Siete ex directores de la CIA le pidieron a Barack Obama que cerrara de una vez y para siempre las investigaciones sobre las torturas cometidas por los espías norteamericanos. En un gesto poco usual, le escribieron una carta al presidente y se la enviaron el viernes pasado. El texto, difundido ayer por la cadena ABC News, no es diplomático ni sutil. “El gobierno debe estar consciente de que la revelación pública de las operaciones de Inteligencia sólo pueden ayudar a Al Qaida”, aseguraron los siete ex funcionarios. Los firmantes incluyen a los tres directores que manejaron la agencia durante los ocho años de gobierno de George W. Bush, dos que trabajaron bajo las órdenes de Bill Clinton y otros dos elegidos por George Bush padre y –otro republicano– Richard Nixon.

Hace un mes el fiscal general Eric Holder anunció que reabrirían las investigaciones sobre los abusos y torturas cometidos durante los interrogatorios de la CIA, que habían sido cerradas por el gobierno anterior de Bush hijo. Durante el breve período en que el ex presidente permitió ahondar sobre los llamados excesos de los agentes de inteligencia, los fiscales federales sólo consiguieron una condena y algunos procesamientos, que no llegaron a mayores. El único condenado fue David Passaro, un ex trabajador contratado por la agencia, sospechado de haber facilitado la muerte de un prisionero en una cárcel secreta, Abdul Wali. Passaro, sin embargo, fue condenado por asalto, no asesinato.

Antes del traspaso de mando, en enero pasado, el presidente saliente cerró todas las investigaciones y dio por terminado el asunto. Su sucesor, Obama, asumió bajo la promesa de poner fin a las torturas y los abusos legales bajo el argumento de la seguridad nacional y la llamada Guerra contra el Terrorismo. Pero durante varios meses no había dado señales de querer llegar hasta el fondo del asunto y condenar a los culpables. Incluso Obama sorprendió a muchos de sus aliados progresistas al prohibir la publicación de fotos o videos de las torturas cometidas por agentes de la CIA y soldados u oficiales de las fuerzas armadas.

Por eso el anuncio de agosto de Holder volvió a sorprender y desató alertas dentro de la corporativa y hermética comunidad de Inteligencia. La carta de los ex directores de la CIA es la prueba fehaciente del malestar y el temor que reina en Washington por estos días. “No sólo obligará a varios miembros de la comunidad de Inteligencia a asumir grandes costos financieros para atravesar largos y tediosos procesos criminales, sino que este enfoque también dañará la voluntad de muchos de los oficiales y funcionarios de Inteligencia de asumir riesgos para proteger su país. En nuestra opinión, esas decisiones son vitales para el éxito de una larga y difícil pelea contra los terroristas que nos siguen amenazando”, escribieron Michael Hayden, Porter Goss, George Tenet, John Deutch, James Woolsey, William Webster y James Schlesinger.

Según publicó ayer el diario The Washington Post, el Departamento de Justicia sólo tiene planeado reabrir unos pocos casos, no todos. Uno de ellos sería el de la muerte de otro prisionero, esta vez en el centro clandestino de Salt Pit, al norte de la capital afgana, en noviembre de 2002, apenas un año después de la invasión liderada por Estados Unidos y más tarde acompañada por sus aliados de la OTAN.

Pero los rumores y las versiones extraoficiales parecen no tranquilizar a los jerarcas de la comunidad de Inteligencia. Según la carta que remitieron a Obama, los ex directores sostienen que la divulgación pública de un caso, cualquier caso, podría poner en peligro el trabajo de la CIA en el exterior. “La publicación de detalles sobre las operaciones de la CIA hicieron y harán difícil el trabajo de los agentes en el terreno, especialmente su capacidad para conservar el efecto sorpresa”, aseguraron en su carta.

Los ex funcionarios explicaron que dar detalles sobre cómo opera la CIA o con quiénes opera la agencia echa por tierra años, décadas de trabajo. Incluso acusaron a Holder, el fiscal general de Obama, de desacreditar aún más a la agencia de espionaje norteamericana frente a los servicios de Inteligencia extranjeros. “Los servicios extranjeros ya están muy preocupados por la incapacidad de Estados Unidos de mantener cualquier secreto”, advirtieron.

Es cierto que durante las breves investigaciones en el trascurso del segundo mandato de Bush, algunos aliados de Washington quedaron expuestos. Se supo que los aviones-cárceles de la CIA contaron con el apoyo de gobiernos europeos, como el del español José María Aznar o el británico de Tony Blair, y que los militares y policías de los países donde se construyeron las cárceles secretas –Afganistán, Irak, Yemen, entre otros– también participaron de las sesiones de torturas.

Pero no es cierto que las investigaciones anteriores revelaran aspectos claves de las operaciones de la CIA en el exterior. Nunca se divulgaron nombres de los agentes secretos –un delito federal, según la ley norteamericana–, ni se hizo mención a operaciones específicas, ni pasadas ni actuales.

No obstante, los ex dueños de la CIA están preocupados, y mucho. Después que estalló el escándalo de las torturas y bajo la presión de los medios y la oposición demócrata, la agencia reconoció entonces 20 casos de torturas. El acto desesperado de enviar una carta abierta al presidente de la nación podría ser una señal de que no dijeron toda la verdad.