Un grupo de familias colombianas demandó a Dole Food, una de las mayores productoras y exportadoras de frutas y verduras del mundo, por financiar a los grupos paramilitares y actuar como cómplice de 57 asesinatos. La pelea es desigual, pero no imposible. Hace dos años el principal rival de Dole, Chiquita Brands, reconoció que había entregado millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que integra la lista de terroristas de la Casa Blanca. Para evitar un fallo de la Justicia norteamericana, la multinacional pagó una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia. Ahora el mismo abogado, Terry Collingsworth, intenta repetir la hazaña, esta vez ante un tribunal federal de Los Angeles. “Dole financió el 40 por ciento del presupuesto anual de los paramilitares en la zona bananera del norte”, explicó ayer el abogado al diario colombiano El Espectador.

La demanda fue presentada el martes pasado, pero la denuncia no es nueva. El caso se conoció por primera vez hace dos años. Uno de los mandos medios de las AUC que se desmovilizó junto al resto de la cúpula en 2006 había descripto con detalle el acuerdo comercial que tenían con la multinacional norteamericana. Según su relato a la Justicia colombiana, Dole pagó unos 30 dólares por hectárea de sus plantaciones entre 1997 y 2006, cuando oficialmente se desmovilizaron.

La empresa tiene 3400 hectáreas cultivadas con bananos en los departamentos de Magdalena y La Guajira, en el norte colombiano, y controla el 20 por ciento de las exportaciones de la fruta del país. En 2001, sus libros contables daban cuenta de activos por casi 70 millones de dólares, sólo en ese territorio. A nivel mundial, sus ventas superan los 4400 millones de dólares y sus ganancias, los 150 millones de dólares.

Como Chiquita Brands durante las primeras etapas del juicio, Dole negó todo. “Estas acusaciones recicladas son tan falsas hoy como cuando las presentaron por primera vez en 2007, y la mayoría son producto de fuentes lo menos fiables que se pueda imaginar”, sentenció un comunicado difundido por la multinacional bananera el mismo martes que fue presentada la demanda judicial.

Una semana después, el consejero legal de Dole, Michael Carter, habló por primera vez del tema y acusó al testigo estrella, el mando medio José Gregorio Mangones, alias Carlos Tijeras, de estar buscando una rebaja en su sentencia. “Estos terroristas tienen motivos de sobra para estar haciendo acusaciones falsas en contra de las compañías internacionales como Dole, con el fin de reducir al mínimo su propia culpabilidad y su tiempo en la cárcel”, le dijo Carter a la prensa norteamericana.

Pero Mangones está amparado por la Ley de Justicia y Paz, creada por el gobierno de Alvaro Uribe, que limita su pena de cárcel a ocho años. No puede recibir más y, dado que ya reconoció su responsabilidad sobre cerca de 800 asesinatos, es casi imposible que reciba menos. “Los directivos de Dole no pueden decir que no sabía”, aseguró Collingsworth, el director ejecutivo de la ONG Defensores de los Derechos Internacionales y representante de los familiares de las víctimas colombianas.

En la demanda, el abogado estadounidense denunció que todos los camiones de Dole que llevaban las bananas de las fincas hacia los puertos eran escoltados por paramilitares y que para entrar o salir de las plantaciones era necesario ser aprobado por los retenes que habían colocado al costado de las rutas los grupos de extrema derecha. “Cualquier norteamericano que viniera a ver las operaciones de bananas tenía que pasar por las AUC”, aseguró Collingsworth. “Las víctimas eran representantes sindicales de la multinacional o tenían problemas con la manera como la empresa los trataba o vivían en tierras en las que Dole quería plantar banano. Así que esta gente fue asesinada porque Dole quería que los mataran.”

Aún faltan llenar muchos agujeros negros en esa historia. Según la demanda, los pagos se hicieron a través de las Convivir, las organizaciones rurales que hacían de pantalla legal a los comandantes paramilitares. Pero, como en el caso de Chiquita, quedan registrados bajo el nombre de empresas fantasma. Collingsworth cree que sólo impulsando un juicio será posible revelar esa información.

Su plan es ambicioso. El abogado que llevó ante la Justicia norteamericana a multinacionales del tamaño de Drummond, Coca Cola y Exxon Mobil quiere vincular el caso de Dole con el debate en el Capitolio por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Washington y Bogotá. “No puede haber TLC hasta que se haya hecho justicia”, explicó.

Con ese argumento quiere presionar para que el Congreso llame a declarar a los comandantes paramilitares detenidos en Estados Unidos. “No va a ser algo fácil”, señaló y recordó que uno de los abogados a los que se enfrentó en el juicio con Chiquita Brands es ahora Eric Holder, el fiscal general de Barack Obama.