El recapturado jefe narco Joaquín “El Chapo” Guzmán regresó a la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, cerca de la ciudad de México, de la que se fugó hace seis meses. El líder del cartel de Sinaloa concentrará todo su poderío económico, jurídico y político en evitar la extradición a los Estados Unidos, que lo reclama desde junio de 2015, mientras el gobierno mexicano se debate sobre la conveniencia de ceder a las presiones diplomáticas y de la propia sociedad mexicana o intentar recuperar cierta confianza en sus instituciones.

Según deslizaron desde la defensa del líder del Cartel de Sinaloa, la estrategia elegida para defenderse “con uñas y dientes” de una extradición a los Estados Unidos comenzará con la presentación de un nuevo amparo judicial, que podría tener la forma de una “suspensión provisional” para dilatar una decisión oficial sobre los pedidos que hizo llegar en junio y julio de 2015 la Justicia estadounidense. Apenas conocida la recaptura del narcotraficante, cuya fortuna se calcula en mil millones de dólares, el embajador de México en Washington, Miguel Basáñez, dijo que la orden de extradición contra Guzmán continúa vigente, pese a que sus abogados promovieron amparos para frenar su entrega a Estados Unidos, aun antes de ser detenido. También participó del debate el senador y precandidato republicano a la Casa Blanca Marco Rubio, quien le pidió al gobierno del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que solicite de manera inmediata la extradición del capo narco mexicano. “Nosotros tenemos la capacidad para llevarlo ante la Justicia”, argumentó el precandidato, que encabeza el poderoso Subcomité de Relaciones Exteriores para las Américas y el crimen transnacional del Senado.

Según la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), “El Chapo” es uno de los narcotraficantes que más droga logró introducir clandestinamente a ese país y, por ello, tiene varias cuentas pendientes en tribunales federales de Arizona, Texas, California, Illinois, Florida y Nueva York, por decenas de cargos de narcotráfico y lavado de dinero. La DEA lo incluyó el pasado 16 de julio en su lista de los hombres más buscados y las autoridades ofrecieron por su cabeza una recompensa de cinco millones de dólares.

El caso es que la extradición de Guzmán es una decisión compleja para el gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Por un lado, existen fuertes presiones por parte de Washington, difíciles de soportar cuando “El Chapo” expuso la connivencia entre el poder político mexicano y el líder del Cartel de Sinaloa con dos fugas consecutivas. Tanto para el jefe de Estado como su secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, entre otros funcionarios, destacaron el viernes la fortaleza de las instituciones mexicanas. “Ningún delincuente está fuera del alcance del Estado mexicano”, se vanaglorió.

Sin embargo, el hecho de que Guzmán haya sido alojado otra vez en el mismo penal de El Altiplano, del que el 11 de julio se escapó utilizando un túnel de un kilómetro y medio de longitud que no pudo haberse construido sin una fuerte logística y complicidad de las autoridades, genera suspicacias en la opinión pública mexicana, que durante el día de ayer manifestó, a través de las redes sociales, sus dudas sobre la idoneidad del Estado para retener al capo narco tras las rejas. El periódico norteamericano The New York Times señalo el mismo día de la captura este interrogante. “La pregunta que gira en las mentes es si las autoridades mexicanas se arriesgarán a intentar encarcelar a Guzmán por tercera vez, o si más bien lo entregarán a los estadounidenses”.

En 2014, cuando “El Chapo” transitaba su segunda temporada en prisión, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que la extradición solicitada por los tribunales estadounidense no se concedería “ni en 300 o 400 años”. Pero la situación ya no es la misma para un gobierno que se debate sobre qué hacer.

El vicecanciller Miguel Ruiz puso paños fríos sobre el interrogante al señalar que esa decisión requiere de un análisis jurídico y muy cuidadoso, y destacó que el Estado tiene la capacidad para resguardarlo en presidio. El dilema tiene varias aristas, la más superficial es que una rápida decisión de extraditar a Guzmán sería interpretada como una admisión de la incapacidad de las instituciones mexicanas para asegurar que no haya una tercera fuga, que sería catastrófica para el gobierno. Si se inicia un juicio de extradición, la autoridades estadounidenses tendrían 60 días para formalizar las solicitudes. Luego un juez mexicano emitiría una resolución para que la Secretaría de Relaciones Exteriores decida. Al final, la última palabra la tiene el canciller.

Mientras tanto, Guzmán puede promover más amparos para evitar que lo entreguen a la justicia estadounidense, como ya ocurrió con otros capos del narcotráfico. Otro tema que juega en la decisión es si, perdido por perdido, “El Chapo” se acoge a algunos de los beneficios que prevén las leyes estadounidenses para quienes entreguen información que permita desarticular redes delictivas. Se presume que el jefe narco tiene conocimiento de primera mano de las redes de corrupción y complicidades dentro de las instituciones mexicanas y de las estructuras políticas.