El fiscal general del estado de Florida y candidato en las primarias republicanas, Bill McCollum, propuso ayer aprobar una nueva legislación aún más dura que la polémica ley migratoria de Arizona, que causó numerosas protestas entre la población latina. “Florida no será un santuario para los extranjeros ilegales”, declaró McCollum, y agregó que “Arizona va a querer tener esta ley”, pues “nuestra versión será mejor, más fuerte, más dura y con mayor justicia”.

El funcionario anunció que tratará de endurecer sus leyes de control de la “inmigración ilegal” y de dotar a la policía de mayores facultades para detener a personas sospechosas de ser indocumentadas, según un proyecto que impulsa la gobernación. El proyecto de ley se presenta luego de una fuerte controversia por una legislación similar aprobada en Arizona, y podría incluso ser más dura que ésta, al proponer que los jueces tengan en cuenta la violación de la norma migratoria al fijar una fianza, o para elevar el grado de cargos criminales. La legislación establecería un agravante para las sentencias, de forma que si quien comete un delito en Florida es además un inmigrante ilegal se le aumentaría la pena en prisión.

El fiscal general McCollum dijo, al revelar la propuesta de ley: “Esta legislación va a proveer nuevas herramientas para proteger a nuestros ciudadanos y ayudará a combatir los problemas actuales creados por la inmigración ilegal. Se trata de un proyecto balanceado que protegerá los derechos de los que están legalmente en el país, pero también de los ilegales y será un gran avance para la seguridad pública”.

La legislación que pretende aprobar Florida permitiría a la policía indagar el estatus migratorio de cualquier persona que es detenida, por ejemplo por una infracción de tránsito, una facultad reservada hasta ahora a las autoridades migratorias. La ley obligaría a un oficial de policía “a controlar si el estatus migratorio de una persona es legal o no”, dijo McCollum, un republicano que lanzó su candidatura a la gobernación de Florida para las elecciones de noviembre.

El funcionario explicó que para requerir el estatus migratorio de alguien la policía debe tener “una sospecha razonable” de que esa persona está ilegalmente en Estados Unidos. En cambio, la policía no debería pretender trazar el perfil de alguien porque su mero aspecto le resulta sospechoso de ser un inmigrante ilegal. Tiene que ser “alguien que no presente la libreta de conducir, sus papeles identificatorios” o por una causa justificable, dijo el fiscal general de Florida. Para evitar problemas, toda persona que no sea ciudadano de Estados Unidos debería llevar consigo sus papeles migratorios para comprobar que está legalmente en el país, según el proyecto.

“Se supone que alguien que está legalmente tiene papeles que muestran eso”, dijo McCollum, y reiteró que en cambio se le aplicaría la nueva ley migratoria de Florida “si alguien no tiene papeles o no tiene un estatus legal para estar aquí”. La futura ley reforzaría los controles para contratación de inmigrantes y obligaría a las empresas a utilizar un sistema electrónico para comprobar que la situación migratoria de los empleados que contratan es legal.

La propuesta llega en un momento en que las encuestas muestran a McCollum por debajo de su oponente Rick Scott en la carrera por la gobernación de Florida, con vistas a las elecciones primarias gubernamentales que se llevarán a cabo el 24 de agosto. De este escrutinio saldrá el candidato republicano para las elecciones estatales del próximo mes de noviembre, que definirá la gobernación de Florida.

El equipo de campaña de Scott inmediatamente emitió una declaración criticando el “giro de 180 grados” de McCollum, sobre la controvertida ley de inmigración. Jennifer Baker, la directora de campaña de comunicaciones, dijo: “La propuesta inmigratoria de Bill McCollum es otro buen ejemplo de por qué no es confiable”. El desesperado político corrió a presentar un plan el lunes, que dijo que saldría en “un par de semanas”.

Organizaciones de inmigrantes estiman que unos 11 millones de inmigrantes indocumentados residen en Estados Unidos, la mayoría de ellos hispanos, que viven en estados del sur como Arizona, Texas y en menor medida Florida. En Arizona, una polémica ley que criminaliza la inmigración ilegal entró en vigor en julio en medio de protestas y un fuerte debate en Estados Unidos en el que intervino hasta el presidente Barack Obama, contrario a la medida, y quien prometió una reforma migratoria integral que regularice a los indocumentados.