Jueves, 6 de junio de 2013 | Hoy
EL MUNDO › LA JUSTICIA ESPAñOLA ENCARCELó AL EX PRESIDENTE DE CAJA MADRID
Miguel Blesa, amigo íntimo del líder conservador, está imputado por mala gestión en la compra de un banco norteamericano.
La Justicia española ordenó ayer el reingreso a prisión sin la posibilidad de salir bajo fianza para el banquero español Miguel Blesa en el marco de una investigación por mala gestión y apropiación indebida. El pasado 16 de marzo, Blesa, ex presidente de Caja Madrid –donde desembarcó en 1996 de la mano de su íntimo amigo José María Aznar, cuando el dirigente conservador llegó a la presidencia del gobierno español– se convirtió en el primer gran banquero en pisar una cárcel por su actuación durante los años en los que estalló la crisis financiera internacional.
Sin embargo recuperó su libertad en menos de 24 horas tras pagar una fianza de 2,5 millones de euros. Por eso esta vez no se permite ninguna fianza debido a la posibilidad que tiene Blesa de destruir u ocultar pruebas necesarias a la investigación.
Ahora responde a acusaciones sobre el mismo tema que en marzo pasado, pero la Justicia obtuvo nuevas pruebas contra el banquero de 65 años, quien después de haber declarado en tribunales fue trasladado a la cárcel madrileña de Soto de Real ayer al final de la tarde. El ex directivo de Caja Madrid –entidad actualmente integrada en la nacionalizada Bankia– fue citado de urgencia ayer en calidad de imputado por el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, Elpidio José Silva, que lo investiga. El magistrado también tomó declaración al ex director financiero y de riesgo de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj.
El ingreso de Blesa a prisión se deriva de la compra de un banco estadounidense, el City National Bank of Florida, cuya adquisición pudo acarrear unas pérdidas de 500 millones de euros a Caja Madrid, según el magistrado. Blesa acordó la compra en abril de 2008 en dos partes –primero el 87 por ciento y luego el 13 por ciento para sortear controles– y la operación se concretó en abril de 2010, cuando el ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato lo relevó en el cargo.
De acuerdo con las fuentes, el juez recibió nuevas pruebas, en concreto tres correos electrónicos en los que Blesa y Sánchez Barcoj hablaban de los pormenores de la compra del banco de Miami. Según el diario español El País, el 23 de octubre de 2008, después de la adquisición pero sin realizar el pago, Sánchez Barcoj mandó un correo a Blesa en el que le informó: “Como sabes, cubrimos en su momento no sólo la totalidad de las compras, sino 100 kilos más por si se ponía algo a tiro”. Las dos compras se referían a la hipotecaria Su Casita y al banco de Florida.
La fiscalía se oponía a que Blesa volviera a prisión, mientras la acusación defendió lo contrario e incluso pidió prisión incondicional luego de que el banquero juntara rápidamente la fianza millonaria que se le impuso hace menos de un mes. Por su parte, la defensa considera inaceptable la decisión, porque el magistrado fue recusado en una de las causas, situación que estaba pendiente de resolución.
El juez imputa a Blesa delitos societarios, de administración desleal y apropiación indebida en concurso con otros de falsedad de documento público, ya que la operación de compra del banco estadounidense se hizo por el doble de lo que costaba y sin control de las autoridades madrileñas, según un informe oficial.
Además, en su primer escrito, el magistrado acusó a Blesa de llevar a Caja Madrid al colapso y crear la tormenta perfecta en pleno tsunami económico al haber desembolsado un total de 754 millones de euros para adquirir el banco privado del Estado de Florida. El mismo magistrado también investiga a Blesa por la concesión en 2008 de un crédito de 26,6 millones de euros sin garantías al empresario Gerardo Díaz Ferrán, ex propietario de Aerolíneas Argentinas, y quien se encuentra en prisión por otro caso relacionado con la quiebra del grupo turístico Marsans.
Los abogados de Blesa intentarán pedir la revocación del auto del ingreso en prisión ante la Audiencia Provincial de Madrid, según fuentes judiciales, lo que tomaría dos o tres semanas y que tendrían pocas chances de lograr.
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