EL MUNDO › ADVERTENCIA DEL PRESIDENTE MADURO EN VENEZUELA

Penas de cárcel para especuladores

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó ayer que se detenga y procese a los empresarios que especulen. Como parte de la ofensiva gubernamental contra la inflación, tendrán igual tratamiento aquellos que, pese a haber sido obligados a bajar los precios de sus productos, los hayan vuelto a subir. “Di instrucciones para que a partir de mañana (por el sábado) a quien se encuentre especulando o sea reincidente, sea detenido y procesado. Ya Basta!”, escribió Maduro el viernes por la noche en su cuenta de Twitter, en la que ratificó que el gobierno continuará el operativo para bajar los precios en los comercios.

El presidente acusó varias veces al empresariado de declararle una guerra económica al Ejecutivo en alianza con la oposición, a la que señala como responsables de la inflación, de especular y de acaparar productos para producir escasez. “Cada día que pasa comprobamos que se impuso una guerra económica de precios inflados, sin lógica económica real, y vamos a corregirla a fondo”, prometió el mandatario, y agregó que solucionará el problema con mecanismos económicos justos y con la aplicación de la ley a quienes piensan que se pueden burlar de los venezolanos.

“Se ha demostrado que con precios justos todo funciona mejor, así que no se pueden tolerar más burbujas inflacionarias inducidas y abusivas”, sostuvo Maduro. El presidente insistió en que grupos de derecha y de la burguesía mantienen un ataque contra la economía, al que atribuyó el desabastecimiento de los mercados y la inflación.

Por su parte, el vicepresidente Jorge Arreaza salió a apoyar a Maduro y manifestó este sábado que las inspecciones a los comercios para garantizar precios justos permite a los venezolanos vivir un período navideño con la posibilidad de comprar alimentos, ropa y calzado tradicionales de la época. Arreaza dio inicio ayer a una nueva jornada de inspecciones como parte del plan de ofensiva económica que ejecuta el chavismo desde el 6 de noviembre, luego de que se detectara que algunos comercios privados importaban productos a dólar oficial y luego los vendían con sobrefacturación de hasta 1200 por ciento.

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