El gobierno conservador de España anunció ayer una nueva medida de ajuste que limitará en 1000 euros los pagos en efectivo, para frenar el fraude fiscal y lograr una recaudación extra. Si bien la medida trajo semblanzas con el corralito de Argentina en 2001, cuando se prohibieron las extracciones bancarias de más de 250 dólares por semana, en este caso se puso un tope a las transacciones en efectivo. También los populares anunciaron recortes en la estructura del Estado (ver aparte).

Como viene siendo costumbre desde que asumiera funciones, el jefe de gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, no dio la cara y quien informó a la opinión pública sobre el ajuste fue la portavoz del Ejecutivo y vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Por su parte, el secretario general de los técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, explicó que sólo con aplicarse este instrumento podría recaudarse más del triple de lo que el gobierno planea ingresar, con la puesta en marcha de todo el plan de control tributario para 2012.

También permitiría rebajar la tasa de economía sumergida en 5,1 puntos, reduciendo a la mitad la brecha que separa a España, donde un 23,3 por ciento del PBI se encuentra hundido. Según los técnicos de Hacienda (Gestha), esta prohibición supondría una medida disuasoria frente al fraude fiscal.

Las empresas no podrían deducir el IVA ni el Impuesto de Sociedades en la parte de las facturas pagadas en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador que exceda del límite máximo permitido de 1000 euros. Gestha se mostró a favor de que el nuevo Plan General de Control Tributario recoja medidas concretas para alcanzar los objetivos de reducción de la tasa sumergida y aumentar las competencias y responsabilidades de los efectivos destinados en la lucha contra el fraude, de manera que las iniciativas anunciadas no queden en una mera declaración de intenciones.

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que en países como Francia y Alemania ya se aplica este tipo de medidas como parte del endurecimiento de la lucha contra la evasión. Este plan, dijo la funcionaria tras la tercera reunión de gabinete del presidente Rajoy, busca hacer aflorar 8171,7 millones de euros de la economía sumergida o negra de España, como parte del objetivo de hacer frente a la presión de los mercados. La vocera destacó también que será de gran importancia la información que puedan aportar países que han dejado de ser paraísos fiscales como Andorra, Bahamas y las Antillas Francesas.

Tal y como estaba previsto, Sáenz de Santamaría volvió a ser la cara de las malas noticias. Es otra semana más en que el presidente del gobierno sigue sin dar señales de vida, lo que ha llevado a que la principal cuestión tras las reunión del Consejo de Ministros haya sido saber dónde está y, sobre todo, cuándo comparecerá. Sáenz de Santamaría aclaró que Rajoy no lo hará en el Congreso hasta después de la cumbre europea informal del día 30 de enero. Eso significa que lo hará cinco semanas después de su investidura y otros tantos Consejos de Ministros.

Ni siquiera el haber llevado a cabo un tijeretazo histórico, incluida una subida de impuestos generalizada, es motivo suficiente, según el Ejecutivo, para que dé la cara. Se producirá finalmente en febrero en lo que desde el gobierno se ha calificado de comparecencia no demorada en el tiempo. Este hermetismo continuado se debe a que en el equipo de Rajoy advierten que su perfil de presidente distará mucho de la excesiva exposición a los medios del presidente anterior. Además, precisan que, como norma general, será el ministro de cada ramo el encargado de trasladar a la opinión pública el alcance de las medidas que ponga en práctica. La portavoz del Ejecutivo no quiso adelantar cuál será la primera visita al exterior de Rajoy, y recordó que su primer encuentro con un mandatario extranjero será el que mantenga con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, el próximo 16 de enero en el Palacio de la Moncloa. La vicepresidenta admitió que los primeros recortes anunciados por el gobierno son impopulares y que al Ejecutivo no le gustó adoptarlos. También insistió en que se pidió a los ciudadanos un esfuerzo temporal y solidario y en que el Ejecutivo tiene el compromiso de reducir el déficit con el objetivo de mantener el Estado del bienestar.

Mientras España busca una salida de la crisis, una encuesta publicada ayer por el diario El Mundo revela que seis de cada diez españoles (58,1 por ciento) se sienten engañados por el presidente Rajoy, quien tras asumir su cargo incumplió una de sus principales promesas, que era no subir los impuestos. En tanto, el prestigioso CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) reveló que la mayoría de los ciudadanos (52,4 por ciento) prefiere políticas de inversión pública y servicios sociales, aunque haya que pagar más impuestos, a las políticas de reducción de déficit y de deuda (23,2 por ciento).