El gobierno conservador de Portugal obtuvo ayer un cerrado rechazo de la oposición y los sindicatos al plan de austeridad anunciado el viernes al país, que nadie está dispuesto a consensuar, como pidió el primer ministro, Pedro Passos Coelho. Las grandes centrales y los partidos de izquierda, entre ellos el socialista (PS), que encabeza las encuestas sobre intención de voto, acusaron al Ejecutivo de insistir en una “receta” que ha sumido al país en una espiral de recesión y desempleo y hará imposible el pago de su deuda, que supone ya un 125 por ciento del PIB.

Pero Passos Coelho defendió ayer que sus medidas de austeridad, para ahorrar 4800 millones de euros en tres años con reducción de pensiones y de 30.000 funcionarios, jornada laboral más larga en la administración y un año más en la edad de jubilación, hasta los 66, son necesarias para que Portugal pueda permanecer en la Zona Euro.

El líder conservador recordó al PS la responsabilidad que tienen los partidos que pueden gobernar Portugal de cumplir los compromisos del país, sujeto al rescate financiero de 78.000 millones de euros que pidió hace dos años, poco antes de que los socialistas perdieran el poder en elecciones anticipadas. “O estamos y cumplimos o no estamos”, subrayó Passos Coelho en referencia a la permanencia de Portugal en la moneda común europea, y al advertir de que el coste social y económico de abandonarla “sería inmenso”.

Pero el PS, al igual que los sindicatos y las fuerzas marxistas del Parlamento, se apresuró a rechazar las medidas y la invitación al diálogo con el argumento de que son “más de lo mismo”, recaen sobre trabajadores y pensionistas y no combaten la recesión y el desempleo, que se ha duplicado en tres años, hasta el 18 por ciento. El mayor sindicato luso, la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP, comunista), con unos 700.000 afiliados, calificó las nuevas medidas de “brutales” y anunció protestas y movilizaciones este mismo mes.

También la más moderada Unión General de Trabajadores (UGT, socialista), con cerca de medio millón de seguidores, expresó su rechazo a negociar el nuevo e “inaceptable” paquete de austeridad. El marxista Bloque de Izquierda (BI) exigió, como los socialistas, la dimisión del gobierno, y sostuvo que Portugal no podrá pagar una deuda tan alta con medidas de austeridad que dificultan el crecimiento, la productividad y el consumo. En los próximos ocho años hay que pagar 125.000 millones de euros, “¿de dónde va a salir ese dinero?”, se preguntó João Semedo, coordinador del BI. Además, consideró las nuevas medidas una burla a la sentencia del Tribunal Constitucional, que el 5 de abril anuló otros recortes similares por valor de 1300 millón de euros.

El Sindicato de los Cuadros Técnicos del Estado (STE), cuyos afiliados están entre los más afectados por las medidas, se quejó de que el gobierno los “castiga de nuevo” sin tocar los beneficios de concesiones y proyectos públicos con grandes empresas privadas. Según el STE, los funcionarios, más de 600.000 en un país de 10,5 millones de habitantes, sufrirán en total recortes por cinco mil millones de euros, cerca de la mitad de todos los ahorros del sector público, desde que Passos Coelho llego al poder, hace dos años, y hasta que concluya su plan de austeridad, en 2017.

La función pública verá aumentar de 35 a 40 horas semanales el horario de trabajo, perderá complementos salariales y pasará por nuevos sistemas de selección y cualificación profesional para ahorrar costes. También los militares lanzaron duras críticas al Ejecutivo por el aumento de su edad de jubilación a 58 años, y un portavoz de la principal asociación de oficiales lamentó que se vaya hacia unas Fuerzas Armadas llenas de ancianos. La Federación de los Sindicatos de Transportes pidió audiencia urgente al premier para que aclare cómo van a trabajar los conductores profesionales hasta los 66 años, tras la decisión de ampliar un año la edad de jubilación, si sus permisos de conducción se extinguen a los 65.