Luego de la derrota en los comicios para constituyentes de Misiones se abren ante el gobierno nacional dos caminos. Uno es el de la profundización de los cambios iniciados en mayo de 2003, tanto en la búsqueda de una mayor calidad institucional como de participación popular y mejora del acceso colectivo a bienes sociales que reduzcan las desigualdades y mejoren la calidad de vida del pueblo. Otro el de la picardía y la trapisonda en defensa de intereses personales de los dirigentes. El retorno a la conformación histórica de la Corte Suprema de Justicia con cinco miembros avanza por el primer camino. Las votaciones truchas para instalar candidaturas, se internan en el otro. Ambos están abiertos y presentan para quienes los elijan, atractivos y peligros. La opción no es indiferente para la sociedad.

La decisión oficial de no cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema fue tomada a principios de este año. Así se informó en esta página hace nueve meses: “De este modo retomará el camino de la autolimitación de sus facultades, a solicitud de diversas organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el afianzamiento de una justicia democrática. La duda que todavía tiene es si anunciará que mientras dure su mandato no cubrirá esos cargos, de modo que pueda hacerlo quien lo suceda en el gobierno, o propiciará la reducción por ley del número de integrantes del tribunal. Lo más probable es que opte por la segunda variante” (“Después de la batalla”, 26 de febrero de 2006).

El sacudón

Pero es ostensible que hasta el sacudón misionero el gobierno creía tener todo el tiempo del mundo para decidirse. El anuncio público de la reducción incluyó una sorpresa debida a la senadora CFK. “Restituir a cinco el número de los miembros de la Corte” dice su proyecto, “implicará retomar una larga tradición, en una verdadera búsqueda de la revalorización institucional”. Ese fue el número de jueces del tribunal desde su primera integración por Bartolomé Mitre en 1863, sólo alterado por la dictadura militar de Aramburu y Rojas en 1958 y el gobierno constitucional de Carlos Menem, en 1990. El proyecto de CFK recuerda que el actual gobierno se propuso desde el primer día mejorar la justicia, elevar la calidad institucional y “reconciliar a las instituciones con la sociedad”. La reducción propuesta reafirma “el rumbo positivo” iniciado con los decretos 222/03 y 588/03 y da por sentado que contará con “fuerte apoyo de los propios componentes del Poder Judicial como de organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema, así como de la ciudadanía en general”. Ante el desprestigio en que la ampliación de 1990 sumió a la justicia, el gobierno opta por reforzar “el respeto al espíritu constitucional, prescindiendo de designar a otros miembros”. Su finalidad es “resguardar y no socavar la independencia de la Corte”, cosa que también se advirtió en “el prestigio y la trayectoria” de los miembros que designó.

Sintonía fina

El tono del proyecto no disimula que CFK actúa como parte de una asociación política con su esposo, originada en la militancia compartida desde hace más de tres décadas. Que lo haya presentado al mismo tiempo que una serie de lenguaraces oficiales ponderaban sus condiciones para ser candidata a la presidencia tampoco es sorprendente. La relación entre esa posibilidad y la sintonía fina institucional forma parte de los diálogos presidenciales desde hace tiempo: “Si se da crédito a las reflexiones de Kirchner, a él le habría tocado enfrentar una situación de extrema dureza, política y económica, pero el próximo período requeriría de intervenciones más sutiles, tendientes a producir reformas institucionales que mejoren la calidad de la democracia argentina, para las que su esposa estaría mejor calificada. Desde que asumió, hace tres años, varias veces manifestó escepticismo por las condiciones en que se producen los segundos mandatos presidenciales. Pero nunca antes había expuesto con tanta precisión una hipótesis en la que la candidatura para 2007 no llevara su nombre sino el de su esposa” (“¿Lavagna vs. CFK?”, 11 de junio de 2006). La idea de un presidente interesado en la calidad de la democracia no coincide con la imagen del autoritario que sólo busca acumular poder creada por el cardenal Jorge Bergoglio, algunos líderes de la oposición y un sector de la prensa. Es un problema de ellos, si prefieren seguir lidiando con el fantasma que construyeron y no observar la mucho más matizada realidad, donde se alternan trazos gruesos y finos. La respuesta en las dos semanas transcurridas desde que terminó el escrutinio en la tierra colorada, muestran una aguda sensibilidad a los humores sociales. El poder económico al que por primera vez en muchas décadas se le ponen límites desde el sistema político desearía un gobierno débil, para seguir con las prácticas que le permitieron cualquier cosa desde Videla hasta Duhalde. No le será fácil, si se atiende a los reflejos de Kirchner ante su primera derrota. Pero tampoco faltarán sobresaltos. Las acusaciones panfletarias contra el canciller Jorge Taiana y los cargos legales contra Isabel Perón, Antonio Cafiero y Carlos Rückauf, tienen la misma intención: incriminar a todo el mundo como camino para detener los juicios contra los militares de la dictadura y forzar una nueva ley de olvido. A Taiana le atribuyen un atentado que ocurrió en julio de 1975, pero él estaba detenido desde junio; a Isabel y sus ministros la desaparición de un adolescente mendocino en febrero de 1976. El juez de San Rafael Raúl Acosta sólo menciona como fundamento el decreto de aniquilamiento que firmaron en noviembre de 1975, es decir la misma defensa de los ex Comandantes que derrocaron a los firmantes del decreto. La suerte ha estado del lado del gobierno en otro tema inquietante. Las discutibles resoluciones de los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos y del juez Rodolfo Canicoba Corral, quienes pidieron la captura internacional de medio gabinete iraní de la década pasada, con muy dudosas pruebas sobre su participación en la voladura de la DAIA y la AMIA, coincidió con la derrota de George W. Bush en las elecciones de medio término, en las que perdió el control de ambas cámaras del Congreso. De lo contrario, la declaración judicial argentina sobre un crimen de lesa humanidad, podría haber sido usada como pretexto para una nueva agresión militar unilateral.

