El conflicto interno colombiano volvió a exteriorizarse. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró que a su gobierno no le interesa restablecer las relaciones diplomáticas con Colombia, al menos mientras el presidente Alvaro Uribe siga al frente del Ejecutivo. En tanto, la senadora opositora Piedad Córdoba, ex mediadora para la liberación de los rehenes de la guerrilla, denunció que la detuvieron al entrar a Estados Unidos y le preguntaron sobre sus relaciones con las FARC.

Desde su programa semanal de radio y televisión, Correa respondió a las “burlas” de Bogotá. “Ratificamos: nosotros suspendemos indefinidamente (las relaciones). Aquí hay dignidad y soberanía, se acabaron las burlas del gobierno colombiano, no nos interesa restablecer relaciones con un gobierno falto de credibilidad, tan falto de seriedad”, dijo el mandatario. Los diálogos, según sostuvo, no se reanudarán hasta que “haya un gobierno decente con el cual tratar”.

Frente a las cámaras, el presidente ecuatoriano señaló que fue Colombia la que siempre buscó retomar el diálogo diplomático, congelado desde principios de marzo, cuando el ejército de ese país incursionó en territorio ecuatoriano para matar al ex número dos de las FARC, Raúl Reyes. Pero subrayó que fue el propio Uribe quien frustró a última hora el restablecimiento de las relaciones a nivel de encargados de negocios. “Ya no nos vamos a dejar utilizar. Se acabaron esas burlas del presidente Uribe hacia nuestra patria, ese desprecio que ha mostrado hacia nuestra patria. Sabremos responder”, afirmó.

Las consecuencias políticas del conflicto colombiano traspasaron las fronteras latinoamericanas. En la noche del jueves, cuando llegaba a los Estados Unidos, la senadora Piedad Córdoba fue detenida en el aeropuerto de Nueva York. “Ya cuando salía de la aduana, estuve retenida ahí durante dos horas o dos horas y media. Yo digo que la intención era devolverme a Colombia”, señaló la parlamentaria que medió juntó al presidente venezolano, Hugo Chávez, para liberar a rehenes de las FARC.

La congresista había sido invitada por el consulado venezolano en esa ciudad, con el fin de celebrar el 197º aniversario de la independencia de Venezuela. “Yo traía unas denuncias que pienso llevar a la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) de la OEA. Todos esos documentos fueron fotocopiados y me retuvieron los teléfonos de personas que figuran en mis documentos”, sostuvo. Córdoba añadió que para solucionar su situación se vio obligada a recurrir a la ayuda del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, y del gobernador de Nuevo México, Bill Richardson.