Dos ex jefes paramilitares se sumaron ayer a los otros catorce que hace casi una semana están recluidos por orden del presidente Alvaro Uribe. Arnulfo Triana –alias Botalón– y Roque Isaza se entregaron para no perder los beneficios que les habían prometido dos años atrás, cuando negociaron la desmovilización de sus tropas. La idea detrás de las detenciones era recuperar la credibilidad en el proceso, que viene siendo cuestionado por la oposición y los organismos internacionales de derechos humanos. Pero a juzgar por la reacción de los distintos sectores, Uribe sólo logró sumar nuevas críticas.

El 1º de julio de 2004 el gobierno de Uribe y algunos de los principales líderes de los grupos armados de extrema derecha se sentaron por primera vez a negociar el desarme y la desmovilización de los miles de paramilitares que desde hace décadas controlan grandes porciones del territorio colombiano. Las condiciones para este proceso de paz se establecieron con la Ley de Justicia y Paz, una amnistía diseñada por el uribismo para asegurarles a los jefes paramilitares cuatro garantías: no permitir extradiciones, no cumplir largas condenas, no pagar grandes reparaciones ni ser procesados por tribunales penales internacionales.

A pesar de la lluvia de críticas que cayó sobre esta amnistía, Uribe siguió adelante con las negociaciones, incluso cuando durante su última campaña se destapó el financiamiento y el apoyo de importantes figuras del paramilitarismo a miembros de su partido. Pero el verdadero golpe al proceso lo dio el fallo de la Corte Constitucional al redefinir los puntos más cuestionados de la Ley de Justicia y Paz del presidente. Los paramilitares ahora tendrán que reparar a sus víctimas con sus bienes –obtenidos de forma ilegal pero también ilegal– y serán procesados por cargos comunes y ya no políticos. Este cambio, celebrado por los organismos de derechos humanos, fue rechazado por los grupos armados de extrema derecha, que en aquel momento advirtieron que las negociaciones estaban “en crisis”.

Así se llega a la tensión actual, que forzó a Uribe a detener a catorce jefes paramilitares, que aunque ya habían desmovilizado a sus filas, todavía se negaban a presentarse ante los tribunales ordinarios. El presidente intentó presionar el miércoles pasado: se entregan a la policía o se comienzan a tramitar las extradiciones a Estados Unidos. Esta es la única arma verdadera que tiene el gobierno colombiano para mantener a los paramilitares dentro del proceso de paz. Para el sociólogo Balbín es muy poco probable que los miles de hombres que se desmovilizaron opten por retomar la guerra armada y se arriesguen a una extradición a Estados Unidos, donde sin dudas serán juzgados y condenados.

Pero que las apariencias no engañen. El gobierno de Uribe no ha dado un giro y se ha enfrentado a los jefes de las AUC, considerados por la izquierda colombiana como sus aliados políticos. En primer lugar, los paramilitares detenidos el miércoles –algunos respondieron al pedido del presidente y se presentaron voluntariamente en las comisarías– no se encuentran en cárceles comunes. El gobierno, en cambio, decidió enviarlos a un centro de vacaciones para empleados públicos, cerca de Medellín. Allí se quedarán hasta que se “acondicionen” algunas celdas en cárceles comunes.

Con los jefes paramilitares allí, Uribe quiere agilizar las negociaciones para consensuar la ley que reglamente lo consignado en el fallo de la Corte Constitucional. Esa será la última pulseada entre los paramilitares, el gobierno, la oposición y los grupos de derechos humanos. Y para Uribe, será la última oportunidad para imprimirle al proceso el sello de legitimidad que nunca tuvo.

Para el director del Instituto Popular de Capacitación de Medellín, Jesús Balbín, la intención del presidente al ordenar las detenciones era presionar a los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) –el principal bloque desmovilizado– para que cumplan con lo pactado y se presenten ante la Justicia. La izquierda colombiana, en cambio, le restó importancia a los arrestos y los calificó de “show publicitario”. El congresista Jaime Dussán, del izquierdista Polo Democrático, aseguró que sólo se trató de una movida de Uribe para quedar bien con Estados Unidos,que reclama la extradición de los paramilitares por su participación en el narcotráfico.

El sociólogo colombiano Balbín le explicó a este diario que el arresto de los paramilitares fue sólo un incidente más dentro de un proceso marcado por la ausencia de legitimidad, ante la sociedad y ante la comunidad internacional.

Informe: Laura Carpineta