La Cámara de Diputados de Nicaragua aprobó un cambio constitucional que habilita la reelección indefinida del presidente Daniel Ortega, confiere al Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos con fuerza de ley y de nombrar militares y policías que se encuentran en servicio activo para ocupar cargos públicos. Elimina la segunda vuelta electoral y determina que un candidato vence en las elecciones presidenciales con una mayoría relativa de votos. El paquete de medidas se alzó anteayer con 64 votos a favor, 25 en contra y ninguna abstención, e incluyó reformas al Código Militar que, en opinión de los legisladores opositores, le otorgan al Poder Ejecutivo un mayor control sobre el ejército nicaragüense.

La anterior Carga Magna establecía que un candidato podía ganar las elecciones con un porcentaje del 38 por ciento, siempre y cuando esa diferencia fuera mayor en un cinco por ciento a los votos obtenidos por el candidato que quedara en segundo lugar. Vigente desde 1987, la antigua Constitución también prohibía la reelección de una persona que hubiese ejercido el cargo en dos ocasiones consecutivas.

Un grupo de diputados de la opositora bancada del Partido Liberal Independiente (PLI) salió ayer a denunciar que la aprobación constitucional, debatida en la unicameral Asamblea Nacional, en manos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se hizo “a mata caballo” (rápidamente) y crea una nueva situación política en el país que demuestra el apresuramiento del presidente, Daniel Ortega, por alzarse con el control de todos los poderes del Estado.

El diputado del PLI Eliseo Núñez reiteró ante los periodistas que la desenfrenada carrera por una “aprobación atropellada” de las reformas, enviadas al Parlamento por Ortega, muestra que “en Nicaragua se entroniza una nueva dictadura”. Enrique Sáenz, diputado del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), manifestó ante la prensa que la sanción apresurada de las reformas a la Carta Magna y al Código Militar, abre la puerta a un período de inestabilidad en el país. El legislador del MRS machacó sobre la idea de que un clima de inestabilidad política puede conducir a una escalada de violencia y protestas que “todos sabemos cómo comienzan, pero no cómo terminan”.

Entre sus reformas, la nueva Constitución extiende de cuatro a cinco años el período de los alcaldes, vicealcaldes y concejales, y también prohíbe que cualquier ciudadano ocupe la presidencia o cualquier cargo público mediante un golpe de Estado. Y castiga el “transfuguismo” (el cambio de bancada parlamentaria) para los diputados y funcionarios electos mediante el sufragio universal, entre otras enmiendas.

En tanto las enmiendas al Código Militar, sancionadas igualmente entre el martes y miércoles, reconocen al ejército como el único cuerpo militar armado, autorizan a las fuerzas armadas a coordinar la protección de los sistemas de datos y de registros informáticos y subordinan al ejército a la autoridad civil ejercida por el presidente de la Nación.

Una de las reformas sustanciales del Código Militar faculta al presidente de la República a extender el período del jefe del cuerpo castrense que, antes de la reforma, era de cinco años, o bien removerlo por alguna acción de desobediencia. Igualmente permite a los militares participar en las distintas comisiones, consejos e instancias del Ejecutivo que disponga el presidente de la República y crea “la Fuerza de Reserva del Ejército”, aunque no explica en qué condiciones podría activarse esta nueva fuerza ni cuáles son sus objetivos.

Estas reformas han sido rechazadas por organismos civiles, partidos políticos, organismos defensores de los derechos humanos y por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, por considerar que no responden a los intereses de la nación, sino a los de un partido político o una oligarquía política o económica.

Por su parte, el diputado sandinista Edwin Castro salió a criticar a los liberales que rechazan que sea el presidente el que dé las órdenes a las fuerzas armadas. “Yo veo una incoherencia, ellos levantan la bandera de la subordinación de los militares a los civiles y de repente dicen que se tiene que subordinar al ministro; el ministro es un simple secretario que el presidente lo corre cuando quiere, entonces lo veo incoherente ese argumento”, señaló Castro, en declaraciones recogidas por el portal El 19 Digital.

“Descanse en paz el ejército de Nicaragua”, proclamó Núñez cuando se iniciaba anteayer la aprobación del nuevo código castrense.

Asimismo, el ex candidato presidencial y diputado Eduardo Montealegre sostuvo que tanto la reforma de la Constitución como las del código castrense, solamente sirven para que “el dictador de turno” consolide el control sobre las instituciones democráticas del país. Los obispos, entretanto, señalaron en un mensaje emitido a mediados de diciembre pasado que las reformas propuestas, vistas en su conjunto, estaban orientadas a favorecer “el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo”, ejercido por “una persona o un partido de forma dinástica”.

El jefe del ejército, general Julio César Avilés Castillo, en diciembre pasado reconoció la necesidad de actualizar el Código Militar porque, desde 1994 (última fecha de su actualización), se crearon nuevas estructuras que no están reguladas por la normativa.