“Antes había campo de sobra porque no había ningún alambrado. Ahora tenemos el alambre al cuello.” A los 63 años de vida, a Fortunato Leiva se le hace difícil vivir en un campo maniatado por el alambre de púa o las tranqueras, una de las cuales interrumpe el tránsito por la ruta provincial número 6, que aunque nunca fue asfaltada une el municipio correntino de Concepción con el paraje Yahaveré, en los esteros del Iberá, donde viven 16 familias compuestas por unas 140 personas. Ellos resisten el desalojo compulsivo o por desgaste al que vienen siendo sometidos o inducidos, por un lado por el magnate norteamericano Douglas Thompkins, que desde los ’90 a la fecha compró 310 mil hectáreas mediante contratos que ahora son cuestionados por legisladores y organismos de derechos humanos de la provincia. En el otro lado de la pinza está la firma Forestal Andina, de capitales chilenos, que ocupa unas 26 mil hectáreas, a fuerza de empujar hacia la puerta de salida a los pobladores naturales, asentados aquí desde fines del siglo XIX. Las cifras de tierra alambrada son ínfimas, porque los esteros ocupan 1,2 millón de hectáreas a lo largo de nueve departamentos correntinos. Por eso es incomprensible que 140 personas estén por perder el lugar que tenían en el mundo.

“Históricamente, las tierras eran fiscales. A partir de 1976, con la dictadura militar, se hicieron algunas ventas, pocas, a particulares, pero después se fueron paralizando. En los tiempos de (Carlos) Menem, fue compulsiva la compra de tierras por parte de ministros, diputados y figuras importantes de la vida correntina. Los llamamos los nuevos ricos, porque se hicieron ricos con la política. Desde que asumieron en cargos de importancia se convirtieron en hacendados o se casaron con miembros de las familias tradicionales.” Marta Ramírez es abogada del Centro de Estudios del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la ciudad de Corrientes y acompañó a Página/12 en la recorrida por el paraje Yahaveré.

Ramírez explicó que, en Corrientes, por ley, “las compras de grandes extensiones de tierra tienen que ser aprobadas por la Legislatura, pero en estos casos, como ellos eran el poder político, simplemente no cumplieron con la ley. Las ventas no fueron aprobadas por el Congreso, como corresponde. Con el tiempo, a partir de 1998, comenzaron a venderle las tierras a Douglas Thompkins. Habrían cobrado el doble del precio al que las compraron y recibieron el pago en efectivo y en dólares. Un negocio redondo para ellos, en ese momento, aunque es posible que se arrepientan porque el valor de estas tierras sube día a día”. Los Esteros del Iberá, sobre todo en la zona de Mercedes, se están convirtiendo en un centro turístico de excelencia a nivel internacional.

Las 26 lagunas que integran los Esteros del Iberá, que ocupan el 14 por ciento del total del territorio provincial, son de agua dulce y están conectadas con el Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua potable del mundo. “Toda esa infraestructura hace que la zona sea un paraíso, un lugar con todas las puertas abiertas al crecimiento”, insistió Ramírez. El concejal de Concepción Abel Enrique Velozo forma parte de un conjunto de legisladores que se unieron para reclamar que la Justicia y el gobierno de Corrientes hagan una “investigación a fondo” sobre la legalidad de la venta de tierras a Thompkins y a Forestal Andina. También se hará la presentación, en los tribunales de la Capital Federal, de un recurso de amparo colectivo para frenar el drenaje de antiguos pobladores. La argumentación jurídica está siendo elaborada por la abogada María Elba Martínez, del Servicio Paz y Justicia de Córdoba.

Los desalojos

La técnica del desalojo compulsivo no es nueva. Ya se aplicó, con éxito, en el paraje Ñu-Pui, ubicado en el departamento San Miguel. “De ese lugar echaron a 23 familias, en algunos casos con la ayuda de la Gendarmería, cuando se trata de gente pacífica, incapaz de ensayar una resistencia por la fuerza”, explicó a este diario el concejal Velozo. “Una avioneta, que es propiedad de Alberto Anzola (histórico dirigente del Partido Liberal, hoy retirado de la política), sobrevolaba las casas, para amedrentar a la gente y para ahuyentar a los animales. De esa forma se fue presionando a las personas para que se fueran. Una vez que se iban, las viviendas (de caña, barro y paja) eran quemadas. En algunos casos, la gente no tuvo tiempo de retirar todas sus pertenencias”, denunció el concejal Velozo.

