El presidente colombiano Alvaro Uribe ya no puede frenar las críticas a su Servicio de Inteligencia y por eso ayer dio la luz verde para cerrarlo y crear uno nuevo. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) está en el ojo de la tormenta desde hace por lo menos tres años. Sus últimos cuatro directores están siendo investigados por presuntos vínculos con paramilitares y por las escuchas ilegales a distintas personalidades, entre ellas varios candidatos presidenciales, magistrados de la Corte Suprema, periodistas, líderes sindicales y defensores de los derechos humanos. Las denuncias se amontonan en los archivos de los tribunales desde 2007, pero recién ahora, con la presión de Estados Unidos, el gobierno colombiano cedió y prometió un cambio profundo. La oposición ya desconfía y denuncia una reforma cosmética.

La nueva agencia de inteligencia no tiene nombre y el gobierno aún discute los últimos detalles. Sin embargo, el diario El Tiempo, cercano al uribismo, difundió ayer las características básicas que tendrá el nuevo departamento. En primer lugar, sólo se encargará de las operaciones de Inteligencia y contrainteligencia, y del registro de las personas que entran y salen del país. En segundo lugar, la institución dejará de estar en manos de la Policía Nacional. A partir de finales de año, cuando se estima que entrará en vigor el nuevo esquema, todos sus funcionarios y sus agentes serán civiles y, por lo tanto, estarán sujetos a la Justicia civil, y reportarán directa y únicamente a la oficina del presidente de la Nación.

En el cambio, el nuevo Servicio de Inteligencia perderá algunas de sus actuales funciones. Ya no funcionará como el enlace de Interpol en el país. Ese trabajo pasará a manos de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Tampoco se ocupará de la escolta de los funcionarios del gobierno y otros dirigentes políticos de alto nivel, como los jefes de los partidos de la oposición y los candidatos, durante las campañas electorales. Esta función también pasará a manos de la Policía.

Esta última modificación fue casi una obligación, después de que la Justicia e investigaciones periodísticas demostraran una y otra vez que los mismos agentes que debían custodiar a funcionarios, candidatos o personalidades políticas eran los que se ocupaban de espiarlos, interceptar sus llamadas y sus cuentas de correo electrónico.

La última gran denuncia que tumbó la cúpula del DAS fue en octubre del año pasado. La prensa colombiana había descubierto que uno de los principales detractores de Uribe, el senador del Polo Gustavo Petro, estaba siendo vigilado de cerca por orden de una oficina del DAS, llamada Asuntos de Inteligencia Política y Social. Según la investigación periodística, los agentes colombianos tenían la orden de informar sobre algunas reuniones del senador opositor. “Especialmente los contactos con personas que se presten para atestiguar contra el gobierno”, según extractos difundidos por los medios colombianos en ese momento.

A pesar de las renuncias y las promesas de Uribe de investigar, todo se redujo a la responsabilidad de algunos funcionarios de mediano rango, sin llegar jamás a incluir al Poder Ejecutivo, de quien depende actualmente el DAS. Tampoco nunca se supo quién había creado la oficina de Asuntos de Inteligencia Política y Social y cuáles eran sus funciones específicamente.

Después de cada escándalo de escuchas o espionaje ilegal, el gobierno reaccionaba, tarde pero reaccionaba, y prometió depurar a las malas manzanas e investigar hasta las últimas consecuencias. Pero un año o unos meses pasaban, y otro escándalo explotaba. Pero hace unas semanas el gobierno de Uribe recibió una crítica nueva, que lo obligó a hacer algo más.

El Departamento de Estado norteamericano certificó el respeto del gobierno colombiano en materia de derechos humanos –un requisito para permitir la entrega de fondos para cooperación militar–, pero advirtió que Bogotá debía hacer algo para frenar el espionaje ilegal y la persecución contra líderes de la oposición, dirigentes sociales y sindicales y defensores de derechos humanos.

Ayer, el ex presidente y líder de uno de los principales partidos de la oposición, César Gaviria, acusó a Uribe de evitar un cambio verdadero. “La situación del DAS se arregla muy fácil, pidiéndole al Palacio Presidencial que no sigan chuzando (espiando) –aseguró el dirigente–. Lo increíble es que con esto el gobierno no reconoce que fue su gente la que ordenó chuzar a todo el mundo y para lavarse las manos ahora quiere acabar con una institución que por años le ha prestado un gran servicio al país”, agregó. El ex presidente aseguró que la única forma de terminar con la persecución política en el país es encomendar una investigación a un organismo independiente, inclusive internacional, sugirió, para determinar si la responsabilidad es de una estructura corrupta dentro del DAS o de dirigentes políticos específicos que manipularon esa institución en su propio beneficio.