En un refugio de Safed, en la Alta Galilea, en el que yacían apretujados decenas de ciudadanos, uno de ellos exclamó, concitando las reacciones de aprobación de sus pares: “¡El ejército debe ir hasta el final, de ninguna manera puede parar antes de eliminar al Hezbolá!”. En el frente sur, por otra parte, pueden encontrarse paralelos de la misma actitud probélica. Así ocurre en Sderot, la ciudad que constituye el principal blanco de los cohetes Qassam disparados desde la Franja de Gaza. En una pared, al lado del edificio de la municipalidad, luce el siguiente graffiti: “Llegó la hora de tratar el problema del Qassam como se trata el problema del Katyusha”.

Tanto Safed como Sderot son ciudades periféricas no solamente por su ubicación geográfica, sino también desde el punto de vista económico-social. “La guerra les brinda a los habitantes judíos de la Galilea y del Neguev la oportunidad imaginaria de elevar su condición periférica a la categoría de frontera”, explica Erez Tzfadia, catedrático en el área de política pública y administración. Mientras que la periferia simboliza atraso y marginación con respecto al centro del poder, la frontera representa el esfuerzo pionero y la abnegación nacional en el frente. “Hasta ahora, la población más afectada ha demostrado una alta cuota de patriotismo. Pero una vez finalizada la guerra, los habitantes de la Galilea y del Neguev descubrirán que su capacidad de resistencia fue en vano. El costo de la guerra exigirá nuevos recortes presupuestarios, y ellos serán los primeros afectados, quedará nuevamente expuesta la trampa que apresa a los ciudadanos judíos del norte y del sur entre la frontera y la periferia”, sostiene Tzfadia.

Parte de la responsabilidad recae en el gobierno. Durante los primeros días de la guerra no se mostró dispuesto a rubricar un acuerdo sobre el pago de salarios a habitantes del norte del país que debieron evacuar sus casas –y ausentarse de sus lugares de trabajo– ante los ataques de Katyushas perpetrados por el Hezbolá desde el sur del Líbano. El Ministerio de Economía aceptó pactar al respecto sólo luego de la presión ejercida por la central sindical (Histadrut), las cámaras empresarias y la mayoría de los miembros del Parlamento. El convenio establece que los trabajadores que debieron abandonar sus lugares de trabajo dado que fueron llamados a evacuarlos, o a permanecer en los refugios, recibirán la totalidad de su salario, incluso aquellos que se trasladaron al centro o al sur del país. Los empleadores, por su parte, serán indemnizados por el Estado en concepto de pago de salarios y pérdidas de ingresos.

El acuerdo tripartito contiene un punto clave para saber a quiénes beneficia y a quiénes deja desprotegidos: un 20 por ciento del costo del convenio será financiado por los trabajadores a través de días de vacaciones. “Beneficiará a los trabajadores fuertes, es decir a los que pertenecen a los sindicatos grandes, trabajan ya muchos años en un mismo lugar y cuentan con beneficios sociales, como días de vacaciones acumulados”, explica la abogada Michal Tadjer, de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel. “Por otro lado no recibirán indemnización los trabajadores temporarios, independientes, los que no reciben salario reconocido oficialmente ni cuentan con beneficios sociales y los trabajadores extranjeros, que son el eslabón más débil y, por ende, los que pagarán el precio más alto”, agregó la abogada. Tadjer mencionó casos de trabajadores extranjeros empleados por agricultores de la zona de Metula, a pocos metros del límite con el Líbano, que estarían siendo obligados a seguir trabajando en los campos, totalmente expuestos, mientras que el resto de los habitantes está en los refugios.

No todos los trabajadores independientes de la zona norte pueden abandonar sus puestos de trabajo. Los que lo hacen dependen de sus ahorros, la hospitalidad de familiares y amigos o la ayuda brindada por asociaciones privadas. El Movimiento Religioso Reformista y del Comité Judeo-norteamericano Joint financian y organizan la evacuación de discapacitados del frente norte y el abastecimiento de alimentos a quienes permanecieron allí. El rabino Gilad Kariv, del Movimiento Reformista, señala que los “servicios de bienestar estatales recibieron en los últimos años un duro golpe mediante recortes presupuestarios, y no se prepararon debidamente para un eventual período de emergencia”. Si bien su movimiento financió hasta ahora viviendas para evacuados y ayuda a los refugios cuyo monto asciende a los 600 mil shekels, Kariv asegura que todavía falta mucho por hacer. “Aún existen grandes problemas que no pueden ser solucionados por intermedio de factores de ayuda privados. No puede reemplazar con eficiencia la función de la oficina de bienestar estatal”, afirmó el rabino.

Asa Ben-Yosef, directora del foro de departamentos de bienestar del gobierno municipal, comenta: “Nos inundan con pedidos de comida y dinero. A los que piden comida los derivamos a comedores populares, pero dinero no tenemos para dar ni siquiera en tiempos de paz”. La respuesta del gobierno tarda en llegar. “No queremos parecernos al Líbano, con cientos de miles de refugiados”, dijo un funcionario que participó en un foro interministerial que trató el tema días atrás.

Esta guerra puso de manifiesto una división clasista clara: por un lado, los que cuentan con medios y familiares, que se apresuraron a abandonar sus casas y lugares de trabajo; por el otro, los carenciados que se quedaron en el “frente civil” (un nuevo concepto surgido bajo la lluvia de los cohetes Katyushas, ya que ahora no puede considerarse a la expuesta población del norte como parte de la “retaguardia”), hacinados en los refugios o prefiriendo permanecer en sus casas, arriesgando sus propias vidas, para no tener que vivenciar las condiciones humillantes de la infraestructura de defensa civil.