El planteo del presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) resume un reclamo que, desde muy diferentes posiciones políticas, sostienen las principales agrupaciones estudiantiles, además de los gremios docentes y también autoridades académicas: “El 2007 debe ser el año en que se debata fuertemente el sistema universitario”. Si no el central, uno de los ejes de la reclamada transformación apunta directamente a la vigente Ley de Educación Superior (LES), sancionada en 1995, bajo un halo reglamentarista que, entre otras cosas, debilitó la autonomía universitaria y habilitó el arancelamiento de los estudios.

Las expectativas sobre los cambios para este año fueron alentadas desde el propio Gobierno. En diciembre pasado, tras la sanción de la Ley Nacional de Educación, Daniel Filmus, ministro de Educación, consideró que la LES es “la única legislación que queda pendiente para reformular respecto de las perspectivas de la década del ’90” y agregó: “Nuestro compromiso es que el debate sea sobre todo el 2007 y que, para fines de año, alejado de la fecha electoral, podamos presentar un proyecto, resultado del consenso de todas las universidades”. Incluso el ministerio le encargó a Juan Carlos Pugliese, ex funcionario de la cartera, la confección de un anteproyecto de ley cuyos lineamientos prevén rediseñar la relación entre universidad y Estado en función de un proyecto nacional, garantizar la gratuidad del grado, profundizar la autonomía bajo evaluación, mejorar la articulación del sistema con la escuela media, modificar la integración de la Coneau y otros puntos.

Pero, con el correr de la campaña electoral –la nacional y la porteña, ésta con Filmus como candidato–, diversos sectores vinculados al kirchnerismo empezaron a dudar sobre la conveniencia política –para el oficialismo– de abrir un complejo proceso de discusión en un sector como el universitario, donde tienen fuerte representación espacios opositores. Si bien aún no está claro cuánto pretende avanzar el Gobierno en la reforma normativa, ni cómo buscará instrumentar el debate, el secretario de Políticas Universitarias, Alberto Dibbern, sí confirmó a este diario: “Vamos a plantear un menú de temas sobre los que esperamos recibir las opiniones de todos los actores universitarios: federaciones estudiantiles, docentes, trabajadores, gremios y otras organizaciones sociales”.

Ese proceso de discusión está previsto para el segundo trimestre del año. En cambio, la insistencia estudiantil para avanzar en la derogación de la LES ya está en marcha. “Desde diferentes espacios estudiantiles y docentes tenemos una fuerte convicción sobre la necesidad de cambiar la ley y creemos que el 2007 debe ser el año... Si el Gobierno no toma esto en serio, vamos a presionar para generar todas las instancias políticas necesarias”, avisó Mariano Marquínez (Franja Morada), presidente de la FUA. La Federación tiene también una propuesta de ley basada en un marco reformista aggiornado, con la gratuidad de grado y posgrado, democratización del acceso y la permanencia, profundización del cogobierno (igualdad de docentes y estudiantes) y el reemplazo de la Coneau. La idea de la presidencia de la FUA es crear una comisión especial que, sobre la base de su proyecto, reúna propuestas e intente sumar consensos para intentar presentarlo en las universidades en la segunda mitad del año.

También las agrupaciones estudiantiles afines al kirchnerismo pretenden cambios inmediatos. “Hay que derogar la ley actual y formular una nueva, aunque una ley no deja de ser un instrumento. Lo más importante es una política de Estado que comprometa a todos los claustros. Este es el año en que la universidad tiene que estar a la altura de las circunstancias, no podemos quedarnos al margen de los cambios que vive el país”, opinó Sebastián Tapia, secretario general de la FUA. Entre las bases de una posible transformación consideró fundamental modificar el sistema electoral para generar una relación diferente entre las autoridades y la comunidad académica: “Vamos a proponer el voto directo ponderado para la elección de todas las autoridades, rectores y decanos”. Otra propuesta: “El voluntariado universitario tiene que ser obligatorio y curricular para todas las carreras”. En el primero de una serie de encuentros, este fin de semana, en Entre Ríos, agrupaciones de este espacio empezarán a debatir sobre “Universidad, sociedad y pensamiento nacional”.

Federación referente para la izquierda estudiantil, la FUBA advirtió a través de Juan Pablo Rodríguez (PO), copresidente, que “si el debate sobre la ley universitaria va a ser como el de la ley nacional el año pasado, va a resultar una tomada de pelo”. Más allá de los modos del debate, estimó que cualquier norma que surja del marco de la Ley Nacional de Educación implicará “un avance en el proceso de desmantelamiento educativo”. Su definición: “Rechazamos la LES menemista y acusamos al Gobierno de agudizar el mismo proceso. Una nueva ley debería tener un solo artículo: se debe respetar la autonomía universitaria”.