Los escándalos políticos no dan tregua en Bogotá. El último capítulo de esta interminable novela lo protagonizó el jefe paramilitar desmovilizado Salvatore Mancuso, al involucrar al vicepresidente Francisco Santos y a su primo y ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en la llamada parapolítica. El vocero de los líderes paras desmovilizados declaró esta semana que los funcionarios, dos hombres muy cercanos al presidente Alvaro Uribe, se reunieron varias veces con él durante la segunda mitad de los noventa para discutir desde una tregua hasta una propuesta para crear un bloque paramilitar en Bogotá para contrarrestar la influencia que por entonces tenía la principal guerrilla del país, las FARC. La repercusión de las palabras de Mancuso asustó a Uribe, quien hace semanas intenta revertir, o al menos contener, la imagen negativa que su gobierno está emitiendo hacia el exterior, principalmente Estados Unidos.

Como lo hiciera con su ex canciller María Consuelo Araújo, Uribe no dudó en respaldar a su número dos y su titular de Defensa. “Creo plenamente en la entidad, en la contextura moral del vicepresidente de la República y de mis compañeros de gobierno”, sostuvo. Pero ayer en Bogotá muchos se acordaban de que después de semanas de apoyos públicos a Araújo –quien cargaba con una familia repleta de vínculos con los paramilitares– el presidente tuvo que desandar sus pasos y sacrificar a uno de sus ministros de confianza. “Ya es muy difícil predecir lo que va a suceder. Lo único claro es que el gobierno está perdiendo el control del proceso con los paramilitares”, explicó a Página/12 el politólogo Fernando Giraldo.

La declaración de Mancuso es un ejemplo de este descontrol del que habla el politólogo colombiano. Mancuso había pedido entrevistarse con el presidente Uribe una semanas atrás para aclarar los rumores periodísticos sobre posibles extradiciones a Estados Unidos, país que reclama a muchos de ellos por narcotráfico. Cuando los jefes paramilitares decidieron desmovilizarse en 2004 junto con sus 31 mil hombres pusieron como condición no cumplir penas mayores de ocho años de cárcel y no ser extraditados. Pero el mandatario no podía seguir tiñendo de duda el proceso con los paras y se negó al encuentro. El rechazo presidencial no cayó bien en la cárcel de máxima seguridad de Itaguí, desde donde Mancuso hizo su primera advertencia: “Voy a contar toda la verdad”.

Según su verdad, el actual vicepresidente se reunió cuatro veces con él y con Carlos Castaño, otro jefe paramilitar recientemente asesinado. El compañero de fórmula de Uribe habría sido quien le propuso crear un nuevo frente paramilitar en Bogotá para frenar el avance de las FARC. Durante la misma época pero en reuniones separadas, el ahora ministro de Defensa les habría ofrecido un proceso de paz integral, que también incluiría a las guerrillas. Según Mancuso, la idea de Santos era crear un clima de conciliación que permitiría llamar a una asamblea constituyente y “tumbar” al entonces presidente liberal Ernesto Samper.

Ninguno de los dos Santos negaron los encuentros. El vicepresidente aseguró que siempre había reconocido que se había reunido con jefes paramilitares cuando trabajaba como periodista. Su primo, el ministro, recurrió al mismo argumento que utilizaron todos los acusados de la parapolítica: la paz. “Me reuní con ellos porque quería discutir la posibilidad de un proceso de paz integral”, explicó. Pero lo cierto es que Santos no era parte del gobierno de Samper ni tenía su autorización para negociar con grupos ilegales, como los paramilitares y las guerrillas.

Además de atacar a los Santos, Mancuso también nombró a varios generales retirados del ejército y de la Policía y aseguró que él y sus hombres fueron entrenados por los militares. “Creo que Mancuso está presionando al gobierno para que cumpla con lo acordado bajo la mesa”, aseguró Giraldo, recordando la publicación de las escuchas telefónicas que demostraron que los paras siguen delinquiendo desde la cárcel. Ayer Mancuso dejó deslizar que está negociando con el gobierno estadounidense. Si logra llegar a un acuerdo, Uribe habrá perdido su principal herramienta de presión y su única posibilidad de recuperar el control de la situación.