Desde Londres

Los grandes grupos de la prensa británica no pudieron evitar con un recurso judicial de último minuto que se aprobara un nuevo sistema regulador a la luz de los escándalos de escuchas telefónicas. El Consejo Asesor de la reina de Inglaterra, compuesto por altos funcionarios y miembros del gobierno, sancionó el nuevo régimen que contempla la creación de un órgano regulador y otro veedor con poderes ampliados y multas de más de un millón de dólares por la violación del código ético de la prensa.

En un día de alto voltaje dramático, dos instancias judiciales rechazaron el recurso de los grandes conglomerados mediáticos para que se bloqueara la aprobación del nuevo sistema. Según el juez Stephen Richards, la prensa “tuvo muchísimo tiempo para presentar sus argumentos” sobre el nuevo marco regulatorio y su demanda era “en el mejor de los casos muy floja”. Los conglomerados –el News Corp de Murdoch, el Daily Mail and General Trust y el Trinity Mirror– apelaron nuevamente por la tarde ante la corte, que volvió a negarles una orden interina para bloquear el nuevo sistema.

El nuevo sistema, consensuado por los tres principales partidos políticos, reemplaza a la Comisión de Quejas sobre la Prensa que se mostró totalmente inoperante durante las últimas dos décadas, escenario de los escándalos de la familia real y, finalmente, el de las escuchas. Como por la mano de algún demiurgo, al mismo tiempo que la Justicia despejaba el camino para la promulgación oficial del nuevo sistema, tres periodistas se declaraban culpables ante la Corte Criminal de Old Bailey de interceptar comunicaciones e interferir el teléfono de una colegiala secuestrada y asesinada, Milly Dowler. El caso de Dowler provocó renuncias en masa en el grupo Murdoch, el cierre del dominical News of the World y forzó al gobierno a crear en 2011 la Comisión Leveson, que propuso un nuevo sistema regulatorio.

La vieja Comisión de Quejas sobre la Prensa era un mecanismo de autorregulación sin poderes de investigación o sanción de la prensa y con un código ético blando que nadie respetaba. El actual sistema propone la creación de un regulador, nombrado por la misma prensa pero sin editores o miembros de los periódicos en su directorio, y un panel veedor que vigilará que el regulador respete el código ético y se comporte de manera independiente.

La propuesta, criticada en un principio por las víctimas de las escuchas telefónicas, intentaba mantener un difícil equilibrio entre una suerte de autorregulación de la prensa –que nombran al comité regulador– y una garantía de que este comité actuará de manera independiente gracias a la vigilancia del órgano supervisor. En un intento de garantizar la libertad de prensa y la no interferencia política, el órgano supervisor no podrá estar integrado por periodistas, políticos o funcionarios públicos.

El sistema tiene un talón de Aquiles: es voluntario. Los periódicos sólo estarán sometidos a esta regulación si aceptan participar. Esta participación está alentada por incentivos que favorecen que las quejas contra la prensa se resuelvan por procesos internos de arbitraje y que autorizan a las cortes a tratar de manera diferente a un periódico en caso de que no forme parte del sistema.

Estos incentivos no bastaron para los mandamás de la prensa que ahora deben decidir si forman parte del sistema o lo boicotean, generando un potencial enfrentamiento entre el Parlamento y los medios. El director ejecutivo de The Times, Roger Alton, insinuó que habrá una resistencia en masa. “Una idea que fue consensuada entre políticos y lobbistas antiprensa mientras comían pizza no va a controlar la prensa, que es clave para la democracia. Lo resistiremos”, señaló.

Ningún diario ha anunciado su participación en el sistema, pero no todos apelaron en contra de su existencia. The Guardian, Financial Times y The Independent se mantuvieron al margen de la acción judicial. El grupo Hacked Off, fundado por las víctimas de las escuchas, entre otros el actor Hugh Grant, condenó duramente el llamado a la resistencia. “Murdoch y sus amigos se están aferrando al derecho a mentir, intimidar, entrometerse y hacer miserable a la gente”, señaló el director ejecutivo de Hacked Off, Brian Cathcart.