La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) expresó ayer su preocupación por el conflicto y episodios de violencia entre paraguayos “sin tierras” y productores brasileños en el este del país, e instó al gobierno a tomar una decidida acción para lograr una solución justa. Se trata del conflicto en el departamento del Alto Paraná, frontera con Brasil, entre un nuevo grupo de “sin tierras”, los “carperos”, y productores brasileños y descendientes. Estos últimos, a los que llaman “brasiguayos”, se los estima en 300.000 en Paraguay, varios de los cuales son poderosos empresarios que se dedican especialmente al cultivo de la soja.

“La CEP expresa su preocupación por la situación de tensión, conflicto y conatos de violencia existente en el Alto Paraná en relación con la propiedad y la tenencia de la tierra”, expresó ayer en un comunicado emitido por los obispos en ese país. La nota insta al gobierno a tomar “una decidida acción” en el conflicto para la pacificación y la búsqueda de soluciones justas y equitativas enmarcadas en el ordenamiento jurídico de la república. En el texto, los obispos recordaron que la reforma agraria es de antigua data en el país y que hasta ahora no ha encontrado solución.

En sendos comunicados y declaraciones particulares, los gremios de productores y dirigentes cuestionaron duramente un supuesto apoyo de autoridades del gobierno a los “carperos”. Al menos dos de dichas autoridades, el gobernador del departamento de San Pedro, José Ledezma, y el senador oficialista Sixto Pereira, ambos cercanos al presidente Fernando Lugo, con frecuencia son mencionados como sostenedores de los “sin tierras”.

El conflicto actual se desarrolla en la localidad de Ñacunday, Alto Paraná, y uno de los frecuentes blancos de los “carperos” es el productor brasileño Tranquilo Favero, conocido como el “rey de la soja” en el país. El embajador del Brasil, Eduardo Dos Santos, expresó esta semana la preocupación de su gobierno sobre los ataques a sus compatriotas.

Por su parte el Episcopado urgió al gobierno a tomar cartas en el asunto. “Es necesario y urgente que los poderes públicos asuman su responsabilidad en ordenar el caos existente sobre la tenencia y la propiedad de la tierra en el país”, sostuvo el comunicado de la CEP.

Por otro lado, organizaciones no gubernamentales locales e internacionales han denunciado reiteradas veces que los indígenas y campesinos son desplazados de sus territorios por la fuerza por parte de sojeros brasileños.