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El gobierno español anunció una reducción del sector público, una de las promesas electorales de Mariano Rajoy. Por eso el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, presentó ayer un informe sobre las fundaciones y empresas públicas con el objetivo de redimensionar el sector, esto es, “simplificar y racionalizarlo” con el fin de achicar el déficit.

Este plan coloca en el punto de mira a las más de 4000 empresas públicas de España que emplean a cerca de 175.000 personas y que tienen una deuda total de 60.000 millones de euros. Un informe del anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010 aprobó una reducción de 515 empresas estatales, de las que sólo se han eliminado 70. El Ejecutivo de Rajoy se empeña en reducir el medio millar de empresas, bien a través de fusiones, privatizaciones o supresiones.

Ayer, un estudio de la consultora Russell Bedford citado por el diario Público alertó acerca de que la deuda de las empresas adscriptas a las comunidades autónomas se incrementó cerca de 5400 millones de euros, es decir, un 53 por ciento desde el comienzo de la crisis.

Junto a la idea de limitar el pago en efectivo, estas nuevas medidas se suman al recorte del gasto de 8900 millones de euros y al aumento de la recaudación de cerca de 6300 millones, de los que la mayoría provienen de un aumento de impuestos, adoptado la semana pasada. El recorte total para reducir el déficit a 4,4 por ciento en 2012 será de más de 36.000 millones de euros, frente a los 16.500 millones de euros anunciados por Rajoy en su discurso de investidura, en el que también prometió que no subiría impuestos.

El gobierno conservador del Partido Popular justificó el aumento del recorte diciendo que el Ejecutivo de Zapatero no le informó la cifra final del déficit en 2011 (8 por ciento frente al 6 por ciento previsto). “Se han tenido que adoptar medidas excepcionales ante una situación excepcional”, dijo la vocera del PP, Soraya Sáenz de Santamaría. Pero tranquilizó a los cerca de ocho millones de jubilados diciendo que la Seguridad Social “pagará puntualmente las pensiones”.