La Justicia española acusó a la ex cúpula militar israelí que en 2002 ordenó el asesinato selectivo de un líder de Hamas de haber cometido un crimen de lesa humanidad. El ataque fue preciso y destruyó su casa, pero la bomba utilizada fue tan potente que además mató a 14 civiles, nueve de ellos niños, e hirió a otros 150. “Se trató de una acción desproporcionada y excesiva contra la población civil”, argumentó en su escrito el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional, la máxima instancia judicial española. La decisión no podría llegar en peor momento para Israel. Después de las tres semanas de bombardeos a la Franja de Gaza, el gobierno de Ehud Olmert enfrenta denuncias de la ONU y ONG internacionales por presuntos crímenes de guerra. Con el respaldo de su gobierno, el principal imputado de la causa, el ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer, calificó de “ridículo e indignante” el dictamen del juez español.

El 22 de julio de 2002, unos minutos antes de la medianoche, un avión caza F16 sobrevoló la Franja de Gaza hasta llegar al barrio de Al Daraj, en los suburbios de la capital. Sin mediar una advertencia, la nave lanzó una bomba de una tonelada en medio de la zona residencial. Los cálculos de Tel Aviv fueron correctos y la bomba cayó sobre el techo de la casa de Salah Shehade, un líder de Hamas, acusado de haber ordenado atentados en territorio israelí.

Pero la potencia fue tal que destruyó además ocho casas aledañas y mató a 14 civiles. Al día siguiente del ataque, un vocero del ejército israelí informó: “El ataque fue dirigido a Salah Shehade y solamente a él. El ataque fue preciso y fue llevado a cabo con tecnología apropiada. No hubo intención de hacerles daño a miembros de su familia o a otros civiles. Desgraciadamente esto es lo que puede ocurrir cuando un terrorista utiliza a civiles como escudos humanos y sus hogares como lugares para refugiarse”. Las palabras son casi calcadas a las que utilizaron los funcionarios israelíes durante la reciente invasión a Gaza.

Ante la inacción judicial, la organización pacifista israelí Yesh Gvul (Hay un límite) asumió la representación de las familias palestinas y llevó el caso hasta la Corte Suprema israelí. A principios de 2006 el tribunal desestimó el pedido de investigación e indemnización a las víctimas y dio por cerrado el tema. Según el fallo, el ataque había sido legal y proporcional a la amenaza que significaba Shehade.

Ya no quedaban instancias judiciales dentro de Israel. Por eso, Raji Sourani, el director del Centro Palestino por los Derechos Humanos que ya había denunciado al ex primer ministro Ariel Sharon ante la Justicia belga, decidió llevar el caso ante la Audiencia Nacional española, la misma que de la mano del juez Baltasar Garzón intentó juzgar al dictador chileno Augusto Pinochet en 1998.

Hace seis meses el juez Andreu recibió en su despacho la querella que señalaba como responsable de la matanza de civiles al ex ministro de Defensa israelí Ben-Eliezer, el ex comandante del ejército Dan Halutz, el general Doron Almog, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Giora Eiland, el secretario militar del ministro de Defensa Michael Herzog, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Moshe Yaalon, y el director del Servicio General de Seguridad, Avi Dichter.

Ayer el actual ministro de Defensa Ehud Barak prometió luchar por la anulación de los cargos. “Alguien que califica la eliminación de un terrorista de crimen contra la humanidad vive en un mundo al revés”, opinó. Pero España no investigará la legalidad del asesinato del líder de Hamas, sino si Tel Aviv estaba consciente de la consecuencias que el ataque tendría sobre la población civil.