Por estos días está instalado en Washington, mientras sesiona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, donde acaba de ser elegido vicepresidente segundo. El jurista argentino Víctor Abramovich, ex director del CELS, es además relator especial sobre los derechos de las mujeres en todo el continente. Desde ese lugar, evalúa que las dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia para acceder a la Justicia es uno de los principales problemas en términos de género en el país. “Muchos fiscales consideran como casos menores los de violencia doméstica y piensan que no se justifica usar toda la maquinaria de la Justicia para llevar adelante la investigación”, advirtió Abramovich. También le preocupan las consecuencias de la criminalización del aborto. A título personal, considera que “sería correcto sacar el aborto del ámbito penal”. A continuación, los puntos más salientes de una entrevista con Página/12, donde analizó también las repercusiones de las políticas represivas de seguridad impulsadas por el ingeniero Juan Carlos Blumberg.

La CIDH sesiona tres veces al año, dos semanas en cada oportunidad. Esta semana es la última de este primer período de deliberaciones de 2007. Al organismo de la OEA, Abramovich se incorporó en enero de 2006, como relator para cuatro de los países con realidades políticas y sociales más complejas del continente: Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua, además de ocuparse de los derechos de las mujeres. Curiosamente, la CIDH actualmente no tiene ninguna mujer entre sus integrantes: “Es un problema. En julio se renuevan cuatro miembros y estamos proponiendo que los Estados nominen mujeres, que busquen un equilibrio”, aclaró Abramovich.

¿Cuáles son las asignaturas pendientes en materia de derechos de las mujeres en la Argentina?

–Hay problemas que son regionales, como la violencia contra las mujeres, un tema que estamos siguiendo desde la Comisión. Esta semana, justamente, vamos a presentar un informe temático sobre el acceso a la Justicia de las mujeres en casos de violencia. Hay situaciones en Argentina que son similares a las de otros países, por ejemplo, la ineficacia de los mecanismos de tipo preventivos o cautelares. Alrededor del 30 por ciento de las mujeres asesinadas por sus parejas tenía medidas de protección de la Justicia. Y en algunos países el porcentaje es más alto aún. Encontramos algunos patrones de discriminación hacia las mujeres en el ámbito de la Justicia. Un problema es la falta de resultados en las investigaciones penales de casos de violencia física y sexual. Es frecuente que se den situaciones de revictimización de la víctima. Las mujeres tienen dificultades en el acceso a los tribunales o para tener un abogado gratuito. Todo esto ocurre en la Argentina, aunque no podemos dejar de mencionar que ha habido avances en relación con otros países, como la apertura de defensorías y la implementación de programas de asistencia a las víctimas. En otros países la situación es más difícil.

–La violencia hacia las mujeres parece una epidemia incontrolable. ¿Por dónde hay que empezar para erradicarla?

–Es un avance importante que se haya declarado como una violación de derechos humanos, a partir de la Convención de Belén do Pará, porque lo convierte en un tema del ámbito público que requiere respuestas del Estado. La violencia contra las mujeres está íntimamente vinculada a los problemas de discriminación. Hay situaciones de desigualdad de poder en ciertos ámbitos que responden a causas profundas, a patrones culturales de discriminación. Para esto no hay respuestas mágicas. Lo primero que hay que hacer es trabajar en el cambio de esos patrones que le asignan a la mujer un rol subordinado, que toleran esas formas de desigualdad como algo natural. Este mismo patrón cultural de discriminación se ve en muchos países, también en la Argentina, en el funcionamiento de las instancias judiciales. Y explica en gran parte la falta de respuesta de la Justicia en los casos de violencia contra las mujeres.

–Entonces, un paso fundamental sería trabajar en la eliminación de los prejuicios de jueces y fiscales ...

–Ese es el punto quizá más importante y a la vez más difícil para encontrar políticas públicas que resuelvan el problema. No se trata de reformar una ley o de asignar más presupuesto, sino de cambiar todo un sistema de creencias personales que está muy arraigado en la Justicia. Muchos fiscales consideran como casos menores los de violencia doméstica y piensan que no se justifica usar toda la maquinaria de la Justicia para llevar adelante la investigación. No les dan prioridad. Además, muchas veces se ve como un problema de familia, en los que se busca la conciliación de las partes y se pierde de vista la situación de desigualdad entre la víctima y el agresor.

–Para el Movimiento de Mujeres argentino, la criminalización del aborto es una violación de los derechos humanos de las mujeres. ¿Comparte esa postura?

–Mi posición personal, y no es la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no ha sido materia de discusión, es que se debería proceder a despenalizarlo. La criminalización del aborto tiene relación directa con la mortalidad materna, produce una afectación a la vida y a los derechos de las mujeres, les pone obstáculos al acceso a la salud y pone en riesgo su integridad. Sería correcto sacar el aborto del ámbito penal, tal vez fijar alguna reglamentación, no tengo claro en qué términos, pero despenalizarlo. El caso más extremo fue la reciente penalización del aborto terapéutico en Nicaragua. Hasta su derogación, estaba claro que estaba permitido cuando hubiera riesgo para la madre y se requerían de tres dictámenes médicos que lo certificaran. En una audiencia que hubo la semana pasada en la Comisión, donde se trató la situación de Nicaragua, se contaron tres casos particulares de médicos enfrentados a situaciones de riesgo de vida de las mujeres: si intervenían cometían un delito, si no la mujer se moría. En uno de los casos la mujer murió. Me parece la situación más terrible. En los otros dos, por cuestiones humanitarias los médicos realizaron el aborto. La norma va contra el sentido común. Ya no es una discusión filosófica.

–¿La penalización del aborto en Nicaragua puede ser el comienzo de una tendencia en la región?

–No, creo que la tendencia sigue siendo a la inversa, a una mayor concientización sobre la consecuencias de la penalización del aborto, de cómo afecta la salud de las mujeres. En algunos países con más desarrollo se discute desde la perspectiva de la planificación familiar. La tendencia es en esa dirección.

–La CIDH ha cuestionado duramente la situación de las cárceles en el país, en particular las de Mendoza. ¿Observan mejoras? ¿Es un problema que se puede resolver?

–A la Comisión no le corresponde definir políticas, solamente marca problemas y algunos lineamientos que deberían tomarse en cuenta. Lo que observamos es una relación entre los problemas que se dan en las cárceles y las malas reformas judiciales que han implicado abusos de la prisión preventiva, convirtiéndola en una pena anticipada, o la demora en los procesos judiciales. Hay una ola peligrosa de endurecimiento de las leyes penales para mejorar la seguridad pública. Ya no hablan de mano dura, sino de súper mano dura como en El Salvador. Así como no sirve cuando se judicializan temas de salud pública, como el aborto, tampoco sirve buscar resolver los problemas graves de seguridad a través del sistema penal. Para la Comisión es muy importante plantear algunos principios para que se impongan cambios en los sistemas judiciales: es fundamental, por ejemplo, restringir la prisión durante el proceso y que solamente se puede establecer como excepción, en algunos casos y cuando está en riesgo la investigación penal.