Dos expertos de la Cancillería denunciarán mañana al gobierno de Tabaré Vázquez por haber incumplido cinco veces el Estatuto del Río Uruguay antes y durante la construcción de la papelera Botnia. El planteo completará los argumentos de la demanda que Argentina inició en mayo del año pasado ante la Corte de Justicia de La Haya, aunque no habría sentencia hasta dentro de un año. Pero con los cortes de ruta como ruido de fondo, para los funcionarios que ya partieron hacia Holanda hay un asunto más apremiante: el mismo tribunal resolverá en los próximos días si admite un pedido uruguayo para que ordene a la Casa Rosada que haga cesar los bloqueos de los pasos fronterizos. Es “una situación incómoda”, admitió Susana Ruiz Cerutti, jefa de la delegación diplomática.

Hasta ahora, a la Argentina no le fue bien en la Corte Internacional. En julio del año pasado el tribunal rechazó, tras una audiencia pública, una medida cautelar para frenar la construcción de las pasteras en Fray Bentos. Pero en la Cancillería se aferran a una esperanza: los jueces aclararon por escrito que se reservan la opción de “desmantelar” las plantas de celulosa al momento de resolver la cuestión de fondo. Antes de ese fallo definitivo, que se haría esperar hasta fin de año, cada país debe presentar un desarrollo pormenorizado de su postura.

El dúo argentino –Ruiz Cerutti y Horacio Basabe– aterrizará en La Haya con una presentación de 2500 páginas llamada “memoria” que llevará mañana a la Corte. Consta de ocho volúmenes de unas 300 páginas cada uno. Uno de los ejes denuncia que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay desde que resolvió en forma unilateral, sin consulta previa, la instalación de las papeleras. El otro incluye las demostraciones sobre cómo contaminarán las plantas y cómo afectarán económicamente a las poblaciones aledañas. Uruguay tiene plazo para entregar su “contramemoria” hasta el 20 de julio.

Ruiz Cerutti enumeró las cinco veces que el país vecino violó el tratado del río compartido, que rige desde 1975: la primera, dijo, se remonta a octubre de 2003, cuando se le dio “una autorización inconsulta” a la empresa ENCE para construir su fábrica; la segunda, un año después, fue la extensión del permiso a Botnia; en tercer y cuarto lugar, señaló la habilitación sin aviso de un puerto por el que llegan los materiales para la empresa finlandesa, que luego fue ampliado; y sostuvo que la quinta fue la luz verde para que Botnia use 60 millones de metros cúbicos de agua extra del río Uruguay al año.

Según el Gobierno, el acuerdo logrado para que ENCE mude su planta no cambia el escenario ni las acusaciones. La permanencia de Botnia, dicen, compromete al ecosistema. Y, desde un ángulo más político, apunta en voz baja un encumbrado funcionario, “la relocalización de ENCE es la mayor prueba de la falta de flexibilidad de Uruguay”.

La documentación que recibirán los 15 jueces de La Haya abarca anexos con notas diplomáticas, actas, evaluaciones científicas y técnicas, mapas y fotos. En la Cancillería tienen especial expectativa en la inclusión de un análisis que hizo, a pedido del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, un grupo de especialistas de la Universidad de La Sapienza de Roma. El estudio critica severamente los informes en los que se basó la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial al resolver otorgar créditos a Botnia por 170 millones de dólares para montar su planta frente a Gualeguaychú.

Los italianos dicen que no hubo “una coherente justificación científica” y que a los informes les faltan datos elementales como el impacto que se prevé con el paso del tiempo y el tratamiento de los residuos peligrosos. Señalan escandalizados que no se hicieron “estudios de biodiversidad” teniendo en cuenta que “la planta será parte del ecosistema y no algo independiente”. Son conclusiones “poco confiables”, sentenciaron.

Una de las claves de la fundamentación argentina será mostrar que una misma pastera, con igual tecnología, puede tener un impacto muy distinto según el lugar donde se la instale. Pondrán énfasis en que el río Uruguay es altamente sensible a la contaminación, entre otras cosas por su régimen, su escasa profundidad en algunos tramos y el ecosistema acuático. La Secretaría de Ambiente, que encabeza Romina Picolotti, fue la encargada de redactar todo lo referido a la polución, mientras mantiene fuertes diferencias de criterio con la cartera de Relaciones Exteriores.

El conflicto por las papeleras llegó a la Corte Internacional tras el fracaso de las negociaciones a nivel político. Argentina volverá a insistir en demostrar que Uruguay retaceó información y que no tuvo predisposición para llegar a un acuerdo, pese a los compromisos asumidos. Es más, en la Cancillería están convencidos de que la administración de Tabaré apostó al paso del tiempo para que Botnia termine su planta. Se estima que cuando falle La Haya ya estará terminada. Los uruguayos, a la vez, tienen sus propios reproches y alegan que el gobierno de Néstor Kirchner no hizo nada para frenar los bloqueos ambientalistas en las rutas que unen ambos países. Sostienen que esto viola las normas de la región porque se ve afectada la libre circulación de bienes y servicios.

Al pronunciarse sobre los cortes, un tribunal arbitral del Mercosur fue crítico con la Argentina. Ahora el mismo tema está en manos de La Haya: Uruguay pidió que ordene a la Casa Rosada que tome medidas para prevenir y frenar los bloqueos. El cierre de los tres pasos fronterizos, como sucedió anteayer, atenta contra la estrategia argentina, que buscó demostrar que siempre quedó algún camino abierto. De todos modos también apuesta a que la Corte Internacional se declare incompetente.

En el Palacio San Martín lo que reina no es precisamente el optimismo, al menos en el plano judicial. Tal vez por eso Ruiz Cerutti aclaró que todavía guarda esperanzas en el proceso de acercamiento que impulsa el rey de España, aunque al respecto Uruguay muestre frialdad y distancia. “Tenemos confianza en que se logre un acuerdo”, dijo. El Gobierno argentino pide la relocalización de Botnia. Incluso ofreció financiar el traslado. El facilitador Juan Antonio Yáñez Barnuevo hizo una gestión en Finlandia y a fin de mes viajaría para este rincón del planeta.