“Autorícese la venta minorista de la hoja de coca para su consumo”: así dice el proyecto de ley que presentó ayer, en movilización ante el Congreso nacional, la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios. Procuran así llenar lo que denominan un “vacío legal”, ya que el coqueo está permitido en todo el territorio nacional, pero nunca se reglamentó la importación y comercialización de la hoja. Luego de presentar su proyecto de ley, los representantes de los pueblos originarios marcharon –-cantando, bailando, con sus sikus, sus bombos y sus cajas copleras– hasta la Casa de Gobierno, donde denunciaron al presidente Kirchner que “las autoridades de Aduana y Gendarmería hostigan, discriminan, ridiculizan y expolian a nuestros hermanos por razones legalmente inexistentes como tenencia de hoja de coca en estado natural”.

“La hoja de coca no es cocaína. Es alimento, medicina, cultura, derechos”, decía la pancarta de Orcopo (Organización de Comunidades de Pueblos Originarios) que se alzó ayer desde las tres de la tarde ante el Congreso de la Nación. Rodeándola, flameaban las wipalas, compuestas por múltiples cuadrados de colores (la serie de cuadrados blancos, en la franja media, representa “la unión de las distintas comarcas”, explicaron). Según el proyecto de ley que quedó a disposición de los legisladores nacionales, “la República Argentina reconoce a la hoja de coca, patrimonio cultural de los pueblos originarios, en su uso medicinal, alimenticio, ritual, religioso y de valor social”; “se considera la práctica del coqueo como el derecho a reafirmar una identidad”; “se autoriza la venta minorista de la hoja de coca para su consumo” y “se fomenta su industrialización para el consumo en infusión y en harina”.

En su fundamentación, el proyecto recuerda que “un 56 por ciento de los argentinos tiene antepasados indígenas: en quechuas, aymaras, diaguitas, calchaquíes, guaraníes, está presente la cultura milenaria del coqueo”.

A las 17.30 la movilización se encolumnó hacia la Casa de Gobierno. Con sus ponchos, sus sombreros, sus chuspas –esas bolsitas de lana para llevar la coca o enseres personales–, caminaban y bailaban ocupando tres carriles de la Avenida de Mayo; diez sikus sonaban en polifonía, junto al charango, el bombo y alguna caja coplera. Y el canto: “Lucharemos,/ siempre unidos,/ ésa es mi verdad./ Suprema lealtad:/ cultura ancestral”.

“Es para que no vuelva a pasar lo que le pasó a Irineo”, decía Pablo Quibal, de la Comunidad Originaria Quilmes: se refería a Irineo Mora Sandi, que permaneció más de un año preso por tenencia de unos pocos kilos de hoja de coca y fue liberado tras una serie de notas de Página/12.

La movilización iba más allá de la lucha por la hoja sagrada: “Pueblos originarios en lucha por territorios, cultura, libre determinación”, decía otra pancarta del Orcopo. Fernanda Ortega Villa –del pueblo tupí-guaraní–-, señaló que “el Estado considera ‘tierras fiscales’ y vende por monedas los lugares que hemos habitado por miles de años”. Un cartel firmado por la Nación Diaguita y sostenido por Anomar Iris Santana denunciaba: “Explotación minera, igual a muerte. Basta de contaminación y saqueo”, refiriéndose a uno de los destinos de las tierras comunitarias.

Benito Espíndola, abogado de Orcopo, encabezó la delegación que entregó el documento que, dirigido al presidente Néstor Kirchner, advierte que “Aduana y Gendarmería hostigan, discriminan, ridiculizan y expolian a nuestros hermanos por tenencia de hoja de coca en estado natural”, y denuncia “códigos mafiosos que obligan a nuestros hermanos a entregar sus bolsones de hojas de coca, que serán devueltos al mercado por un precio mayor”.

El documento señala que “en el Gran Buenos Aires se acentuó la represión de esta cultura milenaria, que se tradujo en detenciones y encarcelamientos por tener hojas de coca”. Por eso “se hace necesaria una política coherente, ya que, para que una persona pueda mascar coca, necesita que alguien se la venda legalmente”.

“No somos ignorantes del perjuicio que ocasionan el clorhidrato de cocaína y la pasta base” y “solicitamos una legislación más rígida con respecto a los precursores químicos para la elaboración de estas sustancias ajenas a nuestros hábitos”, dice el documento, según el cual “es de conocimiento de autoridades como el Sedronar que Argentina es proveedora de precursores químicos, que salen por la frontera de Yacuiba y Pocitos, en Salta: se mantiene a los pueblos de origen y a la hoja de coca como chivos expiatorios mientras los agentes de la ley hacen alianzas con traficantes”.

Ya entregado el documento, la movilización finalizó con el grito “¡Jallalla!”, respondido por el grito: “¡Kausachum!”, que expresan, en aymara el primero y en quechua el segundo, el júbilo por la tarea cumplida.