El primer ministro portugués Pedro Passos Coelho convocó ayer a una reunión de emergencia del Comité de Ministros para analizar los efectos que tendrá el fallo del Tribunal Constitucional de declarar ilegal parte de sus medidas de ajuste, a días de negociar con los ministros de Economía europeos las metas fiscales para 2014. Para el primer ministro conservador portugués la decisión del tribunal pone en peligro la “credibilidad externa” del país y deja a su gobierno más lejos de la meta fiscal impuesta por la Unión Europea y el FMI. En una breve declaración luego de la reunión del Consejo de Ministros, el secretario de Estado Luís Marques Guedes aseguró que el gobierno de Passos Coelho “acepta pero no está de acuerdo” con la decisión del tribunal. El secretario de Estado defendió ayer los ajustes, al afirmar que el tribunal “no tuvo en cuenta el esfuerzo realizado por el gobierno para hacer más equitativa la contribución de los trabajadores del sector público y del privado”. El Tribunal Constitucional había anulado el viernes cuatro medidas de austeridad. Los ajustes que rechazó el tribunal son la eliminación de los pagos extra anuales a funcionarios y pensionistas y los recortes de los subsidios de desempleo y por enfermedad. Esos ajustes representaban un ahorro presupuestario de unos mil millones de euros. Ahora el gobierno portugués deberá buscar una forma de afrontar esos pagos.