Cambio de época

Todo parece indicar que la aprobación del proyecto de CFK será rápida. Casi todo el arco político le dio su apoyo, igual que las ONG del Foro Una Corte para la Democracia, que el mes pasado habían insistido ante los tres poderes para que se siguiera este curso, en términos muy afines a los del proyecto. El ex ministro duhaldista Jorge Reynaldo Vanossi, quien ahora forma parte del PRO, objetó la decisión en un extraordinario alarde de optimismo sobre el futuro, aduciendo que le quita al próximo gobierno la posibilidad de llenar dos vacantes. Agregó que también era necesario avanzar con reformas en el funcionamiento de la Corte, una tarea en la que el propio tribunal ha dado ya pasos muy notorios durante la presidencia de Enrique Petracchi y anunciado su voluntad de continuarlas en el período que iniciará Ricardo Lorenzetti. La transición de uno a otro también es indicativa del cambio de época. Por primera vez en quince años el presidente de la Corte fue electo por unanimidad (salvo su propio voto) y la transferencia del cargo se hizo en forma civilizada y cordial. Como corresponde entre personas decentes nadie se votó a sí mismo ni se aferró a un sillón. Hasta ahora Roberto Lavagna prefirió el silencio. El 3 de junio de 2003, cuando el cardumen menemista en la Corte intentó chantajear al gobierno con un fallo sobre la pesificación, el ministro de Economía propuso un método pragmático de actuación, que incluía al ex juez Adolfo Vázquez. Kirchner lo rechazó y el 4 de junio, cuando cumplía nueve días como presidente, anunció por televisión que promovería el juicio político a la mayoría automática del tribunal, poniendo en marcha un proceso de saneamiento que ahora se profundiza.

De empate

En la misma dirección, Kirchner se propone firmar el jueves el proyecto de ley federal de Educación, que ya ha pasado por dos procesos de revisión por entidades y personalidades representativas de la sociedad. De esas consultas surgió el pedido de que el 6 por ciento anual del Producto Interno Bruto dedicado a educación no englobe también la inversión en Investigación y Desarrollo de Ciencia y Técnica. Por primera vez, el presupuesto incluirá ese rubro aparte, con una inversión que estará por encima de un cuarto de punto del PIB, es decir unos 2.000 millones de pesos al año. Esta mejora surgió a propuesta del Foro de Entidades de la Sociedad Civil, que Kirchner aceptó. El presidente también retomó sus salidas al conurbano bonaerense, con varias novedades. La más visible fue la presencia de la senadora CFK, quien luego de la campaña electoral de octubre de 2005 sólo había vuelto a los palcos durante las visitas de los presidentes de Bolivia y Chile. La más audible, la rechifla que saludó al secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Los allegados al camionero dijeron que hubo un empate entre silbidos y aplausos. Con lo enrarecido que está el fútbol, que reclama a gritos un mani pulite, hasta es posible semejante empate 10 a 1. Si Solá tomara al pie de la letra la aseveración de Kirchner de que éste no es tiempo de elecciones sino de gestión, debería ocuparse del escándalo que padecen las personas alojadas en cárceles y comisarías de su provincia. Pero no ayuda a que lo haga la crítica de Kirchner a los jueces que dejan en libertad a personas que deberían seguir detenidas. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó por unanimidad un recurso de hábeas corpus presentado por el Defensor General Mario Coriolano, por el hacinamiento de los detenidos en las comisarías de La Plata, rechazado por todas las instancias de la estólida justicia bonaerense. En un espacio previsto para 93 personas alojaron a 600. La Corte sostuvo que la provincia debe solucionar esa situación y que, por tratarse de personas que aún no han sido condenadas, los jueces pueden optar por medidas alternativas o dejarlos en libertad, ya que los imputados no son responsables de la emergencia carcelaria. Con pocas horas de diferencia, tres de esas personas se escaparon de la comisaría 8 de La Plata y otros veinte se amotinaron hasta que un fiscal escuchó sus reclamos elementales. La Corte, cuyo rol en el señalamiento de problemas estructurales que los gobiernos no atienden es presumible que vaya en aumento, reiteró lo que ya había dicho hace un año y medio: “Esta superpoblación, en los niveles alcanzados y admitidos, de por sí acredita que el estado provincial incumple con las condiciones mínimas de trato reconocidas a las personas privadas de su libertad”. Nadie debería olvidar que la responsabilidad última por esas vergonzosas violaciones a los derechos humanos compete al Estado Nacional.