El gobierno de Brasil puso en marcha un operativo para controlar la ola de delincuencia en Santa Catarina y envió a Florianópolis tropas federales que realizaron en la madrugada de ayer más de 60 detenciones de presuntos delincuentes, a la vez que 40 presos sospechados de ordenar ataques fueron trasladados a cárceles de otras regiones. Tras varias semanas de atentados contra micros de línea y turísticos y ataques a dependencias y personal policial, el viernes, la presidenta Dilma Rousseff instruyó a su ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, para que preste apoyo federal en el lugar, donde las fuerzas locales quedaron superadas por la ofensiva criminal. Poco más tarde, unos 350 efectivos de la Guardia Nacional, integrada por policías de elite procedentes de Brasilia, arribaron a Florianópolis, capital del Estado de Santa Catarina (sur), donde también desembarcó un avión de la Fuerza Aérea brasileña para colaborar con el gobierno estadual. La población de Florianópolis y su área metropolitana está conmocionada ante la falta de seguridad, lo cual llevó a la suspensión de las clases en algunas escuelas nocturnas. En este contexto, los choferes de colectivo amagaron con suspender el servicio nocturno y exigieron reforzar la escolta de vehículos policiales. Las autoridades del estado brasileño de Santa Catarina confirmaron ayer que 40 presos sospechosos de ordenar una ola de vandalismo en esa zona del sur del país han sido transferidos a cárceles de otras regiones. Pese al despliegue de las tropas federales, durante la madrugada de ayer otros cuatro vehículos fueron incendiados por desconocidos en Florianópolis.