En la recorrida que hizo Página/12, en camioneta, en canoa y a caballo, la avioneta “de Anzola” anduvo sobrevolando durante largo tiempo. Anzola, ante una consulta de este diario, dijo que no tenía “nada que decir sobre el tema” de los desalojos compulsivos. Un vocero aseguró que “es lógico que el dueño de una tierra la sobrevuele o la recorra con auto o a caballo”. Velozo y Ramírez explicaron que “como se trataba de tierras fiscales que antes habían ocupados sus padres y sus abuelos, los pobladores originarios nunca tuvieron en su poder los títulos de propiedad y por eso fue fácil echarlos, pero ahora apelaremos al amparo colectivo y a la letra de la Constitución provincial, que habilita la posibilidad de realizar ‘acciones populares’ para defender derechos adquiridos”. En el cementerio de Yahaveré, una de las tumbas data de 1867. Es la de Aquilina Gómez, fallecida el 25 de agosto de ese año, a los 35 años de edad.

Los pobladores

María Leiva, la esposa de don Fortunato Leiva, apenas si murmura que tiene “cincuenta y tantos años”. En silencio barre el piso de tierra de su casa, mientras acompaña con el mate y la pava a todos los visitantes. Los sigue y les ceba el mate, sin dejar de supervisar las tortas fritas que se mueven dentro de la grasa hirviente. La ayudan sus tres hijos menores. La limpieza del hogar se complicó para María con la llegada de Thomkins. “Mire lo que han hecho –dice en uno de sus pocos parlamentos–; el baño nos quedó del otro lado del alambrado” y muestra, a la distancia, las cuatro chapas a cielo abierto que igual garantizan intimidad, porque la casa más cercana está como a diez kilómetros.

Don Fortunato larga sin preámbulo su certificado de propiedad de la tierra en la que vive: “Yo soy nacido y criado acá. Mi viejo y mi abuelo también”. La vida es simple en el paraje Yahaveré. “Nosotros vivimos de la caza de carpinchitos y de los chanchos, de las vacas, de las ovejas. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir sin molestar a nadie.” Mientras habla, levanta la vista para mostrar los quesos que se están “curando” cerca de la cumbrera de la cocina y la carne de carpincho que se está aireando, con vistas a la cena de esa noche. “Así criamos a nuestros ocho hijos; tres güainas y cinco varones”, convalida Fortunato mientras saca una botella de vino tinto para agasajar a los recién llegados.

Dice que nunca le vio la cara “al Thomkins ese”. Calcula que va a ser “muy difícil” quedarse a vivir en el paraje “si es cierto lo que dicen que nos van a dejar nada más que veinte hectáreas para cada uno, con tanto campo que hay. ¿Dónde pongo mis cinco vacas, mis cinco chanchitos, mis gallitos? Lo que nos ofrecen es nada”. Fortunato acuerda que “lo único que hacen es arruinar a los pobres; ésta es la ruina para nosotros. El que tiene más quiere más. ¿Para qué? Ahora nos dicen que nos van a dar harina para vivir y otras cosas. ¿Por qué? Si nosotros vivimos todos estos años sin molestar a nadie, con nuestras lecheritas, con lo nuestro nomás”.

Raúl Valenzuela recuerda los tiempos en los cuales los viejos pobladores “recorrían los campos en carreta, porque no había nada que los parara, como ahora, que para pasar por tus campos tenés que pedir la llave para abrir una tranquera. ¿Dónde se vio?”. Valenzuela, que vive en Concepción y acompaña al concejal Velozo, recuerda que todos los pobladores “han vivido aquí desde que tienen memoria; cada lugar tiene su cementerio, su capilla, su escuela, han vivido siempre en comunidad y no han sido nunca un problema para nadie. No puede ser que se los eche porque sí nomás”. Dora Ramona Falcón es la maestra de la Escuela 961 de Yahaveré. Se apoya para conversar sobre las paredes, sin ventanas ni puertas, de la “parte nueva” del colegio, que desde hace años espera su habilitación. Todavía no le pusieron el techo. Las chapas se están oxidando tiradas sobre el terreno húmedo del Iberá. El humedal se mantiene, a pesar de una sequía que ya lleva casi un año. Los chicos, que son 23, de primero a sexto grado, cursan todos juntos. Llegan a caballo luego de travesías de cuatro o cinco horas. Ella se queja porque no tiene “los elementos necesarios para darles educación a ellos”. Las madres de los chicos rezongan porque la maestra “falta más de la cuenta y ni siquiera avisa el día anterior; los chicos tienen que viajar tanto para nada; no está bien”. Los pobladores están librados a su suerte, en todos los aspectos.

Nicanora Avalos, 63 años, se tuvo que ir del paraje Ñu-Pui, donde pasó toda su vida. La echaron con la Gendarmería, aunque vive sola. Hace 15 años murió su esposo y sus hijas, Paula y Nicasia Ayala, ya se han casado y abandonaron la casa materna. “La avioneta de Alberto Anzola anduvo por arriba de mi rancho. El es el que anda arriba de la máquina.” Nicanora habla en perfecto guaraní, mientras traduce el concejal Velozo, quien explica que Anzola se compró la estancia San Alonso, de 18 mil hectáreas, y que desde ahí se moviliza para “convencer a los pobres que se vayan”. El concejal se ríe por la ironía.

