A pesar de las fuertes críticas que se escuchan en estos días desde los familiares de los secuestrados y de algunos líderes de la comunidad internacional, en Colombia la popularidad de Alvaro Uribe es una realidad innegable. Hasta hace sólo unas semanas el 74 por ciento de los colombianos creía que el pequeño hombre de anteojos estaba manejando bien el país. La razón: se sienten más seguros. Sólo una pequeña porción de la sociedad recordó que en los últimos años la pobreza no disminuyó, la salud no mejoró y la riqueza se acumuló aún más entre un puñado de empresarios colombianos y extranjeros.

Poco se conoce de la política social y económica de los gobiernos de Uribe. El Palacio presidencial de Nariño se ha ocupado de divulgar cada tanto los auspiciosos números macroeconómicos y los organismos internacionales de crédito de alabar la gestión de Bogotá. Este año, el país creció al siete por ciento –uno de los índices más altos en la región, junto con Argentina– y la inflación se mantuvo relativamente estable, entre el cinco y el 5,5 por ciento. El desempleo bajó al 10 por ciento, la pobreza disminuyó del 52,5 por ciento en 1991 al 49 por ciento y la cobertura médica gratuita se extendió notablemente. Todo un ejemplo a seguir, según el informe del año pasado del Fondo Monetario Internacional. Pero por detrás de estos números se esconde una realidad social mucho menos auspiciosa. Según un informe del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, la situación laboral no mejoró, sino que creció el empleo informal y precario, y la pobreza tampoco bajó, sino que el gobierno cambió la fórmula para medirla. En los noventa, Bogotá calculaba el nivel de ingresos de la población a partir de su capacidad o no de alcanzar el consumo promedio de la clase media y baja, es decir, del 90 por ciento de los colombianos. Hoy el gobierno de Uribe lo calcula a partir del consumo promedio del 25 por ciento más pobre del país. Según el CID, con la metodología anterior la pobreza ascendería al 66 por ciento y el nivel de indigencia al 27 por ciento, un record para Colombia.

La situación es todavía más dramática en el campo, en donde la pobreza superaría el 90 por ciento. Para los campesinos colombianos su suerte fue echada hace años cuando terratenientes, paramilitares y las guerrillas se apropiaron de las tierras más fértiles. Actualmente, según los datos del CID, cerca de 2500 propietarios concentran el 53,3 por ciento del territorio, casualmente las regiones más propicias para el cultivo de café y bananas, y la extracción de cobre y petróleo. Son estos propietarios, nacionales y extranjeros, los que verdaderamente se verán beneficiados si Colombia consigue firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. El resto de los dueños de tierra, en cambio, posee, en el mejor de los casos, tierras de menos de tres hectáreas. La mayoría de las veces esto se traduce en una pequeña casa con cinco o diez vacas y una modesta cosecha para subsistir.

Para el politólogo de la Universidad Javeriana de Cali Fernando Giraldo, el campo es un ejemplo del crecimiento desparejo que ha venido sufriendo el país. Los campesinos son los principales excluidos de los cientos de millones de dólares que entran todos los años, a través de inversiones directas y de ayuda del gobierno de Estados Unidos. “El problema es que nos acostumbramos a la situación de constante guerra y la pobreza pasó a ser para muchos una variable inevitable”, le explicó a Página/12 el analista.

Durante su primera campaña presidencial, Uribe dejó en claro cuáles serían sus prioridades. Primero hay que ganar la guerra –sostenía–, después nos podremos ocupar de los problemas económicos y sociales del país. Ese fue el leitmotiv que guió su primer gobierno y, por lo que demostró este año, lo que guiará su administración hasta 2010. Su política social se centró hasta ahora en un programa de subsidios en dinero en efectivo para las familias más pobres, otro destinado a las madres solteras y algunos proyectos menos importantes para financiar iniciativas de organizaciones de jóvenes.

La otra iniciativa social que suelen mencionar los funcionarios del Palacio de Nariño cuando algún periodista les recuerda la dura situación del país es la ampliación de la cobertura médica. Para Giraldo, aunque la salud se extendió a la mayoría de los sectores más pobres, el gobierno no invirtió lo suficiente en infraestructura y profesionales para que el sistema pudiera hacer frente al ingreso de decenas de miles de nuevos pacientes.

Mientras el combate contra la guerrilla consume la atención y los recursos del Estado colombiano, la precaria situación de los desplazados por la violencia de los paramilitares y las guerrillas comienza a preocupar a las organizaciones humanitarias. En noviembre pasado, la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) le pidió al presidente Uribe que protegiera y asegurara el bienestar de los más de tres millones de desplazados internos que tiene el país. Apenas un mes después, la Cruz Roja Internacional reiteró el llamado de Naciones Unidas y alertó de que la mayoría de los desplazados ya se encuentra en la miseria. En medio de los cruces diplomáticos con Caracas y de los ataques militares a las FARC, la respuesta del gobierno colombiano al problema de los desplazados brilló por su ausencia.