El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cumplió ayer su primer año en el poder en un marco de fuerte crisis económica y social. “A un año de gobierno seguiré cumpliendo el juramento con nuestro pueblo, nadie nos quitará el derecho a ser felices, libres e independientes”, escribió el mandatario en la red social Twitter. Maduro felicitó además al pueblo venezolano, que ayer festejó 204 años de su independencia. “Felicitaciones a nuestro pueblo de libertadores que 204 años después, hoy más que nunca asume su papel de hacer Patria Grande para siempre”, expresó. Según afirmó Oscar Schemel, presidente de la consultora Hinterlaces, Maduro tiene una aprobación de su gestión por encima del 50 por ciento.

“Largo ha sido nuestro camino como pueblo para lograr la verdadera y definitiva Independencia, 204 años del 19 de abril y la lucha continúa”, aseguró el presidente venezolano. “Un año de Unidad y Batalla, ejerciendo con el pueblo el poder, para hacer la Revolución Socialista y Bolivariana de (Hugo) Chávez”, añadió Maduro, quien acompañó este mensaje con una foto y mensaje firmado por el líder revolucionario. Las autoridades venezolanas iniciaron los actos conmemorativos a esta fecha histórica, con la izada de la bandera venezolana en el Panteón Nacional y posteriormente con el acto de apertura del arca que resguarda el libro que contiene el acta de la declaración de la independencia de Venezuela.

Pero la fecha patria y el primer año de gobierno de Maduro se celebran en medio de una compleja trama social, económica y política en Venezuela, que desató una ola de protestas que desde el 12 de febrero a la fecha ha costado la vida a 41 personas. Esa confrontación fue escalando hasta que los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) consiguieron establecer una mesa de diálogo entre el gobierno y los partidos de oposición, con la mediación de tres cancilleres del grupo y un representante del Vaticano.

Hasta el momento se realizaron dos encuentros de negociación y se consiguieron los primeros tímidos acuerdos, pero las protestas y la tensión se mantienen. Venezuela, que tiene una de las mayores reservas petroleras del mundo, soportaba una inflación que rozaba los 30 puntos cuando asumió Maduro, y que actualmente alcanza el 57,3 por ciento según datos anualizados. El déficit fiscal de entre 15 y 18 por ciento del PIB, una escasez de productos básicos de 28 por ciento y la falta de dólares para importadores complementan un panorama preocupante.

Maduro sirvió seis años como canciller del país, durante los cuatro períodos de gobierno de Chávez. Ganó las elecciones adelantadas del pasado 14 de abril, convocadas tras la muerte del líder bolivariano, ocurrida el 5 de marzo del 2013, con una ventaja de 1,49 puntos porcentuales sobre el candidato de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles, quien desconoció e impugnó los resultados. “Maduro no llegó a 7 millones de votos”, argumentó Capriles quien además dijo que los votos a favor de Maduro habían sido “inflados, entre otras irregularidades, con votos de fallecidos y de activistas oficialistas que votaron suplantando a otros electores”. Para el líder opositor, al menos un millón de personas que votaron por Chávez el 7 de octubre de 2012, lo hicieron por él en los comicios del 14 de abril contra Maduro.

A finales de 2013 el gobierno de Maduro inició una serie de fiscalizaciones e inspecciones en comercios, que arrancó en negocios de electrodomésticos y continuó, con mayor contundencia, hacia las áreas de calzados, textiles, juguetes y vehículos. Estas medidas generaron una revuelta popular que exigía a toda costa la rebaja de precios. Esta sería, hasta entonces, una de las medidas más radicales del gobierno de Maduro. Para el sector empresarial, la oposición y la opinión pública internacional, se trataba de una arremetida en perjuicio del capital privado, la inversión y la propiedad privada. Para el gobierno y sus partidarios eran acciones justas que protegían el salario y atacaban la inflación.

El presidente utilizó los poderes habilitantes que le otorgó el Parlamento para decretar la Ley para el Control de los Costos, Precios, Ganancias y protección de la familia venezolana, que más tarde se llamó Ley de Precios Justos. Con ella se creó la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop), la cual está dirigida por la también ministra de Estado para Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género, Andreína Tarazón. Con esta ley, además de controlar el margen de ganancias para evitar que éstos sean superiores al 30 por ciento y estipular sanciones de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores, promueve la estabilización de precios y estructuras de costos ajustadas con la capacidad adquisitiva de los venezolanos.

Pese a las protestas y a la situación económica, la aprobación del presidente es sostenida por la mitad de la población venezolana. De acuerdo con Schemel, el visto bueno a su gestión tuvo un pico del 60 por ciento en diciembre pasado, cuando Maduro emprendió la llamada “guerra económica” contra los especuladores. “La gran preocupación de los venezolanos es la economía, por lo que restablecer la esperanza y la confianza en un futuro mejor, agregar ingredientes al discurso de inclusión asociados al bienestar, desarrollo y progreso” representa un reto para el gobierno, dijo Schemel. Agregó que las demandas de los venezolanos no tienen que ver con la inclusión, sino con el ascenso social, la calidad de vida, la eficiencia y el desarrollo, “por eso los venezolanos valoran de manera positiva las reuniones con los empresarios, porque les preocupa el desabastecimiento, la inflación y el desempleo”.