evidencia el gran dilema: ¿Hasta dónde llega el derecho de las familias expoliadas? ¿Dónde empieza el de quienes han adquirido los bienes de buena fe? Ese dilema es la clave de la lectura del caso que enfrenta en un tribunal californiano al ciudadano estadounidense Claude Cassirer con la Fundación Thyssen y el Estado español. Cassirer reclama la restitución de un cuadro del pintor impresionista Camille Pissarro, la Rue Saint Honoré, después del mediodía. Efecto lluvia.

Cassirer tiene una foto. Es una imagen de la casa de su abuela. Con el Pissarro. “Mis abuelos tuvieron que cederlo para obtener visados y poder salir de Alemania”, cuenta en una conversación telefónica desde San Diego. La familia Cassirer fue muy prominente en la Alemania anterior al nazismo, y había impulsado mucho la difusión del movimiento impresionista. Julius Cassirer, bisabuelo de Claude, obtuvo Rue Saint Honoré directamente de Pissarro y su agente. Gracias al cuadro, dice Claude, sus abuelos lograron huir a Inglaterra. El, en cambio, fue apresado en Francia. Estuvo detenido en campos en ese país y en Marruecos. Después del final de la guerra, se fue a Estados Unidos. “Sin un centavo en el bolsillo”, aclara.

Las circunstancias exactas por las que una obra dejó de estar en manos de la familia propietaria son un elemento clave para su restitución. En algunos casos el expolio es evidente. En otros, en apariencia, se registra una transacción, una venta por un precio. Pero: ¿fue voluntaria? ¿Por un precio real? La comprobación es fundamental. En el caso del Pissarro, los jueces del distrito central de California consideraron en el juicio de primera instancia cerrado el pasado 30 de agosto que el cuadro fue adquirido ilegalmente en 1939 por el marchand de arte Jacob Scheidwimmer, un agente del partido nazi, por el precio nunca pagado de 360 dólares y dos visados.

Cassirer cuenta que su familia perdió la pista del cuadro hasta que hace unos años se dieron cuenta de que se podía admirar públicamente en el Thyssen. “Cuando lo descubrimos nos pusimos en contacto con las autoridades españolas para lograr una restitución amistosa. Lo intentamos durante años, con el Gobierno precedente y el actual. ¡Pero ni quisieron tratar con nosotros!’. De allí que Cassirer, que tiene 85 años, decidiera llevar a juicio el asunto. “El derecho de Estados Unidos establece que un título que no ha sido transmitido válidamente no se subsana por el paso del tiempo y nosotros creemos que el principio es aplicable al caso”, explica el abogado de Cassirer, Stuart Dunwoody. Por mucho que uno adquiera un bien de buena fe, si éste procede de un robo, siempre prevalece el derecho de quien fue expoliado, incluso 60 años después.

En España no es así. “El Estado español adquirió la colección del barón Thyssen en 1992, a través de la Fundación Thyssen. En aquel entonces se encargó un informe jurídico que estableció que todos los cuadros eran de propiedad del barón, legítimamente suyos”, explica Carlos Fernández de Henestrosa, director gerente de la Fundación Thyssen, en cuyo patronato es mayoritario el Estado español.

“Por lo tanto, consideramos que las leyes españolas amparan la operación y que la propiedad de la Fundación es indiscutible, 15 años después. En caso de adquisición de buena fe, la legislación española establece que pasados tres años ninguna reclamación es posible. Cinco en caso de mala fe –sigue Fernández de Henestrosa–. Nosotros creemos que los tribunales de Estados Unidos no son competentes para juzgar en esta materia.”

Pero, en primer grado, los jueces han rechazado la alegación, declarándose competentes. La argumentación de la sentencia es compleja, pero un elemento clave es que la propiedad fue adquirida violando las leyes internacionales, en circunstancias que justifican la competencia estadounidense. “Ha habido una primera sentencia que no nos ha dado la razón y la hemos apelado”, observa el director gerente de la Fundación Thyssen. “Lo que no puede ser es que una fundación, a la hora de actuar, tenga que preocuparse no sólo de las leyes del país en el que tiene su sede, sino también de las de no se sabe bien cuántos otros países. Hasta que la ONU no diga que todos estamos sometidos a las leyes anglosajonas, nosotros respetamos, nos atenemos y estamos amparados por las españolas”, observa el director gerente de la Fundación Thyssen.

Cassirer alega que España es un país firmante de convenciones internacionales estipuladas para facilitar la devolución de obras robadas por los nazis. “Pero las convenciones establecen principios. Nosotros nos atenemos y estamos protegidos por leyes”, responde Fernández de Henestrosa.

“Las legislaciones, efectivamente, son diferentes”, comenta la holandesa Campfens. “La solución al problema no es que los Estados creen entes específicos para dirimir las controversias del sector según criterios diferentes de los de la legislación normal.” La comisión holandesa actúa por lo tanto sobre la base de “criterios morales más que de derecho civil”.

Eso no impide que tocar el derecho del comprador de buena fe sea muy difícil. “No cabe duda de que en algunos casos el derecho está en dos partes. Por ello es importante saber encontrar soluciones equitativas. Pero eso vale para el sector privado. Las instituciones públicas, en cambio, reflejan los valores de la sociedad, que no aceptan que algo robado permanezca en posesión pública. Por eso colecciones públicas en todo el mundo han devuelto obras robadas por los nazis desde 1998”, observa Webber.

Pero algo en el mercado del arte está cambiando. Christie’s y Sotheby’s han modificado su actitud y ahora “tienen departamentos especializados en ese tipo de controles”, subraya Lillie. Y Webber añade: “El resto del mercado tiene que hacer lo mismo”.

* De El País, de Madrid. Especial para Página/12.