El ministro de Defensa de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, fue denunciado penalmente por presunto desacato, al haber impedido a una jueza que tomara fotos de un predio que funcionó como centro clandestino de detención y torturas durante la última dictadura. La denuncia fue presentada por el periodista Rodolfo Porley, preso político durante la dictadura, y el abogado Federico Alvarez Petraglia, informó el diario uruguayo El País. El episodio que dio lugar a la demanda ocurrió el 27 de septiembre, cuando la jueza Mariana Mota y la fiscal Ana María Tellechea concurrieron al Batallón 13 del ejército para inspeccionar el galpón donde funcionó el centro clandestino conocido como “300 Carlos” o “Infierno Grande”.

Ese día, el director del Servicio de Material y Armamento (que funciona en la misma sede), coronel Raúl Lozano, impidió al equipo de la Policía Técnica que tomara fotografías del lugar, invocando una supuesta orden de Fernández Huidobro. La presentación sostiene que las conductas desplegadas por los militares actuantes así como por el ministro de Defensa “son claramente violatorias de una orden judicial dictada por una Sra. Jueza en su marco de competencia”. Los denunciantes pidieron que se cite a declarar a Fernández Huidobro, a Lozano y al jefe del Comando Logístico del ejército, general Nelson Pintos, así como a la propia jueza Mota.