La sanción contra la aerolínea española Spanair –que abruptamente dejó de operar por problemas financieros– fue dispuesta por el gobierno ibérico, que la acusó de incurrir en dos infracciones muy graves que prevén el retiro de la licencia para volar y multas de hasta 4,5 millones de euros cada una. La firma, que emplea a 2 mil trabajadores y cuyo principal accionista es el gobierno regional de Cataluña, precipitó su caída debido a la ruptura de las negociaciones para que Qatar Airways tomara el 49 por ciento del capital y, según se estima, afectará este fin de semana a más de 22.700 pasajeros. Ante la noticia confirmada por la compañía anoche, la ministra española de Fomento, Ana Pastor, anunció la notificación del inicio de un procedimiento sancionador contra la compañía, sus gestores y administradores, y aseguró que su cartera no cejará hasta que se asuma toda la responsabilidad de quien incumple las normas y de quien pisotea los derechos de los ciudadanos.