Aquella máxima de que “la venganza es un plato que se come frío” podría aplicarse al presente de Felipe Solá. Ex gobernador, ex pieza clave de la cruzada K contra Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires, Solá hubiese querido ser vicepresidente o titular de la Cámara de Diputados. El hielo kirchnerista lo relegó a diputado raso. Pero la realidad argentina siempre da oportunidades: el bajísimo perfil al que parecía condenado se terminó con el debate legislativo por las retenciones móviles. Como ex secretario de Agricultura de Carlos Menem, Solá se ha convertido en uno de los centros de la discusión parlamentaria. “Si se mantiene la Resolución 125 y se ofrecen compensaciones complementarias, igual el conflicto no cierra”, advierte por estos días.

La influencia de Solá creció luego de que elaborara un proyecto alternativo que pone un tope a las retenciones móviles entre el 40 y el 41 por ciento, lo que mejora todavía más el horizonte de ganancias de los productores. Su iniciativa propone algo intermedio entre retrotraer todo al 11 de marzo, cuando regían las retenciones fijas al 35 por ciento, y ratificar las retenciones móviles. En lo central, la propuesta consiste en achatar la curva de incremento de las alícuotas que acompañan la suba del precio internacional a partir del 1º de julio. También prevé ampliar la incidencia de las provincias en la instrumentación del Fondo de Redistribución Social para construir viviendas populares, hospitales y caminos rurales. El texto final escrito por Solá y sus asesores está inspirado en muchas ideas que en los últimos días estuvo promocionando por los medios el vicepresidente Julio Cobos.

Según los colaboradores más cercanos a Solá, su proyecto de ley modificatorio de la resolución 125 ya tiene el apoyo de los diputados que responden al entrerriano Jorge Busti, el santafesino Carlos Reutemann y el cordobés Jorge Schiaretti. Hasta ayer, los diputados entrerrianos y cordobeses venían impulsando una modificación muy drástica que retrotraía todo al 11 de marzo e incluso mejoraba las ganancias de los productores. Esa alternativa eliminaría las retenciones móviles e impondría retenciones fijas del 39,5 por ciento para la soja y del 29,5 por ciento para el maíz y el trigo. Esos impuestos estarían acompañados por reintegros del 5 por ciento para todos los productores, sean pequeños, medianos y grandes. Eso dejaría las retenciones fijas en 34,9 por ciento, o sea 0,1 por ciento menos que las que regían antes de la aplicación de la resolución 125.

En sus once artículos, el proyecto aclara que las retenciones móviles instrumentadas el 11 de marzo seguirán vigentes hasta el 1º de julio y que recién en esa fecha entrará en vigencia el paquete de modificaciones. En otras palabras, el tope de entre 40 y 41 por ciento y el achatamiento de la curva de incrementos al compás de la suba de precios no podrán ser retroactivos. “Si no fuera así, habría un vacío legal”, dijeron a PáginaI12 desde el entorno de Solá. Otro de los cambios que propone el ex gobernador es crear un consejo de gobernadores que supervise la administración del Fondo de Redistribución Social y destinar una parte de esos fondos al fomento de economías regionales de las provincias menos favorecidas por el alza internacional de los alimentos.

Los asesores de Solá aseguran que los entrerrianos y los cordobeses estarían dispuestos a bajar su alternativa para unificar posiciones. También tendría el apoyo de los radicales K, que hoy ven en Cobos a un nuevo líder “sensato” promocionado por los medios. Según sus hombres de confianza, Solá habría conversado del proyecto con el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. “Le falta charlar con los ultra K”, dijeron a este diario. El proyecto alternativo firmado por Solá también fue enviado por mail a varios referentes de la oposición.

Ayer lo recibieron en sus casillas Eduardo Macaluse (SI) y Federico Pinedo (PRO). Habrá que ver cómo le cae a los legisladores kirchneristas alineados con el Gobierno que antes de consultarlo internamente lo haya manda-do primero a las bancadas de la oposición.

Ante las consultas de PáginaI12, desde la oposición confirmaron que habían recibido el proyecto y que lo estaban estudiando. Algunos dijeron tener dudas de que tenga tanto acompañamiento como Solá ha hecho trascender. Hasta ayer, la iniciativa no había logrado demasiada aceptación en el PRO ni en la Coalición Cívica. En el radicalismo admitieron a este diario que “con Solá se puede hablar”. Jefe del bloque PRO, Pinedo expresó sus dudas hacia un proyecto que busque un punto medio entre el Gobierno y los empresarios rurales. “Cuando cortás por el medio, preocupa cortar también por el medio a los productores de carne y hueso”, alertó con un dramatismo que contrasta con la imparable tendencia a la suba de los commodities agrícolas.