“Los indultos seguirán la misma suerte que las leyes de obediencia debida y punto final. No hay manera de respetar el derecho consuetudinario internacional al que ha adherido la Corte Suprema”, afirmó ayer el jurista Ricardo Gil Lavedra al presentar públicamente el proyecto suscripto por el bloque de senadores de la UCR para agilizar las causas por violaciones a los derechos humanos. En una rueda de prensa, de la que también participó el jurista Andrés D’Alessio, los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales defendieron la iniciativa y adelantaron que esperan el acompañamiento del oficialismo para su propio tratamiento.

En la presentación pública, el ex decano de la Facultad de Derecho destacó que en la actualidad hay 1004 sumarios abiertos por violaciones a los derechos humanos. Gil Lavedra tomó la posta y señaló que “esa cantidad de casos no se puede resolver solamente con el Código Penal”. Luego de recordar que a dos años de la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final hubo sólo dos procesos con condenas –el del ex subjefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura militar, Miguel Angel Etchecolatz, y el del represor Julio Simón, conocido como el “Turco Julián”–, el jurista subrayó que “a este ritmo necesitaríamos entre 50 o 60 años para realizar todos los juicios”.

En palabras de Gil Lavedra, el principal objetivo de la iniciativa es “poder cerrar esta etapa del modo más rápido posible, ya que es una necesidad de las víctimas, que hace treinta años que reclaman justicia, tanto como de los victimarios sobre los que pesa una acusación, como de la sociedad que necesita cerrar con justicia el pasado”.

Gil Lavedra reivindicó la derogación de las leyes denominadas de impunidad o de olvido, así como “la voluntad política de este gobierno en el tema derechos humanos”, pero señaló que “es inadmisible que no hubiera una sola política pública de cómo llevar adelante estos juicios”. En su defensa de la iniciativa legislativa, Gil Lavedra la calificó como “un camino que debe hacerse si queremos que los juicios no sean algo declamativo, sino algo palpable”.

Luego de la presentación pública del proyecto, Sanz especuló que “fuera girado a la Comisión de Justicia y a lo sumo a la de Presupuesto”. También comentó que había hablado con la titular de la Comisión de Justicia para implementar “audiencias públicas para debatir la iniciativa”. “No quisiera pensar que lo van a cajonear”, concluyó.

En diálogo con este diario, un legislador del oficialismo destacó que “el trámite normal de funcionamiento de este año es nada”. Para que no queden dudas, subrayó: “No conseguís quórum ni a palos”. Al margen del proyecto del radicalismo, el oficialismo destaca que “el problema de la Cámara de Casación es claramente político”. Algo que minutos antes había reconocido el propio Sanz cuando afirmó que el proyecto “no va a modificar la conducta de algunos jueces”.

El proyecto de ley contiene cinco artículos. El central de ellos, el primero, establece que los juicios se desarrollarán por el Código Penal y por 18 disposiciones especiales. Todas ellas apuntan a la economía de tiempos y de diligencias. Se destaca que esto se realizará en las causas por delitos de lesa humanidad anteriores al 10 de diciembre de 1983. Esto incluye el período anterior al golpe militar del 24 de marzo de 1976.