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Alvaro Uribe construyó su carrera política como el rey de la mano dura. Desde sus pasos como alcalde de Medellín hasta llegar a la primera magistratura en 2002, enarboló el lema “mano firme y corazón grande”. Veinticinco años transitando esta senda dejan al presidente colombiano en serias dificultades para lidiar con el pantano que él mismo ayudó a crear. Veamos los últimos grandes trazos de este corazón grande:

- amenaza explícita de usar la fuerza para rescatar a los rehenes de las FARC;

- aprobación y repentino cese de la mediación del venezolano Hugo Chávez;

- rechazo a acordar una “zona de despeje” para el intercambio humanitario. Pese a la súplica de los familiares de los secuestrados, el mandatario insiste con la amenaza de un rescate mediante operación militar, con la peligrosidad de que se derive en un baño de sangre. En ese caso, fácil sería culpar a la guerrilla como autora de ejecuciones sumarias. Para más datos, en junio pasado hubo un episodio no esclarecido sobre la muerte de once diputados que estaban secuestrados en la selva colombiana. El gobierno culpó a los rebeldes y éstos dijeron que respondieron a disparos de los militares que iban a rescatar a los congresistas. ¿Cómo saberlo?

Uribe no parece tener alternativas luego del abrupto cese de la mediación de Hugo Chávez y la senadora opositora Piedad Córdoba, el pasado 21 de noviembre. La decisión se debió, según Uribe, a que Chávez tuvo una conversación telefónica con el comandante del ejército colombiano, cuando en principio no debía tener contactos con altos mandos, se supone que leales a Uribe. Chávez acaso sería, en el plan de Uribe, un mediador carente del más mínimo espacio para mediar. El aliado de Bush lo decidió diez días antes de que en Venezuela se realizara el referéndum constitucional, en donde ganaría el antichavismo por un pelo.

Pero a pesar de la obstinada posición del gobierno colombiano, el proceso de liberación de los rehenes de las FARC termina asomando por una hendija. La guerrilla ha hecho un gesto unilateral y devuelto a la escena a Chávez, al anunciar la inminente liberación de tres rehenes: la ex compañera de fórmula de Ingrid Betancourt, Clara Rojas, su hijo nacido en cautiverio, Emmanuel, y la congresista Consuelo González.

Jorge Enrique Botero, quien en su libro Ultimas noticias de la guerra relata el secuestro y parto de Clara Rojas, afirma a Página/12 que la situación actual es el resultado de tres meses de mediación de Chávez y Córdoba. “Esto confirma la voluntad de las FARC de estar del lado de la senadora Piedad Córdoba y de Hugo Chávez. Se percibe que, al margen de la terquedad del gobierno, las cosas avanzan.” Botero cuenta que habló el miércoles con Piedad Córdoba y que los sucesos que están en camino fueron acordados entre los rebeldes y los mediadores chavistas. “Las FARC ofrecieron primero liberar a Rojas y su hijo y después a los enfermos. Por eso se presume que Consuelo está enferma.” Botero señala que también se acordó la devolución de los militares que más tiempo llevan en cautiverio. Es el caso de Pablo Moncayo, cuyo padre es conocido por sus emblemáticas caminatas en reclamo de la liberación de su hijo que lleva diez años en cautiverio. Moncayo está yendo a pie a Caracas mientras la expectativa sobre su hijo aumenta con el correr de las horas.

Para Botero, el actual escenario es el error político del año de Uribe. “Queda en evidencia la falta de voluntad política de Uribe, que no quiso pagar el precio de la mediación de Chávez. El hipotético éxito le hubiera cabido a dos personas que están en el panorama ideológico opuesto (Córdoba y el venezolano).”

El periodista traza un perfil cruel del presidente colombiano: “Uribe, conservador, sostenía que las FARC no tenían voluntad de negociar, y cuando se dio cuenta de que iba a lograrse un intercambio, no estuvo dispuesto y prefirió continuar el dolor de las familias de los presos”.

El jefe de Estado colombiano parece jugar a que nunca se pueda acordar una zona de despeje con las FARC. El mandatario sigue firme en aceptar una “zona de encuentro” para negociar un canje de 45 rehenes por 500 presos rebeldes, pese a que las FARC piden una desmilitarización de los municipios de Pradera y Florida. Uribe no acepta esa petición porque “fortalecería el terrorismo”.

Al respecto, Botero habla del otro gran costo político del mandatario colombiano. “Uribe considera que se rompe con la política de seguridad democrática si se crea una zona de despeje. Si su política de seguridad democrática se pone en cuestión por despejar militarmente una zona durante 30 días, quiere decir que es muy endeble.”

Para Piedad, según Botero, a esta altura del año “se debería estar decidiendo sobre la logística de un intercambio humanitario, que se podría estar hablando de la vuelta a sus casas de decenas de personas”.

El fantasma de la mano dura transita por el mundo mostrando sus enormes limitaciones para la solución de los problemas. Pese a ello, sigue dando cierto rédito electoral, como lo demostró la reelección de Uribe por amplio margen. La paradoja colombiana es que se puede lograr un avance y el hombre cuya familia está implicada hasta la médula en la parapolítica lo ve por TV desde la Casa de Gobierno.