Los militares acusados por crímenes cometidos durante la última dictadura que están detenidos en dependencias de las Fuerzas Armadas serán alojados en un edificio especial bajo el control del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Así lo anunció la ministra de Defensa, Nilda Garré, durante una jornada de derechos humanos en el Banco Central. La iniciativa es consecuencia del reclamo de los organismos que impulsan las causas contra represores, que sostienen que deben cumplir su detención en las mismas condiciones que cualquier otro preso.

La nueva medida alcanzaría al menos a 66 militares detenidos, según los datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Garré informó que su cartera ya inició la adecuación de una unidad militar que se usaría sólo para represores. Habrá celdas y regirán la custodia y las normas del Servicio Penitenciario Federal. Según pudo saber este diario, estaría en La Plata y las tareas de reacondicionamiento terminarían en un mes.

El año pasado el Ministerio de Defensa se presentó en varias causas y les pidió a los jueces que revisaran el criterio que muchos aplican en la detención de militares por delitos de lesa humanidad. “No parece razonable admitir que la ejecución de detenciones preventivas y de penas privativas de la libertad de los miembros de las Fuerzas Armadas se efectivice en unidades militares cuando lo que está en juego es la comisión de los delitos previstos en el Código Penal y no los previstos en el Código de Justicia Militar”, sostuvo. Esa situación, dijo, “podrá ser apreciada como la existencia de un régimen privilegiado de ejecución penal”.

“Los jueces, en general, rechazaron este reclamo”, recordó el abogado Rodolfo Yanzón quien, como querellante en la causa sobre los crímenes de la ESMA, pidió, sin éxito, que los imputados, como Alfredo Astiz, fueran llevados a cárceles comunes. En la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército, la detención en bases militares se aplicó más como excepción que como regla.

Por todas las investigaciones sobre crímenes del terrorismo de Estado hay 259 presos entre militares, policías, civiles y penitenciarios. En el penal de Marcos Paz están 36 de ellos, de los cuales cuatro son militares, indicaron en el Ministerio de Justicia. La mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas están detenidos en sus casas o en edificios castrenses.

Al sentar posición, la Cámara Federal dijo que aunque los detenidos estén en lugares de la Marina, la Fuerza Aérea o el Ejército, lo importante es que la custodia la ejerza el Servicio Penitenciario Federal, algo que no se llevó a cabo. Ahora el tema está en la Cámara de Casación.

“Una cárcel común o edificio especial será una buena medida siempre que se aplique el régimen penitenciario. Evitará, además, contaminar a los actuales miembros de las Fuerzas Armadas”, sostuvo Carolina Varsky, del CELS. Yanzón evaluó: “Si la nueva dependencia aplica un tratamiento penitenciario, como una prisión común, bienvenida. Sólo me genera dudas que sea un establecimiento militar. Y sería bueno que se apuren, o quedará como anécdota, ya que la Sala IV de Casación cambió su criterio restrictivo sobre libertad hasta el juicio desde que empezó a recibir planteos de represores”.