La fiscal Cristina Caamaño, de quien depende el Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) que hace 60 días pasó de la ex SIDE a la Procuración General de la Nación, calificó como “una gran mentira” la denuncia del diputado porteño Gustavo Vera sobre presuntas “escuchas ilegales” a la ONG La Alameda. La fiscal no duda de que detrás de la denuncia que fue tapa de Clarín está el moyanista Julio Piumato, quien junto a Vera obtuvo un 0,792 por ciento en las PASO porteñas, aunque considera que “hay algo más” detrás. “La transparencia, la legalidad y la legitimidad del sistema termina con muchos negocios oscuros”, advierte. La Procuración ratificó ayer que no se hacen escuchas sin orden judicial, informó que la Dicom protagoniza “una apertura impensable bajo el régimen anterior”, con visitas de jueces, fiscales, ONG y periodistas, y recordó que la propia procuradora Alejandra Gils Carbó solició al Congreso que active la Comisión Bicameral del Ministerio Público Fiscal para fortalecer el control externo sobre el organismo.

“Vera se monta en un trabajo que se está haciendo muy bien para salir en los medios y se funda en un memo anónimo con membrete de la Procuración y sin firma, que puede escribir cualquiera. Eso le sirve para ser tapa de un diario, es increíble”, advierte Caamaño en diálogo con Página/12.

–¿Sabe si en la Dicom se hacen escuchas a miembros de La Alameda?

–No. Hay entre 3500 y 3600 líneas conectadas, una parte muy ínfima de la población. Unas 2400 conexiones sé que son por narcotráfico, porque en los pedidos los jueces informan “por infracción a la Ley 23.737”. Después hay unas 1200 sobre las que sólo se informa el número de causa. Eso lo cambiamos nosotros para que sea más transparente: no pedimos la carátula, sólo número de causa. Debe haber menos de cien por secuestros extorsivos, privaciones ilegales de la libertad y unas diez por averiguación de paradero y trata de personas. Pero de esas 1200 no conozco más que el número de causa.

–La denuncia sugiere que usted “conduce la totalidad o buena parte de las escuchas ilegales realizada por el Gobierno”, que tiene una “fuerza de tareas” con “una célula de cinco hackers y un grupo operativo de rompepuertas que se dedican al seguimiento de los miembros de la Alameda”.

–Es una gran mentira. Por supuesto que siguen trabajando servicios de inteligencia, actualmente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), primero porque no podíamos reemplazar a todos con gente de la Procuración y segundo porque necesitábamos capacitación. Pero los que quedaron son trabajadores, ningún jefe o empleado de alto rango. Es gente que además tiene muy claro cómo se trabaja actualmente. Todas las semanas hacemos reuniones con jueces, recibimos a ONG y a periodistas. Han venido del Inecip, también de Poder Ciudadano y la ADC (Asociación por los Derechos Civiles), que no son las más amigas, y todos se mostraron muy conformes.

–Vera sugiere que en la sede de la Procuración en Avenida de Mayo habría “áreas restringidas” donde se hacen escuchas. ¿Dónde funciona el Dicom?

–En Avenida de los Incas 3834, donde históricamente estuvo la “Ojota” (dirección de Observaciones Judiciales de la ex SIDE). De hecho, me quise mudar y la procuradora me dijo que por el momento no es posible, por los servers y los equipos informáticos que hay ahí.

–Un comunicado de la Agrupación de Trabajadores del Ministerio Público recuerda la participación de Vera y Piumato en las PASO y sugiere que ambos “pusieron en marcha un nuevo show mediático”. ¿Comparte esa lectura?

–Totalmente. Piumato no se banca que la procuradora haya confirmado a gente contratada hace muchos años porque le quita toda legitimidad a él, que lleva años sin hacer nada. Entonces todo lo que le sirva para molestar lo hace. Y ahora se juntó con Vera. De todas formas me parece que hay algo más detrás. Más allá de las elecciones y de que todos los días van a buscar algo para empiojar, creo que a muchos les molesta la transparencia, que hace que se les terminen los negocios. La transparencia, la legalidad y la legitimidad del sistema terminan con muchos negocios oscuros.

–¿Existe alguna situación específica en la cual la Dicom pueda hacer escuchas sin orden judicial?

–Ninguna. Legalmente no tengo ninguna posibilidad. Y desde el primer día nos ocupamos de verificar que todas las escuchas fueran legales. El 7 de julio, cuando me pasaron 3621 líneas conectadas, la primera medida fue revisar que existieran los oficios judiciales que validaran cada interceptación para evitar que nos hicieran alguna trapisonda. Y estaban todos. Eso también es parte del buen trabajo que hizo la AFI para que el traspaso fuera menos traumático y conflictivo.