El gobierno de Rafael Correa ganó una pieza clave en el complicado ajedrez que juega con la oposición: el Tribunal Supremo Electoral. La semana pasada el tribunal había decidido, para sorpresa de muchos, apoyar la consulta popular enviada por el Ejecutivo para convocar una Asamblea Constituyente. Para los diputados opositores, ese fallo, que anulaba las garantías que ellos se habían asegurado dos semanas antes, fue inaceptable. Entonces, en una sesión de emergencia aprobaron la destitución del presidente del tribunal, Jorge Acosta. La movida no era constitucional, pero tenía el apoyo de Sociedad Patriótica, el partido de Lucio Gutiérrez y al que Acosta respondía. Sin embargo, el presidente del tribunal ya había conseguido otro apoyo, uno que le permitiría no sólo permanecer en el cargo, sino también destituir a más de la mitad del Congreso unicameral. Ayer, Correa hizo ese apoyo explícito. “El gobierno ciudadano triunfó sobre los pelucones de siempre”, celebró.

La nueva alianza entre los vocales del tribunal y el gobierno progresista se terminó de sellar ayer después de que Correa ordenara a la policía tomar el control del Congreso para evitar el ingreso de los diputados destituidos. Se trata de 57 legisladores en total, incluyendo casi toda la bancada del Partido Renovador Institucional Nacional (PRIN) y de Sociedad Patriótica, hasta ahora la primera y segunda minoría, respectivamente. Además, estas dos fuerzas responden a los dos dirigentes opositores más importantes del momento, el ex rival electoral de Correa, el multimillonario Alvaro Noboa y el ex presidente Gutiérrez. Ayer los 57 diputados intentaron entrar a sus despachos, pero un cordón de policías y varias decenas de manifestantes enardecidos se lo impidieron.

Hubo algunos forcejeos con los simpatizantes del gobierno, hasta que los opositores decidieron desistir y reagruparse en un hotel del centro de Quito para planificar sus próximos pasos. El problema que encontraron es que están solos. Sus partidos todavía no salieron a apoyarlos públicamente. En los pasillos del Congreso ecuatoriano ayer se rumoreaba que las cúpulas de las fuerzas opositoras estaban decidiendo entre dos opciones: respaldar a sus hombres y enfrentarse al gobierno, o aceptar que esta batalla está perdida y permitir que asuman los diputados suplentes. En el primer caso, el Congreso quedaría paralizado, ya que no habría quórum para sesionar y Correa quedaría legitimado para continuar gobernando por decreto. En el segundo caso, el Legislativo podría reanudar sus sesiones y continuar presionando para moderar las iniciativas del gobierno.

A pesar del clima de tensión, nada parece hacer peligrar la consulta popular, que ya está programada para el próximo 15 de abril. La oposición sigue insistiendo para que el tribunal acepte su recurso de inconstitucionalidad, y acusa al gobierno de forzar la letra de la ley. Pero lo cierto es que ya no queda tiempo. Correa triunfó en la batalla que más le importaba: le abrió la Constituyente.