William Lara es una de las voces obligadas dentro del gobierno de Hugo Chávez. Desde que el chavismo subió al poder, el actual ministro de Comunicación e Información ha ocupado lugares clave al lado del mandatario. Participó de la Asamblea Constituyente, presidió la Asamblea Nacional y el partido gubernamental –Movimiento Quinta República–. En los últimos años fue el hombre elegido para ser la cara de algunas de las iniciativas de más alto perfil: la creación del partido único, la reelección de Chávez, las nacionalizaciones en los sectores estratégicos y, recientemente, la no renovación de la concesión del canal opositor, RCTV. En estos días está dedicado a una cruzada contra los medios, nacionales e internacionales, que cuestionan la decisión del gobierno. En diálogo con Página/12 aprovechó para desmentir que se debió solamente al “pasado golpista” de RCTV, como había sostenido el propio Chávez. “Fue porque es un canal que violaba sistemáticamente la ley,” aseguró.

–¿Qué cambió en Venezuela con la salida del aire de RCTV?

–En el país se ha experimentado un envión en el desarrollo de la libertad de expresión, o en otras palabras, una democratización de los medios de comunicación nacionales. Antes RCTV era un aliado de los sectores de poder económico y político. Ahora la frecuencia del canal 2 está abierta a todos los sectores del país. No hay dudas de que se ha avanzado en la democracia venezolana.

–Al anunciar su decisión de no renovar la concesión de RCTV, el presidente Chávez destacó como una de las razones la participación del canal en el golpe en su contra en 2002. Sin embargo, todos los principales medios apoyaron el levantamiento en aquel momento. ¿Por qué RCTV fue el único medio sancionado?

–Aunque haya habido afirmaciones relativas a la conducta de esta televisora durante el golpe de Estado, ésta no fue la causa por la que el gobierno decidió no renovar la concesión. Distinto a las otras televisoras y radios que también estuvieron relacionadas con el golpe, este concesionario violaba sistemáticamente la normativa legal –la ley de responsabilidad social de los medios, la de protección a la niñez y la Constitución venezolana–. Hay un ejemplo que es muy claro. La ley de responsabilidad social de los medios establece horarios para la programación y la clasifica según su contenido. Por ejemplo, la mañana y la tarde están reservadas para programas con contenido infantil o moderado y la noche para programas para adultos. Sin embargo, RCTV, con una actitud prepotente, solía colocar a la cinco de la tarde programas para adultos, violentando derechos de los niños venezolanos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) emitió repetidos exhortos para que acatara la ley y rediseñara su programación. La respuesta del canal fue el silencio, una reacción típica de la oligarquía y su soberbia. Esta situación se repitió hasta que el gobierno tuvo que analizar si renovar o no su concesión y decidió que RCTV no tenía el carácter ético para continuar trasmitiendo como un canal de aire.

–Recientemente el presidente Chávez advirtió sobre posibles sanciones contra otro canal opositor, Globovisión, por instigar al magnicidio. ¿El gobierno está analizando medidas similares a la de RCTV con otros medios?

–Lo que sucedió con RCTV no fue una sanción, sino que se extinguió una concesión otorgada hace 20 años. Globovisión, que también se caracteriza por violar leyes del país, tiene una concesión que vence recién en el año 2015. Por eso seguirá en el aire como siempre. El gobierno no está analizando ni tiene ningún plan para revocar su concesión o la de ningún otro medio. Nadie está planteando un cierre de un medio de comunicación. La Conatel ya renovó las concesiones a cinco televisoras –tres regionales y dos de Caracas– y sigue analizando otras solicitudes.

–¿En qué se basa la Conatel para aprobar o rechazar una renovación?

–Puramente en normas legales. El Estado venezolano debe asegurar el derecho del amplio uso del espectro radioeléctrico, pero también que las concesiones sean cumplidas con seriedad y responsabilidad, y que se respeten los derechos de los usuarios.

–Horas antes de la salida del aire de RCTV, el Tribunal Supremo de Justicia dictó un fallo que causó mucha molestia entre la oposición porque permitía al nuevo TVes utilizar temporalmente los trasmisores de la empresa. El fallo no establece un tiempo máximo, por lo que muchos vieron en él la posibilidad de una expropiación encubierta...

–Por razones de ingeniería, los transmisores son específicos para un espacio del espectro. Es decir que los transmisores creados para el canal 2 no se pueden utilizar en otras frecuencias. En un primer momento el Estado planteó adquirirlos pero la empresa se negó. Fue entonces que un grupo de usuarios pidió al tribunal una garantía para poder seguir accediendo al canal 2. Los jueces decidieron ordenar una medida de aseguramiento y permitir el uso provisorio de los trasmisores a TVes. Estos volverán a manos de la empresa en la medida en que lleguen los trasmisores desde el exterior. De todas maneras, si RCTV decide vender los trasmisores, el Estado todavía está dispuesto a comprarlos. Si no, está en su derecho y el Estado lo respetará. El gobierno ha venido actuando con justicia y transparencia. Les pagó lo acordado a los accionistas de la empresa nacionalizada Cantv y a las empresas petroleras de la Faja del Orinoco. A nadie se le va a atropellar jamás.

–El presidente Chávez y usted han asegurado que la libertad de expresión dio un paso más en Venezuela. ¿Cómo entiende el gobierno la libertad de expresión?

–La definición está en la Constitución venezolana, más allá de las percepciones de cada uno. La Constitución garantiza el acceso a la información a todos los ciudadanos, más allá de su posición política, y una comunicación oportuna y responsable. Los sectores que históricamente tenían cerradas las puertas de RCTV, como los que apoyamos al presidente Chávez, ahora podemos llegar y expresar nuestras opiniones, al igual que la oposición.