Chile y México restablecieron relaciones con Honduras, la cúpula de la OEA pronosticó que en unas semanas podría volver al seno de la organización regional y el gobierno hondureño informó que ya tiene el apoyo de 24 de los 34 países miembros. Los vientos de cambio que comenzaron a soplar en América latina hace unos años están perdiendo fuerza. Se sienten, pero ya no pueden empujar la veleta hacia una dirección firme, como lo hicieron cuando Colombia quedó sola defendiendo su ataque contra territorio ecuatoriano o cuando la Unasur volcó todo su peso para blindar al gobierno de Evo Morales en medio de intensos rumores de golpe de Estado. Hoy ese consenso está perdiendo protagonismo frente a los debates infructuosos, como el del conflicto entre Colombia y Venezuela, y las declaraciones lavadas, como el informe de la OEA que podría legitimizar el reingreso de Honduras a la organización.

Las elecciones hondureñas organizadas por la dictadura de Roberto Micheletti habían dividido la región en los dos bloques más o menos conocidos. Por un lado, los pocos gobiernos que seguían mirando a Washington con aspiraciones carnales –Colombia, Perú y Panamá– y, por otro lado, el resto. Este último era un grupo heterogéneo, pero todos en mayor o menor medida apoyaban una integración regional más autónoma de la superpotencia del norte. Desde entonces la victoria electoral de Sebastián Piñera en Chile le dio un aliado importante al binomio sudamericano Colombia-Perú. Según relatos periodísticos, el canciller chileno Alfredo Moreno fue uno de los pocos oradores de la cumbre de la Unasur de esta semana que reclamaron combatir con todas las fuerzas posibles a la amenaza regional que significan, en su opinión, las guerrillas colombianas.

Un acercamiento similar tuvo dos días después con el gobierno hondureño de Porfirio Lobo. “La elección de Lobo fue libre, democrática y transparente y, además, se ven sustantivos avances en el cumplimiento de los acuerdos de San José y Tegucigalpa relativos al respeto pleno de los derechos humanos en ese país”, afirmó Moreno al anunciar el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas con el pequeño país centroamericano. Unas horas después lo siguió la Cancillería mexicana con una declaración similar, pero que agregaba otro ejemplo de los nuevos vientos que están ganando fuerza a lo largo de América latina. “Se suma el planteamiento favorable de la mayoría de los países centroamericanos sobre la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos”, recordó el gobierno de Calderón en un comunicado.

Excepto por el presidente nicaragüense, el sandinista Daniel Ortega, quien prefirió faltar a obstaculizar la votación, todos los mandatarios centroamericanos apoyaron hace diez días la vuelta de Honduras al Sistema de Integración Centroamericana, más conocido como Sica, y pidieron a la OEA que se acepte el reingreso inmediato del gobierno de Lobo. Esa resolución fue firmada entre otros por el mandatario salvadoreño y dirigente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Mauricio Funes, el guatemalteco Alvaro Colom y el vicepresidente de República Dominicana, Rafael Alburquerque. Este último país actualmente da asilo a Manuel Zelaya, el presidente derrocado en junio de 2009 por la dictadura que facilitó la victoria de Lobo.

El giro de la mayoría de los países centroamericanos fue necesario, pero no suficiente para empezar a ilusionar a las autoridades hondureñas y a sus aliados en las negociaciones. El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, pronosticó ayer que falta poco para que puedan votar el reingreso de Tegucigalpa en la Asamblea General. “No creo que sean unos cuantos meses. Creo que dentro de unas semanas será posible tomar alguna resolución”, aseguró.

El optimismo de Insulza se fundamentaba en el esperado informe de la Comisión Técnica de Alto Nivel que había creado la OEA a principios de junio para evaluar la situación actual en Honduras y recomendar o no su reingreso como miembro pleno. El informe final se conoció el viernes pasado y, aunque evitó hacer una recomendación tajante, fue suficiente para que los gobiernos de Piñera y Calderón alabaran los “avances” de Lobo y apuraran su decisión.

“La comisión toma nota de la disposición favorable del presidente Lobo para convocar a un diálogo nacional entre todos los sectores políticos”, destacó el informe, realizado por representantes de Argentina, Bahamas, Belice, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Según el texto que le entregaron a Insulza, la comisión no se reunió ni recibió informes de la Resistencia –el movimiento social y político que se creó tras el golpe de Estado– ni de las organizaciones de derechos humanos hondureñas.

El informe reclama que el gobierno hondureño anule todos los juicios iniciados durante la dictadura contra Zelaya y pide avances en la investigación de los sistemáticos asesinatos contra periodistas y dirigentes de la Resistencia y medidas para frenar el hostigamiento contra opositores al golpe. Pero no condena –como sí lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– la destitución de cuatro jueces que cuestionaron la dictadura. Ni pide por las más de 140 personas, la mayoría de la Resistencia, que continúan procesadas por “atentar contra la seguridad del Estado” durante el régimen de facto. Tampoco detalla avances concretos del gobierno de Lobo, excepto su buena disposición y la creación de una Unidad de Investigaciones de Violaciones de Derechos Humanos en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, cuya titular, la fiscal Sandra Ponce, legitimó con formalidades la represión de los seis meses de dictadura.

A pesar de todo eso, a Lobo sólo le faltan diez votos para volver a la OEA por la puerta grande. El número se achicaría mucho si Lobo logra cerrar los juicios contra Zelaya y permite su retorno. Y cuando lo haga y Honduras consiga sentarse otra vez en la Asamblea General de la OEA, los vientos de cambio de la centroizquierda latinoamericana soplarán todavía con menos fuerza.