La Justicia libia perdonó ayer a las cinco enfermeras búlgaras y al médico palestino condenados a muerte y les cambió la pena por prisión perpetua. Así, el país africano logró bajar la tensión con Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que en los últimos años habían entablado mejores relaciones políticas con Libia y exigían la liberación de los trabajadores sanitarios. Antes del veredicto, los familiares de las víctimas recibieron una indemnización por parte de la UE cercana a los 400 millones de dólares, lo que habría provocado que los afectados renunciaran al pedido de pena capital para el médico y las enfermeras, acusados de haber contagiado con sida a 438 niños en 1999. Ahora los presos esperan ser extraditados, pero el gobierno libio no se ha pronunciado al respecto.

La reacción optimista de Bulgaria no se hizo esperar. “Fue un importante paso en la dirección positiva”, dijo ayer el canciller Ivailo Kalfin, tras la decisión del Consejo Superior de la Magistratura de Libia (ACJ) en favor de los profesionales sanitarios, que llevan ocho años en cárceles libias. Desde que fueron detenidos en febrero de 1999, los acusados tuvieron que pasar por múltiples instancias judiciales, y las mujeres denunciaron violaciones y torturas. Todo ello pese a las evidencias presentadas por expertos, como el biólogo Oliver Pybus y Luc Montagnier, codescubridor del virus, que mostraban que la infección con HIV de los chicos libios se había producido con anterioridad a la llegada de los imputados y obedecía a las deficientes condiciones sanitarias del centro pediátrico de la ciudad de Bengasi.

Desde un principio George Bush pidió al presidente de Libia, Muamar Kadafi, que el caso se resolviera sin la ejecución de los acusados. En respuesta, las autoridades libias le habrían sugerido que no se metiera en ese problema. Después se sumaron a la disputa judicial varios primeros ministros de la UE, e incluso Cecilia Sarkozy, la primera dama de Francia, viajó al país africano hace 10 días para visitar a los condenados. El fallo del ACJ sirve para destrabar las relaciones entre Occidente y Libia, en momentos en que el país petrolero debate cómo efectuar un cambio económico, tras años de una fuerte intervención estatal.

Aparentemente, el detonante del fallo de la magistratura de Libia se produjo luego de que cada una de familias recibiera ayer el pago de la “deuda de sangre” a cambio de renunciar a la ejecución de los acusados, gracias a la mediación de la Fundación humanitaria Kadafi. “Las familias recibieron el domingo su cheque y ayer ya lo estaban cobrando”, dijo el vocero de los familiares de las víctimas, Idriss Lagha, quien precisó que la indemnización era de un millón de dólares por niño. La asociación, dirigida por Seif el Islam, uno de los hijos del presidente libio, llevó a cabo la negociación entre las familias y los representantes del fondo internacional creado en 2005 por Bulgaria, otros países europeos y Estados Unidos para asistir a Libia en la lucha contra el sida. Ayer los familiares insistieron también en solicitar al gobierno de Trípoli que permitiera la utilización de las indemnizaciones para pagar la atención médica de los niños en centros extranjeros.

Mientras tanto, las enfermeras y el médico esperan poder abandonar Libia. “Para nosotros el caso terminará cuando nuestros compatriotas regresen a Bulgaria”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Bulgaria. Para ello, el fiscal general búlgaro, Boris Velchev, debe solicitar la extradición a las autoridades libias, que a su vez pueden aceptarla o dejar que los presos cumplan su condena en Libia. “Aunque están condenados ahora a cadena perpetua, una vez en Bulgaria el presidente podría indultarlos”, declaró uno de los abogados de los trabajadores sanitarios, Hary Haralambiev. Pero para que puedan ser enviados a casa no debe haber ninguna otra demanda judicial contra las acusadas y el médico palestino, al que le fue concedida recientemente la ciudadanía búlgara.

Sin embargo, los trabajadores sanitarios están demandados en dos juicios. Dos son por difamación, debido a que declararon haber sido sometidos a torturas para declararse culpables. El otro es un juicio civil por la indemnización. Estos tres juicios, que deben celebrarse respectivamente hoy, en septiembre y en octubre, pueden ser un obstáculo ante el retorno de los acusados a Bulgaria, ya que el Consejo Judicial Superior de Libia no se ha pronunciado al respecto.

Gracias a la fuerte presión internacional, la Justicia libia les salvó la vida a los acusados, pero con la condición de que firmaran una petición de perdón y la promesa de que no reclamarán del Estado libio daños y perjuicios por los años pasados en prisión.

“Nadie sabe cuánto tiempo vamos a esperar por la extradición”, dijo ayer el médico Zdravko Georgiev, marido de una de las enfermeras condenadas.