Nicanora afirma que ella “no pudo hacer nada” para evitar que la echaran. La frase es acompañada con sus dos manos llenas de arrugas. Los dedos se encrespan como si recordara la escena que le hizo daño. “Me quedé una noche en el paraje Carambola y después volví a la casa, porque no había podido sacar todo. Cuando llegué no había nada. Me habían quemado todo. ¡Todo!”, repite como si ella misma no pudiera creerlo. Ahora vive en una casa pequeña del barrio Las Tablitas, en Concepción. Aunque es una ciudad pequeña, Nicanora se siente asfixiada: “Aquí no me hallo”.

Se declara del Partido Liberal. “Hasta la muerte soy del color celeste”, confirma aunque sabe que nadie de esa agrupación política hizo nada para darle una mano. La intendenta de Concepción, Miriam Celeste Fernández, es del Partido Liberal. Uno de los pocos que se le acerca es el concejal Velozo, que es del Partido Nuevo. Nicanora se quedó apenas con unas pocas gallinas porque en la mudanza perdió “todos los animales que tenía”. Se los habían robado, antes de desalojarla por la fuerza. “Ahora, si no me ayudan los vecinos, hay días que no como.” Dice la frase y se ríe, por primera vez durante la entrevista. Su sueño es “que me den un sueldito; una ayuda”. Se queda restregándose las manos callosas y vuelve a sonreír. Leoncio Núñez, de 45 años, sigue en Yahaveré, con su mujer y sus ocho hijos. “Antes vivíamos mariscando (de la caza y de la pesca) y ahora ya no podemos hacer eso porque nos están presionando mucho la gente extranjera. Nos están cerrando todos los caminos con la línea (el alambrado) y en las tranqueras nos ponen candados para que no podamos movernos como antes, cuando la tierra era nuestra.” Leoncio extraña las salidas a la laguna, para pescar sábalos. “Salíamos a la tarde o a la mañana, pero no mucho. Nosotros no perseguíamos mucho a los bichos. Sólo para comer.”

–¿Y ahora no pueden salir a pescar?

–Para nada. Nos están presionando mucho con la línea, nos están cerrando todos los puertos, en todos lados. Ahora mismo están levantando otra línea ahí nomás (y señala para el lado de la laguna). Las cosas se pusieron más duras desde diciembre. Los que están poniendo las líneas acá son los de Forestal Andina. Tampoco podemos tener muchos animales, que es otra forma de vida, porque nos están arrinconando contra los esteros. Estamos mal.

El apoderado de Forestal Andina es Manuel Esquenón. Se dice que el presidente es Fernández Nadeo y que otro de sus representantes es de apellido Maquiavello. Se dice que existe una vinculación con Miguel Reynal, el ex titular de Vida Silvestre, quien fue uno de los primeros en llegar a los esteros, con una ONG llamada ECOS. Forestal Andina ha construido un terraplén que divide en dos partes los esteros. Esto, segúnlos técnicos consultados por el concejal Velozo, podría ocasionar inundaciones, si es que vuelven las lluvias fuertes.

Los vecinos también se quejan por la actitud de otra de las instituciones que ellos respetan: la Iglesia, representada en Concepción por el párroco Rubén Barrios, quien se negó a hablar con Página/12. “El cura nos hizo firmar un papel y creo que nos hundió”, intuye Fortunato Leiva. En una reciente asamblea, de la que se hizo un video, el párroco se peleó duro con Hilda Pressman, dirigente de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. Barrios se quejó por la presencia de la “lacra comunista” (sic). Los vecinos se enojaron con él y le recordaron lo que tantas veces dijo el ex obispo de La Rioja monseñor Enrique Angelelli: “Usted tiene que estar con los pobres, no con los ricos”. En el paraje Yahaveré la vida ya no transcurre con la calma de antes. Las esperanzas están puestas en la Justicia, provincial y nacional, y también en el Congreso de la ciudad de Corrientes.

“Nos oponemos a que sigan los desalojos y a que el Plan de Manejo y Conservación de los Esteros del Iberá lo tengan Thompkins y Forestal Andina. Nosotros queremos participar en ese Plan de Manejo con todos los municipios involucrados. También queremos que se investigue si la compra de las tierras se hizo en el marco de la ley. Y queremos, sobre todo, que se respete el derecho de los pobladores originarios”, aseguró el concejal Velozo. Los otros municipios involucrados, además de Concepción, son los de Santo Tomé, Virasoro, Ituzaingó, Loreto, San Miguel, Chavarría, San Miguel, Mercedes y Colonia Carlos Pellegrini.