“La renta agraria no está en manos del exportador, que es un intermediario en este negocio; el que se queda con la diferencia cuando el precio internacional sube es el productor.” La aseveración no es una opinión más, sino que es la postura y convicción a partir de la cual el Ministerio de Economía construyó la arquitectura de gravar a la soja que se destina al mercado externo y subsidiar, con lo que recauda, el uso de otros dos cultivos, el maíz y el trigo, en la elaboración de alimentos para el mercado interno.

“Lo que se está gravando es la renta que surge de hechos que están fuera de la esfera de decisiones del productor, como un aumento de precios en Chicago que le mejora el precio. Eso no es producto de su mayor eficiencia o de sus inversiones, es renta pura, y es legítimo que el Estado nacional se quede con una parte.” Postulado que es resistido por los productores y sus entidades, pero sobre los que las autoridades del Palacio de Hacienda no están ni siquiera dispuestos a sentarse a discutir.

Las anteriores definiciones fueron oídas en una conversación con una alta fuente del Palacio de Hacienda, el viernes, a propósito de una nota publicada por Página/12 ese mismo día, del mismo autor de esta nota, en la que se señalaba que los exportadores de cereales grandes, que concentran el 70 por ciento de los embarques, se quedan con “la parte del león” del negocio y sus rentas no son alcanzadas por las medidas oficiales.

Según sostienen en los despachos oficiales, en particular en aquellos que definen la política económica, los traders del comercio de granos, aun los más grandes como Cargill, Bunge o Dreyfus, le pagan al productor un valor muy cercano a la cotización internacional. “Con mercados funcionando on line, todo el mundo conoce los precios al instante y ningún productor va a vender a un valor muy por debajo del internacional”, sostienen desde la vereda oficial. Estiman que el exportador se queda con un margen que habitualmente oscila en torno del seis por ciento del valor del producto y el resto (descontando el flete, seguros y diferencias de calidad, si la hubiere) va a parar a manos del productor.

Con esta lectura, la conducción económica le seguirá apuntando a la renta agraria como fuente de tributación. Aunque los productores se quejen.