Una empresa alemana inexistente fue utilizada por oficiales de la marina uruguaya y sus cómplices civiles para cometer una voluminosa estafa contra el gobierno uruguayo, que viene investigando la Justicia civil. La corte ya procesó a militares y civiles en un escándalo que derivó en la renuncia del jefe de la marina, Hugo Debali. La estafa consistió en compras fraudulentas por unos 600.000 dólares, alterando costos y documentos. En el caso de la empresa alemana ficticia se usó para la compra de un banco de pruebas para motores, informó ayer el diario El Observador. Para la adquisición de lanchas rápidas de patrullaje se mencionó a una empresa proveedora argentina, que existe, pero cuyos datos fueron inventados. No se ha podido establecer quién falsificó las facturas de compra, por lo que la jueza solicitó una pericia caligráfica para determinarlo y busca a dos civiles, que eran los principales proveedores locales de la marina. El escándalo de corrupción tendría otras ramificaciones más profundas, según dijo el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla.